El fallo en EE.UU. también favorece a bonistas locales

Norma Lavorato tiene más de 80 años, una jubilación por los 43 años trabajados en la embajada de Portugal y una sola cosa en común con los "fondos buitre": el fallo en el que anteayer un tribunal de Nueva York ordenó a la Argentina que les pague por los títulos soberanos de deuda en su poder también la benefició a ella y a otros 12 argentinos.

En diálogo telefónico con LA NACION, Lavorato se mostró satisfecha, aunque con una ilusión moderada. "Si se cumple, estaremos conformes con el fallo", afirmó. "No tengo muchas expectativas de cobrar porque soy muy grande, pero es una decisión muy importante."

Ella es uno de los 13 ahorristas minoristas mencionados en la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y que, junto a los fondos NML Capital, Aurelius, ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund, lograron poner al Gobierno entre la espada y la pared por 1333 millones de dólares en bonos con legislación extranjera emitidos por la Argentina.

Se trata de Pablo Varela, Lila Burgueno, Mirta Dieguez, María Carballo, Leandro Pomilio, Susana Aquerreta, María Corral, Teresa Muñoz de Corral, César Vázquez, Horma Gines, Marta Vázquez y la citada Norma Lavorato, junto con su hermana Carmen, según el fallo escrito de 29 páginas emitido anteayer. Con bastante temor a sufrir alguna represalia por parte del Gobierno, los bonistas no quieren dar demasiados detalles sobre su historia y sienten bronca porque sólo se señala a los "fondos buitre" como los ganadores de esta batalla financiera contra el país.

"Compramos los bonos antes del 2000. Trabajé 43 años en la embajada de Portugal y soy una ahorrista arrepentida. Quiero aunque sea los pesos, no los dólares", dijo Norma Lavorato. Junto con su hermana Carmen, espera las novedades de sus abogados para ver qué pasará con esta causa, ya que el juez Thomas Griesa deberá determinar en las próximas semanas cómo le ordena pagar a la Argentina para no "discriminar" a los acreedores que siguen en default, frente a los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Angélica Bergonzi, una de las promotoras de la Asociación de Damnificados por el Default y la Pesificación (Adapd), también festejó el fallo, aunque aclaró que la asociación no participó del caso desarrollado en EE.UU.

"Ésta es gente que no tenía juicios iniciados y los fondos grandes que participaron lo hicieron con bonos que compraron a su valor total. Fue un fallo unánime. Para la Argentina lamento que pasen estas cosas, pero el empecinamiento, no sólo de los funcionarios, sino también en representantes de la oposición, de no querer cumplir, nos lleva a estas situaciones", dijo Bergonzi a LA NACION.

"Como bonistas –destacó– lo vemos bien, pero como argentinos quisiéramos que se resuelva la cuestión de una vez por todas honrando las deudas. Esto no se va a pagar con dinero, sino con bonos, pero no aceptamos lo mismo que aquellos que entraron a los canjes, porque ellos lo aceptaron voluntariamente y nosotros esperamos hace 11 años. De todos modos, el tratamiento igualitario que marca la corte de apelaciones no está pensado para que reciban lo mismo, sino, como mucho, como un pago a cuenta de una negociación que debería hacerse en el juzgado."

Bergonzi y Horacio Vázquez, también de Adapd, admitieron que no esperaban un fallo de estas características, a casi 11 años del default. "Nosotros tratamos de contener a la gente, porque son personas mayores", indicó Bergonzi.

Antes de 2001

A diferencia de los grandes fondos de inversión, la mayoría de los bonistas individuales compró sus bonos antes del default de 2001; algunos de ellos ya lograron sentencias firmes en la Argentina o en EE.UU., pero siguen a la espera de poder cobrar, muchos de ellos, antes de morirse.

"Existe un grupo de argentinos que compraron bonos soberanos como medio de ahorro para resguardar su futuro antes del default; no son instituciones financieras, pero nuestros gobiernos decidieron no devolverles el dinero, luego de licuar deudas a los más poderosos", expresó Vázquez.

El ahorrista aclaró que "es una lástima que se haya tenido que llegar a estas instancias, como el embargo de la Fragata o este fallo, para que nuestro país se vea compelido a respetar las obligaciones contraídas".

Antes de fines de año, prevén que el juez Griesa deberá definir cuál es la fórmula de pago para beneficiarlos: si les da lo mismo que a los que ingresaron en el canje o el 100% de lo que reclaman, un criterio que la cámara de apelaciones dejó explícitamente a criterio del magistrado del sur de Manhattan.

En cambio, el Gobierno cree, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, que Griesa puede rever parte del fallo de segunda instancia y no tener que ponerlo en la incómoda opción de pagarles a los bonistas que no aceptaron las ofertas con quita de deuda que ofreció el país en dos oportunidades en los últimos siete años, para no caer en default.

"Esto está lejos de haber terminado: queda ver qué hace Griesa y luego qué pasa con el eventual pedido de apelación ante la Corte Suprema", dijo un funcionario que participa de la sensible cuestión, shockeado por la sucesión de malas noticias desde el embargo de la Fragata Libertad a principios de mes en Ghana.

En su decisión, los camaristas Rosemary Pooler, B.D. Parker y Reena Raggi interpretaron que la Argentina discrimina a estos tenedores de deuda frente a los que aceptaron los canjes, al hacer lugar a una amplia interpretación de la cláusula pari passu que ordena pagarles en forma proporcional.

"El tribunal entiende que la Argentina violó esta decisión cuando realizó pagos bajo el actual régimen de cambio de bonos, mientras mantenía su negativa a satisfacer las obligaciones de pago de los demandantes y cuando sancionó la ley cerrojo y su suspensión", indicaron los jueces.

Abogados que representan a otros fondos de inversión indicaron que esperaban un fallo más acotado, focalizado en una crítica a la ley cerrojo, por la cual la Argentina cerró el camino para pagarles a los acreedores que no aceptaran los canjes.

Sin embargo, cerca de los fondos más agresivos afirman que esta ley votada por el Congreso, en realidad, no le impide a la Argentina el cumplimiento efectivo del pago de las sentencias desfavorables al país, por lo que habría un resquicio legal para ejecutarlas.

Preocupación de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, reconoció ayer que existe "preocupación" en el sector empresarial por el eventual impacto en la economía que podrían tener los embargos que impulsan los "fondos buitre" contra la Argentina. "Nos preocupa, está claro", señaló en declaraciones radiales, en las que también advirtió sobre la "falta de inversión".