El Banco Mundial dará un crédito si las empresas cumplen lo pedido

Las papeleras esperan recibir fondos por más de US$ 400 millones para las obras
Hugo Alconada Mon
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13 de abril de 2006  

WASHINGTON.- El informe de los expertos convocados por la Corporación Financiera Internacional (CFI) debía difundirse el 21 de este mes. Pero se adelantó 10 días, luego de que los gobiernos argentino y uruguayo rompieron el pacto de confidencialidad.

Molestos con las versiones "distorsionadas" y "parciales" del informe que comenzaron a circular en ambos países, los directivos de la CFI adelantaron su difusión con un comunicado de prensa redactado a último momento, según pudo reconstruir LA NACION en esta capital.

La línea técnica de la CFI considera que el informe concede ciertos puntos a las posiciones de ambos países sin darle la razón a ninguna: los expertos demandan más información, como reclama la Argentina, pero si Botnia y ENCE mejoran sus procedimientos ambos proyectos se encaminan hacia su aprobación, dijeron las fuentes de la Corporación consultadas.

El directorio de la Corporación votará los proyectos, sin embargo, sólo después de que las empresas cumplan con los planteos elevados por los expertos canadienses Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin, informaron a LA NACION desde la Corporación.

Pero la CFI desmintió que haya suspendido la evaluación, como trascendió en Buenos Aires. "En los próximos días y como paso siguiente a la difusión ayer [por anteayer] del informe de los expertos independientes, la CFI dará a conocer un plan de acción con respecto a su proceso de consideración de estos proyectos", expuso en un nuevo comunicado, difundido ayer.

Los peritos independientes habían entregado su informe a dos directores de la CFI, Dimitris Tsitsiragos, del Departamento General de Manufactura, y Rachel Kyte, del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Social. Tsitsiragos fue el encargado a su vez de pasarles una copia a los representantes ante el Banco Mundial de la Argentina, Alieto Guadagni, y de Uruguay, Marcelo Bosogno, con dos pedidos: que el informe no trascendiera y que se coordinara una reunión en Washington. Ninguno de los dos se cumplió. Los técnicos de la CFI, el brazo del Banco Mundial para el sector privado, también querían exponer y explicar junto a Dwernychuk y Neil McCubbin el informe de los expertos a las autoridades de ambos gobiernos por separado, en Montevideo y Buenos Aires, la semana próxima, lo que ahora quedó en suspenso.

El pacto de silencio se rompió en cuestión de horas: el canciller uruguayo, Reinaldo Gargajo, y funcionarios argentinos comenzaron a afirmar que el informe les daba la razón. La verdad, dijeron fuentes de la CFI a LA NACION, está en un punto "intermedio" y "técnico", expusieron.

Exigencias

Las empresas Botnia y ENCE deberán satisfacer todas las observaciones y sugerencias enumeradas por Dwernychuk y McCubbin si desean obtener créditos de la CFI por US$ 400 millones, más un seguro de riesgo político por otros US$ 300 millones de la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA, por sus siglas en inglés), otro órgano del Banco Mundial.

Para eso, la Corporación definirá en los próximos días "un detallado plan de acción para atender las recomendaciones del panel", según expuso anteayer la CFI en un comunicado, mediante "conversaciones con las compañías" Botnia y ENCE.

Desde la CFI también descartaron que la carta que presentó el gobierno argentino con la firma del canciller Jorge Taiana a mediados de marzo en el Banco Mundial, dirigida a su presidente, Paul Wolfowitz, haya influido en el mayor tiempo que tomó el peritaje o su resultado final. Taiana pedía en esa carta que el Banco Mundial suspendiera la votación en el directorio de la CFI hasta que ambos países solucionaran la controversia.

Aun así, y como solicitó Taiana, los expertos Dwernychuk y McCubbin recomendaron corregir varias pautas de evaluación observadas en el estudio de impacto ambiental y social acumulado (CIS, por sus siglas en inglés), es decir, el combinado de ambas plantas que la CFI difundió en diciembre de 2005. Entre otros puntos, recomendaron mejorar la información disponible sobre dioxinas y furanos en los vertidos de las plantas, su impacto sanitario, la calidad del aire en la Argentina, los rellenos sanitarios, la calidad del agua del río Uruguay, el impacto sobre la fauna y las secuelas económicas de los proyectos sobre el turismo.

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