El Estado podrá ser querellante en el caso del legajo de The Old Fund

Lo decidió la Cámara Federal, que accedió a un pedido del Ministerio de Justicia; el expediente desapareció dentro de la IGJ
Hugo Alconada Mon
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24 de diciembre de 2014  

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el "caso Ciccone", según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

En ese sentido, los camaristas plantearon que no debe confundirse "la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionarios que pudieran representarlo", por lo que negaron la "existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto".

El temor, sin embargo, es que el Ministerio busque debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez, quien ya declaró ante los jueces Servini y Claudio Bonadio, y el fiscal Carlos Stornelli.

En esa línea, al presentarse ante Servini, Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la IGJ para averiguar qué pasó con esos legajos y quiénes fueron los responsables por su extravío o robo entre febrero y marzo de 2012, cuando despuntaba el escándalo por el "caso Ciccone", que protagoniza Amado Boudou.

Esas copias que aportó Alak, sin embargo, acumulan varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios a los expedientes, y se mezclaron los testimonios, al punto de aparecer alguno del sumario sobre The Old Fund en el de London Supply.

De los tramos disponibles de esos sumarios surge, además, que sus instructores decidieron avanzar sobre Martínez -desplazada de la IGJ- y el jefe del Archivo, Guillermo Agüero, pero obviaron los indicios y testimonios sobre otros funcionarios jerárquicos de ese organismo que estuvieron o continúan allí.

El propio Agüero detalló que Martínez era una de las autoridades que solían pedirle legajos de empresas sin que quedaran registros de sus solicitudes, pero que la misma práctica repetían de manera habitual el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti; el director de Sociedades Comerciales, Pablo Lagarrañaga; el de Entidades Civiles, Luciano Palacios, y la delegada administrativa, Karina Bellizzi.

En su última declaración, Agüero aportó más nombres. Entre otros, el de Gustavo Varela, por entonces subinspector general de la IGJ, y el de Analía Spátola, por entonces asesora y actual número dos del organismo.

Servini estimó que contaba con indicios suficientes para considerar que algunos de esos funcionarios -u otros, incluido Alak- podían terminar acusados. Pero la Cámara no compartió su criterio. "Este tribunal -indicaron Freiler y Ballestero- no advierte la existencia de una razón que aquí pueda constituir un obstáculo al derecho que la legislación ha conferido a los poderes públicos para que intervengan dentro de un proceso penal".

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