El consejo ignorado de un especialista del Ministerio

Fechado el lunes 8 de noviembre de 2010, el dictamen del director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, fue contundente. Tanto al oponerse a que el ministro Amado Boudou opinara sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone Calcográfica como al consignar que los datos con los que avanzaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eran, cuando menos, escasos e insuficientes.

Capdevila detalló, entre otros faltantes, que en el expediente de la AFIP no constaba el dictamen del área jurídica del propio organismo recaudador, el testimonio o una copia certificada de la sentencia que verificara sus créditos en el expediente judicial de la quiebra, o siquiera "un informe sobre el estado de la causa". Por lo tanto, estimó, "la opinión a verter se encuentra limitada".

A lo largo de los siguientes doce párrafos del dictamen DGAJ 222.012, Capdevila expuso además la incompetencia de Boudou para opinar sobre Ciccone y las facultades propias con las que contaba Echegaray para decidir por sí solo.

"No existe una relación jerárquica entre la AFIP y esta cartera, por lo que esta última no puede abocarse a la decisión de los asuntos correspondientes a la competencia de aquella ni tampoco es posible que le imparta instrucciones sobre cómo debe resolver aquellas cuestiones o qué curso debe darles", argumentó el funcionario.

Recién tras tres carillas -y 102 líneas después- de argumentos legales vertidos en la misma senda, Capdevila dejó abierta la posibilidad, en apenas un párrafo, de que Boudou sí expresara su posición oficial. Pero, aclaró, sólo para "recordarle al organismo [por la AFIP] la política económica general sentada por esta cartera".

Esa única frase la repitió, casi exacta, al final de su dictamen, al aludir otra vez a la "política general propiciada por esta cartera". Pero antes le reiteró su parecer: "Por todo lo expuesto, en opinión de este Servicio Jurídico corresponde devolver las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el fin de que proceda a su sustanciación de conformidad con las atribuciones que le son propias".

Ese mismo lunes 8, sin embargo, Boudou decidió firmar una nota que era favorable a la ex Ciccone, antes de volar hacia Corea del Sur para participar en una reunión de ministros de Economía del G-20. Y se basó para ello en algo cuando menos contradictorio: los fundamentos de Capdevila que le recomendaron que hiciera todo lo contrario: que no firmara.

Observados

• El caso Stiusso. Los jueces que trataron la denuncia del director de la SIDE Jaime Stiusso denunciaron en un fallo sus sospechas de un espionaje estatal en su contra. Fue a partir de la publicación en medios oficialistas de conversaciones y cuestiones privadas de ellos.

• El fiscal de Ciccone. Carlos Rívolo, que investigó el caso contra Amado Boudou hasta el mes pasado, hizo revisar su despacho dos veces ante la sospecha de que habían plantado micrófonos para escucharlo.

• El juez presionado. Un magistrado que investigaba a un narcotraficante empezó a temer que lo estuvieran presionado cuando vio que se publicaban denuncias de corrupción en su contra. Todo terminó cuando se puso en contacto con autoridades de la SI.

• La oferta. Un ex funcionario judicial relató a La Nacion que lo fue a ver dos veces un enviado de la SI para ofrecerle un sobresueldo. En los tribunales se habla de que es una práctica habitual. Y que algunos aceptan.

• Otras presiones. También se ha vuelto habitual que funcionarios de la Justicia reciban sobres con fotos de sus actividades privadas o de sus allegados.