El caso marca el fin de una era política en la Argentina

(0)
13 de diciembre de 2003  

Fernando de la Rúa terminó con su gobierno el día en que aceptó continuar con una antigua lógica, según la cual las leyes tenían un precio en la Argentina. Ese día comenzó, también, el camino del calvario para el país hasta la eclosión final, en diciembre de 2001, dieciocho meses después de que el caso de los sobornos vio la luz por primera vez.

Viejo exponente de la corporación política, el ex presidente sabía que la mayoría de los senadores no acostumbraba a inclinarse ante los argumentos de la razón, sino sólo ante el trasiego de los dineros públicos.

Pero un cambio no fue advertido por De la Rúa: él había llegado a la Presidencia de la Nación aupado por una sociedad que reclamaba la conclusión de las prácticas corruptas. El antiguo contrato de Carlos Menem con la sociedad (la estabilidad económica a cambio de laxitud moral en la administración pública) había terminado con el mismo gobierno menemista.

Es cierto que De la Rúa se encontró con una mayoría peronista en el Senado (a la que se sumaba una gran parte del bloque radical), que lo espoleaba a seguir con aquellos modos de intercambio de favores personales. Tuvo dos caminos: o los enfrentaba a unos y otros, cuando aún tenía a la opinión pública de su lado, o aceptaba negociar el tráfico de leyes por prebendas. Optó por esta última alternativa y selló la suerte de su administración.

Dos meses después de los pagos por la ley laboral, el Senado rechazó una ley económica fundamental para De la Rúa, cuando éste se encontraba en Estados Unidos para celebrar una reunión con el presidente Bill Clinton. ¿Qué había pasado? ¿Por qué semejante saña con el presidente radical en un momento en que debía dar explicaciones en el exterior?

"Los muchachos quieren plata por cada ley. Los radicales creen que los han arreglado con un pago al año. Son muy ingenuos", explicó entonces, ingenuo él también, un senador peronista. ¿Cómo? ¿Acaso ya se habían hecho pagos de sobornos en el Senado? "La ley laboral costó varios millones de dólares", respondió, y dio rienda suelta a la investigación que terminaría con la revelación de los favores personales.

La inicial denuncia de Antonio Cafiero, basada en la primera publicación de LA NACION sobre el tema, dejó al senador radical José Genoud en estado de evidente conmoción, a tal punto que el legislador peronista creyó que se desplomaría sobre el estrado de la presidencia. La patada inaugural de Cafiero desataría luego la acción persistente del vicepresidente, Carlos "Chacho" Alvarez.

El principio del fin

Ese fue un aspecto del conflicto que el gobierno delarruista no tuvo en cuenta: ¿podía Alvarez, que había construido un partido denunciando las prácticas corruptas, aceptar una transacción de sobornos en la institución que presidía sin renunciar a lo que era y a lo que había sido? Renunció a la vicepresidencia y destapó la crisis política de la que la gestión aliancista no se recuperó nunca más.

Cinco meses después, Domingo Cavallo intentó reponerlo a Alvarez como jefe de Gabinete. No pudo. "Nunca imaginé que había tanto odio hacia Chacho en el gobierno y en De la Rúa", contó el ex ministro.

¿Cavallo había sido seducido por las ideas de Alvarez? No. Simplemente tuvo en cuenta que la economía se desbarrancaba desde el momento de su dimisión. Los mercados tomaron nota en el acto de que la coalición gobernante se quedaba sin Parlamento, porque el Frepaso la dotaba de la mayoría necesaria en la Cámara baja.

Sucedió algo más grave aún: la opinión pública había dado por cierta y probada la denuncia de los sobornos y el presidente comenzó una sangría política que lo dejó solo y aislado pocos meses después.

Sin crédito social, con la economía en estado de fragilidad absoluta y con su propia capacidad de decisión agotada, De la Rúa quedó expuesto a la revuelta de la calle, a la conspiración y al golpe. Fue lo que sucedió en las vísperas de la Navidad de 2001, cuando la sociedad argentina se zambulló en la crisis económica y social más profunda de su historia.

El Senado nunca volvió a ser el mismo, pero los únicos que pagaron políticamente, y con moneda cara, fueron los que sobornaron. Pagaron inocentes también. Antes de la estrepitosa caída del gobierno radical, debieron dejar sus cargos los dos únicos funcionarios de primer nivel que comprendieron las posiciones de Alvarez: el entonces jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y el ministro de Economía, José Luis Machinea.

Un tercer funcionario, el jefe de la Sigen, Rafael Bielsa, actual canciller, debió renunciar cuando escribió en su investigación exactamente lo que confesó Pontaquarto: el dinero de los sobornos había salido de la SIDE.

¿Y los sobornados? Se escondieron detrás de dos jueces, Liporaci y Cavallo, más preocupados por sus situaciones personales que por investigar la denuncia. El caso estuvo a punto de ser archivado definitivamente varias veces, y no lo fue sólo por la obstinación de los fiscales Eduardo Freiler y Delgado en continuar indagando.

Muchos senadores, salvo Emilio Cantarero, que se quebró ante la periodista María Fernanda Villosio, preservaron sus carreras políticas y ahora son gobernadores, senadores o directores del Banco Central. La declaración de Pontaquarto pondrá fin a la carrera de muchos de ellos. También a varios senadores y a encumbrados funcionarios de la era aliancista podría aguardarlos la cárcel.

"¿Por qué lo hace?", le preguntó el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a Pontaquarto cuando éste le informó de su confesión. "Estoy cansado de que siempre se hable de mí, mientras los que cobraron las coimas siguen en la vida pública", le dijo.

Pontaquarto, un oscuro funcionario del Senado, cerraba así el círculo de una crisis política -y luego también económica- que terminaría marcando el fin de una era en la Argentina.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.