El costado social de la discusión

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25 de abril de 2004  

En el Congreso no sólo se debate la necesidad de replantear, o no, el sistema penal juvenil. Hay legisladores y organizaciones no gubernamentales que advierten que, por más renovados que sean el sistema y las instituciones para menores, si tras cumplir su sanción el delincuente retorna al ambiente marginal del cual provino seguramente volverá al circuito delictivo.

Ese fue el planteo que formuló el diputado Claudio Lozano (Fuerza Porteña) durante la visita del ministro Beliz a la Cámara baja. "La mayor parte de los pibes son pobres y los más pobres son pibes. Por eso es necesario que el Estado atienda esta franja de población, como lo hace con el desempleado y el jubilado. Si se mejora el ambiente familiar del menor, se podrá prevenir el delito", dijo.

El legislador es autor de un proyecto para instaurar un subsidio para todos los menores de edad, contra seguro de escolaridad y sanitario.

Desde la asociación civil Unidos por la Justicia, Gustavo Ferrari, secretario de un juzgado de menores de la Capital Federal, apuntó que, respecto de 2003, los recursos destinados a la asistencia de niños y adolescentes delincuentes disminuyó un 8,33%.

Ferrari, que investigó la problemática del menor que delinque y autor de un proyecto de ley, afirmó que es casi nulo el aporte presupuestario a los institutos de menores, muchos de ellos en malas condiciones. No obstante, insiste en que la discusión no debe circunscribirse al estado de los institutos, sino a debatir "las alternativas al encierro". Por eso propone también una gama de sanciones para los menores delincuentes, que va desde el apercibimiento hasta la internación, en caso de delitos violentos.

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