El cacerolazo echó a Grosso del Gobierno

A menos de una semana de llegar al poder el presidente Adolfo Rodríguez Saá perdió ayer a dos de sus funcionarios. El ex titular del Banco Nación, David Expósito renunció a pedido del jefe del Estado a raíz de sus controvertidas declaraciones vinculadas con la emisión del peso argentino. En tanto, Carlos Grosso, hasta anoche jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete debió renunciar por el cacerolazo que levantaron los vecinos porteños y que se registró en casi todos los barrios.

La primera renuncia traumática en el elenco de Rodríguez Saá se produjo temprano por la mañana por las declaraciones de Expósito respecto de la primera emisión de la tercera moneda, el argentino. El ex funcionario podría ser sustituido, según fuertes versiones de la Casa Rosada, por Pablo Rojo, ex titular del Banco Hipotecario y actual director del Dresdner Bank.

Expósito había afirmado que el Estado debía emitir unos 15.000 millones de argentinos, como tercera moneda, desde un comienzo. La estimación oficial ronda los 6000 millones. Y aseguró que “la experiencia de acuñar tres monedas fue tomada de Cuba y de China”, lo cual no fue bien recibido en medios económicos y financieros.

“A Expósito lo echó el sector financiero por sus afirmaciones sobre Cuba y la emisión de 15.000 millones de argentinos”, sostuvo una fuente que interpretó el pensamiento de la Casa Rosada. También, legisladores y economistas del PJ expresaron su disgusto. “Lo de Expósito es una vergüenza”, dijo un diputado peronista.

En tanto, al cierre de esta edición el cacerolazo realizao por vecinos de Plaza de Mayo, Palermo, el Obelisco y Once obligó a Grosso a presentar su renuncia a Rodríguez Saá.

“Grosso renunció para descomprimir una situación que se tornaba molesta para el propio presidente y con ello creyó contribuir al nuevo Gobierno”, expresó anoche a LA NACION el secretario general de la presidencia, Luis Lusquiños. Según el funcionario, el jefe del Estado aceptó inmediatamente la renuncia y descartó que haya más renuncias.

Ayer circuló también la versión de que el canciller José María Vernet podría dejar su cargo a raíz de las controvertidas declaraciones que hizo anteanoche por TV y que generaron malestar en las filas del PJ y del Gobierno. Vernet insinuó que el Gobierno podría “arrancar las cortinas” de los comerciantes que generen desabastecimiento por motivos especulativos.

El gobierno de Rodríguez Saá y los principales dirigentes del PJ vivieron una jornada de profundo malestar y frenéticos debates internos por las desmesuradas declaraciones de Vernet, a cargo interinamente de Defensa.

El por ahora desorganizado aparato de comunicación del Gobierno quedó así superado por las circunstancias: la necesidad de producir anuncios en forma continua resultó contraproducente. “Es necesario controlar las declaraciones, que nos están produciendo daño”, dijo un allegado al Presidente.

Se refería, además, a la gran cantidad de promesas del Gobierno, que a veces pueden ser interpretados como demagógicas y difíciles de cumplir, en medio de la peor crisis económica y financiera de la Argentina.

Cuando Vernet fue consultado anteanoche acerca de si el Gobierno estudiaba fijar precios máximos, Vernet afirmó: “Soy canciller… si pudiera contestarle como ministro de Defensa sin ser canciller le diría, y si me lo entiende me lo entiende y si no, no, haría lo que hizo el ejército israelí cuando hubo desabastecimiento”.

Cuando el conductor del programa “Después de hora”, Daniel Hadad, le pidió precisiones, el canciller afirmó que “el ejército israelí, en el momento de mayor desabastecimiento, arrancó las persianas de los negocios, en un momento especulativo”.

Desde esta aparición pública, la preocupación dentro del peronismo por las designaciones en el gabinete de Rodríguez Saá se incrementaron en forma geométrica. En la misma Casa Rosada trascendió que algunos gobernadores hicieron llegar mensajes a altos funcionarios de que “para conciliar posturas, dentro del PJ deberían producirse renuncias”.

Se referían, en primer término, al canciller Vernet, aunque abarcaron también al secretario de Políticas y Regulación Sanitarias, Víctor Reviglio, y al ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete, Grosso. Se trataba, en este caso, de los funcionarios más cuestionados dentro y fuera del PJ.

El canciller ensayó también una extraña explicación sobre las versiones de posibles extradiciones de militares argentinos acusados en otros países de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

“Yo soy contador. Soy contador, no soy jurista ni canciller. Voy a esperar a analizar los informes juristas de las grandes doctrinas y los intereses de los sectores”, contestó Vernet.

Precisamente éstos y el presidente Rodríguez Saá mantuvieron ayer un almuerzo con los cuatro jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas: allí el Presidente les garantizó que no se modificará el decreto 1581, que mantiene el principio de territorialidad de jurisdicción del derecho y, que, por lo tanto, “no va a haber ninguna extradición”.

Jubilación

El proyecto gubernamental para derogar las jubilaciones de privilegio deberá incluir al propio ministro de Trabajo, Oraldo Britos, que percibe ese beneficio aunque ahora él haya suspendido percibirla por propia determinación. Britos recibió en octubre último 4498 pesos por el beneficio de una ley especial, tal como figura en el expediente 010041955680 de la Anses. Ahora, la cuenta aparece como “bloqueada” porque el beneficiario pidió la suspensión del pago (pero no la renuncia a tal privilegio) hasta que él mismo volviese eventualmente a pedir su reactivación, cosa que puede hacer cuando le parezca.