El (anti) capitalismo en versión kirchnerista

Esta semana en la Argentina la bolilla que nos toca estudiar es derecho sucesorio. Así estamos. El conflicto disparado en el campo de la familia Etchevehere, en Entre Ríos, la disputa entre los hermanos Etchevehere y el rol de Juan Grabois y su Proyecto Artigas suman otra capa al gran tema de la toma de tierras: ¿cómo se las interpreta?

De la toma de tierras que domina la polémica hoy a las tomas de supermercados de la crisis de 2001, la Argentina encuentra su narrativa democrática en el género "crisis"; subespecie, "usurpación o robo", si el código penal es el formato de interpretación de las tomas. Y ese es un punto importante que hoy está en debate: ¿con cuál código legal se interpretan las tomas en la Argentina?

Derechos buenos y derechos malos

En cada ruptura de la paz social hay un momento en el que la Argentina acorta caminos de manera inquietante, lo sabemos. Bajo la luz más optimista, las tomas funcionan como un atajo que conduce a una reivindicación exprés de derechos: derecho a la supervivencia básica en el caso de las tomas de supermercados; derecho a la vivienda en el caso de la toma de Guernica; derecho a la recuperación de tierras ancestrales, en el caso de las tomas que se dan en Neuquén o Río Negro.

Por supuesto, también lo sabemos, en muchos casos detrás de esas reivindicaciones hay un negocio de algunos –es decir, un delito- montado sobre la necesidad de muchos, que no participan necesariamente de ese negocio. Apenas sobreviven.

Pero hoy el conflicto entre versiones contrapuestas de la Argentina –una que cree en el capitalismo y en sus instituciones y otra que descree de sus beneficios- está en las zonas grises de esos hechos. La Argentina es un país con muchas deudas internas: una gran parte de la población está en condiciones de enumerar derechos vulnerados. La colisión, el choque de derechos legítimos es el trazado legal de un país empobrecido.

Por eso la cuestión central que se impone es si el derecho de propiedad privada y su protección se considera el camino más legítimo y efectivo en pos de un país productivo, justo, equitativo y de crecimiento sustentable. Y ahí hay un problema importantísimo del presente argentino: que parte de la coalición gobernante del Frente de Todos no cree en el derecho a la propiedad privada, sobre todo a la propiedad privada de los otros. Hay derechos buenos y derechos de derecha.

Sergio Massa lo expuso claramente: él cree en el derecho a la propiedad privada, dijo; algunos de los integrantes del Frente de Todos, no. La ministra Sabina Frederic tardó en llamar delito a las tomas de Guernica. Y las tomas de tierras en el sur se demoran en ser condenadas.

De la toma de tierra a la revolución de la tierra

En ese marco, el conflicto disparado en el campo de los Etchevehere suma otra capa de preocupación sintomática de un cambio de época. Las cuestiones sucesorias de los hermanos Etchevehere se resolverán en la Justicia, en el fuero correspondiente: si Dolores Etchevehere tiene derecho o no a donar el 40% de esa tierra, si la tierra fue dividida o no como parte de una sucesión entre herederos, si los varones Etchevehere y su madre son los dueños legítimos.

Surge sí una suspicacia: si los tiempos políticos alientan una justicia que da demasiado margen de acción a una operación muy poco habitual, la liderada por Grabois, que impacta en el derechos de propiedad privada de la familia de un exministro del gobierno de Cambiemos, expresidente de la Sociedad Rural. Pero en principio, aparece un tema privado, lo cual no es menor por la escalada de sentido que se puede señalar.

El tema es precisamente inquietante en el punto exacto en que un tema privado, de familia mal avenida, se convierte en símbolo de una visión del mundo y un modelo de país. Las tomas de hoy no son lo mismo que las de 2001. Su sentido es otro. Las tomas de 2001 tenían que ver, en el peor de los casos, en el análisis basado en sospechas en torno a lo sucedido, con intentonas de agitación social cuando las tomas de supermercados no se mostraban demasiado espontáneas. En el mejor de los casos, se trataba de cubrir necesidades: paliar el hambre por parte de poblaciones cada vez más vulnerables. No había ideología. Apenas disputa circunstancial por el poder.

Pero en este evento que sucede en la estancia Casa Nueva de los Etchevehere hay dos novedades importantes. Por un lado, la presencia de funcionarios nacionales: el director de Economía Popular, Sebastián Correa, Victoria Donda, titular del Inadi, entre otros. Por otro lado, que el caso de la estancia Casa Nueva deja de ser una simple toma o una disputa privada entre hermanos para convertirse en un proyecto político de distribución de la tierra: el Proyecto Artigas, tan mentado por Grabois.

Vale la pena detenerse en un hito histórico: el Proyecto Artigas remite al nombre de José Gervasio Artigas y a una decisión política de 1815 de distribuir la tierra entre los "negros libres, los zambos de esa clase, los indios y los criollos pobres", y también, según ese documento político del siglo xix, el objetivo era beneficiar a "las viudas pobres si hubieren hijos" y "los casados a los americanos solteros y éstos a cualquier extranjero". Se trata del Reglamento de Tierras de aquel año. Una visión del mundo: distribuir la tierra entre los más necesitados.

Lo decía textualmente aquel documento histórico: "Favorecer a la familia y a los más desposeídos, poblar y ordenar la campaña, aumentar la producción".

Propiedad privada y justicia social

Esta visión de las tomas, este salto conceptual desde un conflicto que podría quedar acotado al ámbito privado y al derecho de familia, una sucesión reñida entre hermanos, a la operación ideológica que le superpone una visión del mundo –redistribuir las tierras para hacerlas productivas en una economía agroecológica, reacia a la última tecnología del campo argentino y del mundo que ha permitido ampliar la posibilidad de alimentar a millones en todo el planeta-, ese conflicto está hablando de una disputa ideológica.

Ya no se trata de la toma de supermercados como supervivencia, como en 2001. Ya no la toma en su dimensión delictiva, que se imprimía sobre una toma de propiedad privada comprendida al menos como fruto de una necesidad acuciante. Ahora es la toma de tierras como muestrario de una caja de herramientas ideológicas para plantearse una nueva visión de la Argentina.

La gran pregunta es si el camino corto hacia los derechos, esos atajos que se toman es sustentable sin un capitalismo justo y equitativo. Si el respeto al derecho a la propiedad privada, ese camino que parece más largo es el que puede llevar efectivamente al acceso a niveles aceptables de condiciones de vida más prósperos a argentinos que hoy no viven en esas condiciones.

La geografía ideológica de Alberto Fernández

Esto tiene que ver con la economía actual y con las idas y vueltas del Gobierno. De alguna manera, esta visión de las tomas que es novedosa en este presente argentino, en este cuarto kirchnerismo supone una visión del mundo que se despliega sobre una geografía: los hitos geográficos que se destacan en ese mapa ideológico construyen sentido desde el oficialismo.

Venezuela, claramente: la resistencia a Estados Unidos, con todos los puntos flojos que tiene esa democracia y ha tenido, más que a Venezuela, con los puntos críticos de un sistema que está lejísimo de la democracia y se ha convertido en una dictadura.

El otro punto geográfico al que se apela en esta visión del mundo es Formosa. Ha sido llamativo en esta semana, y no es la primera vez, que se tome a Formosa como un ejemplo de ejercicio del gobierno democrático con el argumento, según el ministro del Interior Wado De Pedro, de que la sucesiva reelección del gobernador Gildo Insfrán, en una provincia empobrecida que vive sobre todo del empleo público que ese gobernador da, una provincia que es rehén del gobierno de turno, que es siempre el mismo, se plantee como ejemplo de gobernabilidad y de condiciones de vida en la Argentina. Son datos llamativos, puntos a conectar para construir sentido.

Banqueros anticapitalistas

No se agotan ahí las cuestiones que llaman la atención y que hablan de qué modelo de capitalismo es el argentino, si es un modelo de capitalismo o es un modelo de anticapitalismo en versión de cuarto kirchnerismo. El caso es este: dos hombres de bancos, el hombre clave del Credicoop, Carlos Heller, y Claudio Lozano, director del Banco Nación, cuestionan nociones y funcionamientos claves del capitalismo.

Por un lado, Heller con el impuesto a los ricos que parece ser una idea interesante, pero que en realidad despierta enorme incertidumbre y achata la plataforma de despegue de la Argentina. ¿Quién quiere invertir en un país donde son cuestionados quienes producen riqueza y en parte la acumulan? El Estado debería balancear la cancha de la economía, ¿pero es ese el mejor modo?

Por otro lado, Lozano habló en contra del proyecto exportador sobre el que el ministro Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández e inclusive la vicepresidenta Cristina Kirchner estaban depositando la expectativa de conseguir dólares para la Argentina a partir de este consorcio de exportadores del agro, el Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a los principales exportadores. EL CAA le acercó una ley al Gobierno para implementar una política de estado exportadora que se prolongue durante diez años. Las palabras del banquero Lozano lo demolieron: le quieren entregar un proyecto expoliador llave en mano al Gobierno.

Se insiste con una fuerte construcción de un relato que mina pilares claves del capitalismo como la propiedad privada. El tema es delicado: la propiedad privada es sobre todo una creencia; un esmerilado continuo de su peso simbólico puede tener consecuencias. El derecho a la propiedad privada se sostiene en la medida en que hay una creencia en la legitimidad de ese derecho y una fe en la potencia constructiva social del derecho a la propiedad privada. Un campo alambrado o la puerta de una casa no es barrera para nadie que quiere atravesarlos y apoderarse de eso que no le pertenece. Sólo las instituciones intangibles, cuando se cree en ellas, funcionan.

Por eso es preocupante que el Estado nacional a través de estos funcionarios, que si son díscolos deberían ser sancionados, horade esa creencia. Lo mismo pasó en el caso de Venezuela y Carlos Raimundi, que debía alinearse con la voz oficial de la Argentina y sin embargo, dio una visión propia, apañando a Venezuela: tampoco fue apartado aunque desafió el peso absoluto de los derechos humanos y los llevó al campo de la relatividad política: hay violación de derechos depende quién las cometa.

Este marco plantea una pregunta: cuán capitalista es la Argentina y si el modo de salir de esta crisis, que es terminal pero nunca toca el fondo, es el modelo capitalista con un Estado de bienestar interesante, no un Estado presente retórico. Las decisiones y medidas económicas que toma el Gobierno imponen también la pregunta: ¿Cuánto alientan o no la inversión, la producción y, a partir de eso, la creación de empleo?

Anticapitalismo de datos

Hay una última cuestión que también conecta con el capitalismo y la importancia de los datos en el capitalismo. Y es una mochila con la que carga el kirchnerismo. En 2012, en plena presidencia de Cristina Kirchner, The Economist anunció que no recurriría más a las estadísticas económicas de la Argentina por su falta de confiabilidad: "Hay un intento de engañar a los votantes y estafar a los inversores", sostuvo. Eran los años del Indec intervenido. En 2019, la Cepal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tuvo que reconocer que los datos de inflación, pobreza e indigencia que se habían estado usando durante el kirchnerismo no eran creíbles.

En 2016, la Argentina supo que quedaba fuera del ranking PISA porque los datos educativos no eran creíbles. Esta semana, la Argentina fue excluida del sitio Our World in Data, donde se manejan las estadísticas más confiables del pandemia, porque su información alteraba la confiabilidad de los datos.

Países africanos que se debaten entre la vida y la muerte por enfermedades endémicas, guerras y violencia extrema producen información más creíble que la Argentina y que el capitalismo argentino.

La incertidumbre es el signo de los tiempos. Pero en la Argentina más todavía: la falta de transparencia de datos acentúa el efecto. Las únicas certezas que el Gobierno es capaz de construir están en el pasado: una épica que lo reinventa con un consenso asombroso en la esfera oficialista. Pero hacia adelante no hay futuro. No hay un futuro propuesto e imaginado en común. Hacia adelante, solo se instalan interrogantes y dudas inquietantes sin que haya respuestas todavía. Apenas contradicciones que se renuevan día a día.