El conveniente olvido del Estado
Dadas las conclusiones del estudio del centro norteamericano de Integridad Financiera Global (GFI), resultan necesarias algunas explicaciones y plantear ciertos interrogantes sobre por qué se habrían "fugado" US$ 95.800 millones de la Argentina, entre 2000 y 2009, vinculados a fondos de origen ilegal.
El primer interrogante, vale aclarar, es metodológico: ¿es correcto pensar que se fugaron US$ 95.800 millones en dinero físico, en papel billete? En mi opinión, no existe tal "fuga" de capitales. ¿Por qué? Porque si subfacturo exportaciones, el monto subfacturado nunca entra al país, ya que queda colocado en el exterior, en numerales o divisas de un saldo en una cuenta, no en dinero "físico". Y si sobrefacturo, en rigor, transfiero divisas a cuentas en el exterior, mientras que los billetes en escasas ocasiones salen realmente del país.
Para simplificar la explicación, bien vale un ejemplo: la persona "A" lleva dólares para transferir al exterior a un banco o casa de cambio en la Argentina. Esa entidad en el exterior coloca divisas, es decir "saldos", en una cuenta externa. En simultáneo, además, a esa misma entidad bancaria en la Argentina llega la persona "B" que necesita comprar dólares y a la cual le entregan los billetes que, quizá cinco minutos antes había llevado "A" con la orden de transferir al exterior, pero que nunca salieron del país.
¿Se podría considerar, por tanto, que una parte importante de esos US$ 95.800 millones sigue en el país y se utiliza en el mercado marginal o informal de billetes-divisas? Claro que sí. Este mercado es mucho mayor de lo que pensamos. Por eso es que considero que la expresión "fuga de capitales" sirve sólo al efecto explicativo, ya que en su gran mayoría el dinero físico continúa dentro del país y se usa en las operatorias marginales o informales.
La ética que no aparece
Ahora bien, si el mercado marginal o informal es voluminoso, ¿existen medios, organismos especializados y recursos humanos para prevenir, solucionar, perseguir o impedir este escape? Sí, pero parecería que el Estado ha olvidado dos leyes muy importantes.
La primera de esas leyes es penal cambiaria, número 19.359, cuyo órgano ejecutor es el Banco Central (BCRA). Es una herramienta jurídica importantísima para perseguir la operatoria marginal y encontrar las "cuevas", en vez de perseguir al pequeño ahorrista que no aporta a esos US$ 95.800 millones.
Parece, sin embargo, que el BCRA se ha olvidado de esta ley y de los procedimientos que supo llevar adelante hasta hace unos años. Pero no en bancos o casas de cambio, sino en los lugares donde el dinero puede provenir del delito y por montos más que significativos (lo que no obsta, claro, a que detrás de algunas de esas "cuevas" pueda haber una entidad financiera o cambiaria actuando en la marginalidad).
La otra ley olvidada, al parecer, por el Estado es la penal tributaria, que le da a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) todas las atribuciones necesarias para fiscalizar y perseguir, ya que, incluso, puede constituirse en querellante de las denuncias que radica ante la Justicia. De hecho, creo que fuera de la ley de narcotráfico, la AFIP es el único organismo que podría, por ejemplo, usar agentes encubiertos para detectar evasores.
Ahora bien, si impedir la "fuga" es competencia del Estado, ¿esa "fuga" ocurre por desconocimiento, negligencia, falta de herramientas adecuadas o tal vez por conveniencia? Mi conclusión es que no sólo hay que contar con instrumentos administrativos y jurídicos adecuados y personal competente; también deben imperar los principios éticos que algunos funcionarios públicos (aunque no todos) han olvidado hace años en la Argentina.
Más aún, y dados algunos comentarios recientes, ¿la Argentina sancionó una ley antiterrorista para perseguir evasores u operatorias de comercio de billetes-divisas que puedan "afectar la gobernabilidad"? Si así, ¡qué equivocación!
Si se afectase "la gobernabilidad" a través del mercado cambiario, no será por la actividad formal de bancos y casas de cambio. Insisto: hay que atacar al mercado marginal.
Así, en lugar de llamar "terrorista" a un ahorrista que sólo quiere preservar el esfuerzo de su trabajo en inversiones en moneda extranjera, ¿por qué no colocar funcionarios probos, honestos (y tal vez hasta políticamente incorrectos) para que utilicen las herramientas disponibles ya existentes?
Por todo esto, no creo que la "fuga" expuesta en el informe del GFI ocurra por desconocimiento de las autoridades argentinas. ¿Por negligencia? Tal vez. ¿Por conveniencia?? La respuesta precisa, no obstante, hay que buscarla en las innumerables investigaciones que se cerraron, prescribieron o están ahí, durmiendo el sueño eterno.
La autora fue presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Alicia López
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