Fallo de Cámara. El caso de los autos seguirá con dos jueces
Oyarbide retomará las indagatorias
La Cámara en lo Penal Económico resolvió ayer el conflicto de competencia en el caso de los autos importados con franquicias diplomáticas y dispuso que la causa siga repartida: una parte en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, y la otra, en el penal económico de Jorge Brugo.
Los camaristas Edmundo Hendler, Nicanor Repetto y Juan Carlos Bonzón consideraron que era "prematuro" acumular las investigaciones y decidió que cada magistrado siguiera avanzando en su expediente.
Esta decisión permitirá que Oyarbide retome la ronda de indagatorias, que había suspendido hasta que se resolviera la competencia. Entre quienes deberán declarar en los próximos días está el ex jefe de Franquicias de la Cancillería Jorge Matas.
La disputa entre los fueros comenzó cuando Brugo le pidió a Oyarbide que se inhibiera de seguir interviniendo para que toda la investigación se concentrara en un solo juzgado, el suyo. Argumentó que el objeto de las dos causas eran los mismos hechos, pero que él investigaba por contrabando agravado, un delito más grave que el "incumplimiento de los deberes de funcionario", que perseguía la justicia federal. Oyarbide se negó a remitirle el expediente y el caso llegó a la Cámara, que ayer consideró que, como Brugo todavía no citó a ningún acusado, no se puede evaluar cuál es la calificación legal más grave.
"Cuando existen motivos para sospechar la comisión de un delito, el juez debe proceder a interrogar a las personas imputadas, en cuya ocasión debe advertirles los hechos que se les atribuyen [...]. En el caso no consta que el juez en lo penal económico hubiera dado cumplimiento a esos recaudos y, por ende, la determinación de la existencia de conexidad con otro proceso y de la mayor o menor gravedad de los delitos imputados resulta prematura", dice el fallo de la Cámara.
La causa de Brugo (que ordenó más de 50 allanamientos) se inició a partir de una denuncia de la Aduana del 22 de enero último. Un día antes, la Cancillería denunció ante Oyarbide que había detectado irregularidades en la importación de autos para diplomáticos.
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