El antecedente español

"El Consejo de la Magistratura argentino es asimilable al español (...) y la Corte allá dijo que era absolutamente corporativo"

(Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)

ENGAÑOSO

El suspenso de los candidatos y el cierre de las listas de los próximos comicios legislativos compartió esta semana el centro del debate público con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y confirmó así que no habrá elección por voto popular de los consejeros. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, defendió la iniciativa impulsada por el Gobierno y la comparó con el sistema español.

"Este esquema de que los jueces y abogados se elijan entre sí para ir al Consejo (…), es un esquema que existía en España, de ahí se tomó el modelo -sugirió Alak y agregó-. Y en el ‘85, la Corte española (...) dijo que ese esquema era absolutamente corporativo, que era intolerable para un sistema democrático. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es simple: que la gente vote, que la gente elija".

Es cierto que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español los jueces eran elegidos entre sí, aunque no lo eran los abogados. Eso cambió en 1985. Pero, a diferencia de lo que afirma Alak, el método de elección y la composición resultantes difieren tanto de la institución argentina actual como de la ley sancionada por el Congreso y declarada inconstitucional por la Corte. Nunca los jueces y los abogados que integran el Consejo español fueron elegidos directamente por el pueblo.

La Constitución española de 1978 estableció que el CGPJ debía estar compuesto por 20 miembros: doce jueces y magistrados, y ocho abogados y juristas. Determinó que éstos últimos debían ser elegidos por el Congreso, y que los jueces fueran electos directamente por las asociaciones de magistrados.

"En 1980, en las primeras elecciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó los 12 cargos", recordó a Chequeado.com Javier Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. En 1985, el Congreso español sancionó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Allí estableció que los vocales jueces ya no serían elegidos por sus pares sino que "cada una de las Cámaras propondrá (...) otros seis vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo", como sucedía con los abogados.

Luego de la aprobación de la ley, se presentó un pedido para declararla inconstitucional. El argumento era que la nueva norma, que permitía que el Congreso eligiera a los jueces que integraban al CGPJ, violaba el principio de independencia y autonomía del Poder Judicial. El Tribunal Supremo español falló en contra. Entendió que la independencia no era sinónimo de autogobierno, y que si bien la independencia del sistema judicial estaba garantizada por la Constitución, la capacidad de autogobierno no era un derecho asegurado por la Carta Magna, por lo que resultaba constitucional que otro poder eligiera a los miembros del CGPJ.

En 2001, la ley modificatoria 2/2001 estableció que los doce jueces serían elegidos por la Cámara de Diputados y de Senadores de una lista de 36 candidatos presentados por "las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un número de jueces y magistrados que represente, al menos, el 2% de todos los que se encuentren en servicio activo". Así se llegó al método de elección y composición actual, que no es asimilable al Consejo de la Magistratura (CM) argentino vigente, ni al propuesto por la Presidenta.

"La composición del CGPJ es cualitativamente diferente. Es más estamental, tiene una mayoría del Poder Judicial, pero a la vez es más política puesto que la elección de los jueces y los abogados está filtrada por el órgano del Congreso", explicó Lucas Arrimada, abogado y profesor en la UBA.

A diferencia del caso español, la Constitución argentina prevé un CM compuesto por más sectores (jueces y abogados, pero también legisladores y académicos) que son elegidos por sus representados. En este caso, y en la reforma del Consejo de la Magistratura que propuso el Ejecutivo, el Poder Legislativo no interviene en la designación de los consejeros no legisladores, como sí sucede en España. Además, el CM incluye entre sus consejeros a miembros elegidos directamente por el voto popular, lo que no se observa en la composición del Consejo español.

Según Gustavo Arballo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa, "los argumentos de derecho comparado no funcionan siempre bien cuando se los usa para interpretar instituciones que aunque puedan haber tenido inspiración u origen común, presentan formulaciones o funciones constitucionales concretamente distintas".

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