El avance judicial fue el detonante de la estatización

Funcionarios admiten que resultó decisivo
Hugo Alconada Mon
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11 de agosto de 2012  

Por lo bajo, dentro del Gobierno admiten que la sorpresiva orden de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica responde a los avances de la causa penal que mantiene como centro al vicepresidente Amado Boudou. Una pesquisa que también alcanza al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y temen que podría extender sus ramificaciones hacia el Banco Central (BCRA), según indicaron ayer altas fuentes oficiales a LA NACION.

La decisión de intervenir la empresa por 60 días mediante el decreto de necesidad y urgencia 1338/2012, pero sin la orden previa de un juez competente, también responde a otro motivo: cortar con el escándalo. "No podía defenderse a la imprenta por la calidad de sus productos porque algunos eran pésimos", indicó uno de los funcionarios consultados, que señaló también la percepción social de corrupción: "Ciccone se estaba convirtiendo en un ícono para este gobierno", estimó.

La idea de expropiar la ex Ciccone -rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- circula desde hace meses por los despachos del oficialismo y de la oposición. Puertas adentro, lo había planteado el ministro de Justicia, Julio Alak, mientras que los diputados Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), los peronistas Graciela Camaño y Felipe Solá, y Fabián Rogel (UCR), presentaron un proyecto el 12 de abril. Seis días después, y en el Senado, el cordobés Luis Juez (FAP) impulsó otra propuesta similar.

"Quizá debió impulsarse meses atrás y cortar de raíz con el escándalo, pero es lo que es", cortó uno de los funcionarios. "La sensación es que ahora no se podía parar el frente judicial y que no hay mucho margen para el juez, ni tampoco en la Cámara Federal", estimó.

Al frente de la investigación desde el 27 de abril, el juez federal Ariel Lijo mantuvo desde entonces un extremo bajo perfil, al tiempo que recuperó el expediente que hasta entonces estaba en manos del fiscal federal Carlos Rívolo.

Lijo llegó a la causa luego de que su colega en los tribunales de Comdoro Py, Daniel Rafecas, fuera apartado por la Cámara Federal a raíz de unos mensajes de texto que intercambió sobre el desarrollo de la pesquisa con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, por entonces amigo de su familia, pero a la vez vinculado a José María Núñez Carmona, íntimo amigo, padrino de casamiento y único socio comercial que Boudou reconoce como tal.

La primera decisión relevante que adoptó Lijo consistió, a su vez, en unificar varias investigaciones simultáneas sobre el vicepresidente en las manos del fiscal federal Jorge Di Lello, con lo que corrió a Rívolo del expediente más sensible.

"Como Aerolíneas"

Tras la intervención de la imprenta, y con el proyecto en marcha para su expropiación, Di Lello considera que esas medidas podrían simplificar su trabajo. "Debería facilitar la investigación y podría echar luz sobre algunos puntos oscuros, como quiénes son sus auténticos titulares", estimó el fiscal anteayer.

Desde el Gobierno creen, sin embargo, que podría ocurrir lo contrario. "La expropiación no sólo va a tener cero costo o al menos en lo inmediato, como ocurrió con Aerolíneas Argentinas, sino que además va a llevar a que nunca se sepa quiénes son los dueños. ¿Por qué? Porque no será necesario para quedarse con la empresa", argumentó uno de los funcionarios consultados por LA NACION.

Con la promulgación de la ley que expropie a la ex Ciccone, desde el Gobierno confían, además, en dos efectos inmediatos. Cortar con el escándalo que golpea a Boudou desde febrero último por sus presuntos vínculos con el presidente de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, y generar, como efecto simultáneo, un mayor flujo de ingresos para la Casa de Moneda.

"Desde el momento en que el traspaso se complete, todos los organismos del Estado deberían imprimir en la Casa de Moneda, incluyendo papelería, documentos, chapas patentes o títulos, entre otras posibilidades", argumentó uno de los funcionarios, lo que ejemplificó con las impresiones que desarrolla el Ministerio del Interior.

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