El debate por los regímenes especiales divide a la oposición

Sergio Massa
Sergio Massa Crédito: Silvana Colombo
Massa quiere apurar el tratamiento de la reforma jubilatoria de jueces y diplomáticos
Laura Serra
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20 de febrero de 2020  

El apuro del oficialismo por aprobar la semana próxima la media sanción del proyecto de ley que recorta las jubilaciones del Poder Judicial y del servicio diplomático amenaza con desatar un tembladeral en la oposición . Las posiciones están divididas: mientras algunos rechazan que la iniciativa se apruebe en un "debate exprés" y reclaman más tiempo de discusión, otros legisladores de la oposición se anticipan dispuestos a avanzar con la iniciativa, pero con modificaciones.

El oficialismo se frota las manos ante las desavenencias opositoras, aunque no descarta incorporar modificaciones al texto. Decidido a apurar la media sanción, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, convocará a un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión para el miércoles próximo, con la intención de sesionar al día siguiente en el recinto. El oficialismo no tiene mayoría para alcanzar el quorum , pero confía en el apoyo de sus aliados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside José Ramón, como también de un sector del interbloque Consenso Federal, que lidera Eduardo "Bali" Bucca.

En Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, las posturas se anticipan encontradas. Mientras la conducción de la bancada, liderada por Mario Negri, se resiste a aprobar el proyecto en un "debate exprés", un grupo de diputados de la UCR y de Pro sostiene que la bancada debería dar quorum en el recinto para no quedar emparentada con los supuestos privilegios del que, aseguran, gozan los magistrados y diplomáticos.

De hecho, una veintena de legisladores -encabezados por el radical Alejandro Cacace- presentaron un proyecto de ley todavía más severo que el que impulsa el Poder Ejecutivo: propone que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado pasen al régimen general de jubilaciones, no solo los magistrados y diplomáticos. Le dobla la apuesta a la iniciativa del Gobierno, que excluye a los ministros de la Corte Suprema, al presidente y al vicepresidente de la Nación.

El oficialismo no descarta cambios en el proyecto, aunque difícilmente llegue a ese extremo. Es más plausible que, en cambio, analice el planteo del interbloque de Ramón, que hizo suyo el proyecto que presentó el jefe del gremio del Poder Judicial, Julio Piumato. Esta iniciativa propone que los aportes que realicen los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial suban al 15% del sueldo; el proyecto del Gobierno los aumenta al 18 por ciento.

Habrá que ver hasta qué punto la oposición logrará modificar el texto original, cuyo punto más conflictivo es el que establece que las futuras jubilaciones del Poder Judicial se calcularán sobre el promedio de las últimas diez remuneraciones (en la actualidad se computa sobre el último sueldo); este cambio provocaría un fuerte recorte en los futuros haberes previsionales, alrededor del 60% del sueldo de un juez en actividad, advirtió la Asociación de Magistrados.

Este impacto generaría que, al menos, 280 jueces y otros 80 funcionarios del Ministerio Público en condiciones de jubilarse apuren su renuncia a sus cargos para no perder sus beneficios, advirtió el organismo. Esa es la principal objeción que planteará Juntos por el Cambio, que alertará que el proyecto provocaría un eventual vaciamiento en la Justicia.

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