El Congreso convirtió en ley el calendario electoral

La Cámara de Diputados aceptó anoche, después de varios días de negociaciones, la renuncia anticipada a mayo del presidente Eduardo Duhalde -ya lo había hecho el Senado- y convirtió en ley el cronograma electoral que establece como fecha de los comicios generales el 27 de abril de 2003.

De esta manera, el Gobierno dio un paso fundamental en su intento por acercarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al aprobar un punto esencial del pacto político firmado con los gobernadores, hace dos semanas, en la quinta de Olivos.

La resolución con la renuncia de Duhalde fue aprobada en forma definitiva por 176 votos a favor (entre ellos los diputados que responden a Carlos Menem), 12 negativos (provinciales y sectores de izquierda) y 24 abstenciones (ARI).

Sin embargo, el debate reflejó dudas que persisten entre los diputados sobre el posible cumplimiento de las normas aprobadas. "El obstáculo que no podremos salvar es el artículo 95 de la Constitución Nacional, que establece que las elecciones se deben hacer dos meses antes que concluya el mandato. El mandato de Duhalde termina en diciembre. Eso quedará sometido a la cuestión judicial", advirtió el radical Luis Molinari Romero.

Paralelamente, el Senado aprobó un proyecto que modifica la ley de acefalía, para que el presidente elegido en abril pueda asumir, en forma provisional, el 25 de mayo, y completar así los seis meses que Duhalde adelantó la entrega del poder. De cumplirse esa modificación (Diputados analizaba tratarla de inmediato) el próximo mandatario gobernará cuatro años y medio.

Es ley el nuevo cronograma electoral

Tras largas y febriles negociaciones, finalmente hubo fumata blanca en el Congreso de la Nación. Ambas Cámaras convirtieron anoche en ley el cronograma electoral diseñado por el Poder Ejecutivo, que fija el 27 de abril para los comicios generales y el 18 de mayo para una eventual segunda vuelta. Asimismo, la Cámara baja aprobó, como lo hizo el Senado la semana última, la renuncia anticipada que presentó el presidente Eduardo Duhalde, prevista para el 25 de mayo.

El paquete electoral aprobado anoche incluye, además, la suspensión por única vez, de la ley de elecciones internas obligatorias, abiertas y simultáneas, en un intento de otorgar certidumbre al cumplimiento del cronograma electoral.

El oficialismo no disimuló su satisfacción cuando la Cámara baja -que amagó hasta último momento con complicar los planes del Gobierno- avaló finalmente, y por amplia mayoría, las fechas electorales que dispuso el Gobierno. Este calendario, que se diseñó atento a la renuncia anticipada del presidente Duhalde, constituye uno de los puntos medulares del acuerdo político suscripto, hace diez días, por el Poder Ejecutivo, los gobernadores y representantes legislativos, y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige para destrabar las negociaciones que mantiene con nuestro país.

El debate fue extenso en la Cámara baja; arrancó pasado el mediodía y sólo finalizó al anochecer. El problema era conciliar un texto que, a juicio de los legisladores expertos en materia constitucional, fuera lo suficientemente claro para aventar cualquier posibilidad de cuestionamiento judicial. Por ello, mientras los discursos se sucedían como una catarata en el recinto, un grupo de legisladores iba y venía de una Cámara a otra con versiones reformadas de la iniciativa. Finalmente surgió el consenso, pero a partir de los cambios que decidió imponer la Cámara de Diputados. Por ello, sobre la medianoche, la iniciativa debió retornar al Senado -que le había dado media sanción la semana última- para su sanción final.

Estas idas y venidas finalmente permitieron que en la votación final, en la Cámara de Diputados, se impusiera una amplia mayoría, encarnada por el justicialismo, la UCR, el Frepaso y los diputados provinciales. Estos últimos, en la voz de Alberto Natale (Demócrata Progresista-Santa Fe), propusieron adelantar por unos días el calendario propuesto (el 13 de abril para las elecciones generales y el 11 de mayo para la segunda vuelta) para otorgarle más tiempo al futuro presidente hasta su asunción, el 25 de mayo. Pero la idea no tuvo éxito.

El sector menemista -agrupado en el bloque Azul y Blanco- fue el que encaró la voz más sonora en rechazo al calendario electoral. Alegó que su postergación (la elección nacional estaba prevista para el 30 de marzo) sólo obedecía a una razón: el afán del presidente Duhalde por neutralizar a su rival, el ex presidente Carlos Menem.

Pero la indignación menemista no tuvo demasiado eco: en la votación, 148 legisladores votaron en favor del cronograma electoral, mientras que 41 lo hicieron en forma negativa. En tanto, 25 diputados -en su mayoría, de ARI- se abstuvieron.

En cambio, la aceptación de la renuncia de Duhalde despertó el fervoroso aval del menemismo: 176 votaron en forma afirmativa, mientras que sólo 12 rechazaron la dimisión. Las abstenciones, de ARI, sumaron 24.

Idas y venidas

Hasta último momento, el oficialismo temió por la suerte del calendario electoral. Sobre todo por la actitud que se demostraba en la Cámara baja: allí, hasta último momento, el radicalismo y los diputados provinciales supeditaron la sanción del cronograma a una serie de condicionamientos, vinculados tanto con cuestiones electorales como económicas.

Cuando el Gobierno accedió a estas exigencias -por ejemplo, la modificación a una ley de acefalía y una solución al problema de los deudores hipotecarios- estos sectores de la oposición accedieron a sentarse en sus bancas. El oficialismo suspiró de alivio.

La modificación a la ley de acefalía era una condición inexcusable de la UCR. Así lo expresó uno de los arquitectos del acuerdo final, el diputado Luis Molinari Romero (UCR-Córdoba): "El período que ejerce el presidente Duhalde finaliza el 10 de diciembre, no antes. Pero la renuncia anticipada (del mandatario) provocó un estrépito constitucional y, ante esta situación de emergencia, el Congreso debe apelar a una doctrina de emergencia. Se debe modificar la ley de acefalía; este es el camino salvaguardará al futuro presidente de cualquier cuestionamiento judicial", enfatizó.

El duhaldismo, en las voces de los bonaerenses Daniel Basile y José María Díaz Bancalari, avalaron esta tesis. Pero el menemismo no quería saber nada del asunto, y sólo accedía a avalar la renuncia del Presidente.

"La suspensión de la ley de elecciones internas abiertas y la postergación del cronograma electoral obedecen a una razón: al Gobierno le falta un candidato para ganarle a Menem", dijo, sin tapujos, el menemista Juan Carlos López (Misiones).

El socialismo y ARI cuestionaron esta faceta de la discusión. "Somos rehenes de los vaivenes de las disputas internas en el oficialismo", advirtió Eduardo Macaluse (ARI). "Este Congreso discute poder, pero en lugar de resolver los problemas que padecen miles de argentinos, acabamos solucionando cuestiones internas de dirigencias políticas absolutamente circunstanciales", disparó Jorge Rivas.

En su habitual tono irónico, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) marcó distancia de sus pares. "Ustedes apelan a un montón de artilugios para resolver la cuestión electoral, cuando el país se derrumba. Y lo derrumban creando un país plagado de pobres e indigentes. Por eso es necesario convocar a una convención constituyente que trate todo", dijo.