El escándalo, cerca del límite

Por Mauricio Carini De la Redacción de LA NACION
Por Mauricio Carini De la Redacción de LA NACION
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23 de agosto de 2000  

Aunque no llegue a quedar demostrado, el caso de los supuestos sobornos en el Senado servirá para probar cuál es el límite que la sociedad argentina demanda a la dirigencia política.

Como mínimo, la lección para legisladores y para funcionarios será el escándalo en sí mismo y el consecuente desprestigio. Aunque algunos observadores no descartan un costo político mayor.

En el Congreso y en el Gobierno nadie cree en la posibilidad de que la Justicia pueda comprobar un presunto hecho ilícito sustentado en versiones a las que nadie se anima explícitamente a ponerles nombres y apellidos o a demostrar con alguna prueba en mano.

"Se subieron a una calesita donde no hay sortija", graficó un funcionario del Ministerio de Trabajo.

La imagen no es desacertada: por semanas, oficialistas y opositores dieron vueltas, como en un carrusel, sin saber cómo apagar un fuego que muestra más chispas que flama.

Tampoco es desinteresada: el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, es uno de los funcionarios sospechados de al menos estar al tanto de las supuestas coimas.

El veterano senador Antonio Cafiero (PJ-Buenos Aires) insinuó el nombre del ministro. Pero hasta ahora no aportó más que humo. Y hay quienes aseguran que niega en público algo que habría dicho en privado: que hubo pares que le habían reconocido que cobraron sobornos.

Otras sospechas

A las sospechas sobre corrupción, así, se agregaron las sospechas de que todo respondería a interesadas maniobras políticas para desprestigiar a propios y a ajenos. Tanto por parte de algunos senadores del justicialismo como de hombres del Frepaso que forman parte del Gobierno.

Por lo pronto, el presidente De la Rúa intentó desligar a sus colaboradores, principalmente a Flamarique, con quien anteanoche estuvo en Olivos evaluando cómo actuar.

Ayer, previo encuentro con Alvarez, Flamarique, Rodolfo Terragno y José Genoud, el jefe del Estado dijo que respaldaba a todos sus ministros y dio precisas instrucciones a su gabinete para dejar a salvo la imagen del Gobierno. Les pidió que colaboren con las investigaciones.

Debió terciar en una descontrolada situación que, incluso, llevó al vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, a pedir que la Justicia se haga cargo del caso. Esa misma Justicia que el líder del Frepaso, paradójicamente, se ha cansado de cuestionar y que no es percibida como confiable por buena parte de la ciudadanía.

Y como lo hizo cuando amenazó con depurar el Senado de empleados ñoquis (promesa aún no cumplida), Alvarez volvió a desafiar a la oposición con su propuesta de una renuncia colectiva a los fueros.

A muchos de quienes están vinculados de un modo u otro con la actividad parlamentaria no les son ajenas las versiones sobre supuestos intercambios de favores. De hecho, durante la última década las hubo en no pocas oportunidades, como cuando se trataron los proyectos de patentes medicinales y del correo. Pero entonces sólo quedaron en corrillos.

Sin márgenes

Hoy, los tribunales aparecen como la salida del escándalo, que no logró ser extinguido en el ámbito político donde nació.

El desprestigio que, inexorablemente, cada vez profundiza más su huella en la Cámara alta no dejará márgenes para eventuales desprolijidades. Este caso parecería ser la gota que colmó la copa, luego de no pocas polémicas, como las usurpaciones de bancas por parte del justicialismo. Máxime en vísperas de un año en el que deberán renovarse los 72 escaños de ese cuerpo, por primera vez, por voto directo de la ciudadanía.

Lo cierto es que la percepción social de que la corrupción es una práctica endémica en ciertos sectores políticos difícilmente pueda ser desterrada por la eventual decisión de un juez que, ante la ausencia de pruebas, dicte falta de mérito.

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