El Ejecutivo marcó los tiempos del Congreso

Finalizado el período de sesiones ordinarias del Congreso el balance parlamentario de 2001 queda acotado a dos claras impresiones: se trató de un año donde los legisladores actuaron como meros bomberos ante los permanentes incendios económico-sociales que se precipitaron en el país y al mismo tiempo se observó un Poder Legislativo profundamente condicionado por el Gobierno a la hora de emitir propuestas.

El listado de leyes sancionadas este año refleja una parte de la realidad de un Parlamento atado a las decisiones del Poder Ejecutivo.

En 2001 el Congreso sancionó 175 leyes de las cuales 130 fueron emitidas por los propios legisladores y el resto son medidas impulsadas desde la Casa Rosada.

A simple vista este resultado implicaría una preponderancia de los legisladores por encima del Gobierno.

Pero lo cierto es que las propuestas del Poder Ejecutivo fueron las que, por su contenido y nivel de controversia, mayor tiempo de debate y rispidez entre bancadas originaron. Por caso, se encontraba en esta grilla la ley de competitividad, la de déficit cero, la ley de delegación de facultades y la ampliación de la convertibilidad, entre otras.

A la vez hay que agregar al listado de 45 leyes impulsadas desde la Casa Rosada, los aproximadamente 55 decretos presidenciales que se desprendieron de las facultades legislativas delegadas por un año al Gobierno. Es decir, se trató de la instrumentación inmediata de un amplio menú de normas que podrían haber quedado trabadas en el debate legislativo.

La Comisión Bicameral encargada de realizar un seguimiento y control de los decretos de facultades delegadas rechazó al menos tres de los 55 decretos presidenciales y al menos otras cinco medidas están objetadas por los diputados y senadores hasta hoy por un eventual exceso en el uso de facultades delegadas.

Presión de la coyuntura

Los legisladores del oficialismo y, en algunos casos, los de la oposición tuvieron que avalar las propuestas económicas impulsadas por ley por el Gobierno a pesar de que en muchos casos se trataba de iniciativas popularmente poco digeribles.

Empero, los diputados y senadores actuaron en función de los apremios de la economía y la amenaza del riesgo país en aumento permanente.

Está claro que el apoyo por parte del oficialismo a algunas leyes del Poder Ejecutivo originó un importante éxodo de legisladores de la Alianza. Los diputados que se fueron del oficialismo objetaron un alejamiento del Gobierno a las ideas fundacionales de la coalición radical-frepasista.

De esta manera, el bloque de diputados del Frepaso perdió unos 20 hombres que pasaron a conformar las filas de Alternativa para una República de Iguales (ARI) y del Frente para el Cambio. La bancada radical, a su vez, dejó de contar en 2001 con la presencia de Elisa Carrió, Silvia Vázquez y Fernando Cantero.

Mientras que a principios de este año el bloque de la Alianza contaba con 118 escaños, hacia final del período de sesiones ordinarias quedó con 102 bancas, lo que puso en serio riesgo su condición de primera minoría, ya que el PJ tenía 100 diputados. En los próximos días la Alianza perderá su condición de primera minoría que volverá a manos del PJ a raíz del resultado electoral de octubre.

La presencia del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, en el Congreso durante 2001 fue casi nula. Sólo concurrió una vez al Senado, a pesar de que el artículo 101 de la Constitución obliga al jefe de ministros a presentarse una vez al mes al Congreso (alternando cada Cámara) para informar todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.

El año que termina dejó para la historia los juicios políticos emitidos a jueces federales y llevados adelante por el Congreso.

La nueva Constitución reformada en 1994 establece que el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de cuestionar la conducta de los jueces. Pero el Senado contaba aún con el resabio de tres pedidos de enjuiciamiento: los magistrados Juan Carlos Pisarenco, Guillermo Tiscornia y Norberto Oyarbide. Estos tres jueces fueron absueltos por la Cámara alta a pesar de que contaban con severos cuestionamientos y denuncias en el ejercicio de sus funciones.

Comisiones especiales

Otro capítulo destacable de 2001 en el Congreso fue la labor de la comisión investigadora de operaciones de lavado. Este cuerpo conducido por Carrió no logró ponerse de acuerdo en la elaboración de un documento final. Por diferencias entre los 10 miembros se emitieron cuatro informes por separado. En todos los casos se cuestionó la "matriz de un Estado mafioso" propenso a avalar operaciones de lavado.

Sólo los diputados Carrió, Graciela Ocaña (ARI), José Vitar (Frepaso) y Gustavo Gutiérrez (Demócrata) cuestionaron a funcionarios del actual gobierno por su eventual relación con operaciones sospechosas de lavado.

La comisión de seguimiento de las privatizaciones sólo se reunió en 12 oportunidades y alcanzó a emitir tan sólo dos dictamenes.

Por primera vez en casi 10 años el Congreso termina el período de sesiones ordinarias sin comenzar siquiera a debatir en comisión el proyecto de presupuesto nacional para el año próximo. Este es un tema que quedó para un eventual llamado a sesiones extraordinarias. Aunque en el Gobierno hay voces que no se espantan al pensar que en 2003 podría regir el mismo presupuesto del año actual.

Acción parlamentaria

• El Presidente emitió más de 55 decretos correspondientes a las facultades delegadas por el Congreso.

• Se sancionaron 175 leyes; 130 fueron impulsadas por legisladores y el resto, por el Poder Ejecutivo.

• Las leyes promovidas por la Casa Rosada fueron las que generaron mayor debate y controversia.