¿El enviado de Estados Unidos tenía razón?

Rosendo Fraga
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23 de diciembre de 2009  • 10:38

La semana pasada, el subsecretario para América latina de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, fue duramente criticado por el jefe de Gabinete, tres ministros del Poder Ejecutivo y el ex presidente Néstor Kirchner, por haber afirmado que había recibido quejas sobre la seguridad jurídica.

La decisión del juez Norberto Oyarbide a favor del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, pareciera más bien dar la razón que refutar al visitante que es la máxima autoridad en los EE.UU. para la región.

Más allá de los fundamentos jurídicos de la decisión y los peritajes que la fundamentaron, llama la atención tanto la rapidez con la cual se adoptó la decisión en una causa de alto significado político y el momento que se eligió para darla a conocer: los últimos días de diciembre, cuando se reduce el impacto político de este tipo de decisiones.

La trayectoria de Oyarbide lo muestra como un juez que viene manejando causas de alto contenido político desde la segunda mitad de los años noventa.

Hacia finales de la década pasada estuvo al borde del juicio político y fue el ex presidente Carlos Menem, quien lo nombró, quien volcó su influencia y poder en el Senado para ponerlo a salvo.

En los últimos meses, fueron recayendo en su juzgado la mayoría de las causas que podían afectar políticamente al kirchnerismo: Skanska, los subsidios irregulares de la Oncca, los medicamentes adulterados y sus nexos con las obras sociales y el financiamiento de la campaña oficialista, las escuchas de la policía porteña y el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. El avión del ex secretario de Transporte (Jaime), fue otra causa que tuvo hasta hace poco tiempo.

La Justicia. El hecho tiene lugar en un contexto social y político en el cual las sospechas y el escepticismo sobre el funcionamiento de la Justicia están generalizados en la población.

Cabe recordar que hace pocos días, la Asociación de Magistrados, calificó de golpe de Estado, la orden impartida por el jefe de Gabinete a la Policía Federal de no acatar la decisión judicial para poner en funciones a la lista que había resultado finalmente ganadora en las elecciones del sindicato de aeronavegantes.

En noviembre se presentó el Latinbarómetro, una encuesta que se realiza anualmente en toda América latina desde mediados de los años noventa. De este estudio surge que la Argentina es uno de los países de la región en el cual la confianza en la Justicia es más baja.

Dos meses atrás, se presentó el informe de la ONG Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo, que también se viene realizando desde mediados de la década pasada. La Argentina está en el puesto 106 entre un grupo de países africanos y es el trece de America latina, cuando es el número dos en desarrollo humano de acuerdo a Naciones Unidas.

Pero el discutido fallo de Oyarbide tiene lugar en momentos en que la Justicia comienza a dar señales de independencia respecto al poder político.

El Presidente de la Corte viene advirtiendo desde hace meses acerca de los efectos de la acumulación de poder en manos del Poder Ejecutivo, sobre la necesidad de proteger la propiedad privada y elogió la firmeza con la cual están actuando determinados jueces.

El conflicto entre el Gobierno y los medios de comunicación privados tiene la Justicia como campo de batalla y en los últimos días tres fallos de primera instancia han cuestionado diversos artículos de la discutida ley de medios y uno de segunda, anuló la decisión del Secretario de Comercio de anular la fusión de las empresas de cable.

En este marco, los senadores de la oposición han llevado ante la Justicia su cuestionamiento al veto de dos artículos de la reforma política y gobernadores también están llevando ante ellas denuncias contra la distribución arbitraria de fondos por parte del Poder Ejecutivo.

Que la percepción tanto en la Argentina y el mundo respecto a que en el país la seguridad jurídica es baja es un hecho, como lo dijo Valenzuela. Pero también es cierto que la Justicia comienza a dar señales de mayor independencia y esto es un cambio importante que también se debe registrar.

* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

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