El fiscal anticorrupción dijo que lo limitaron y renunció

Manuel Garrido, autor de algunas de las más importantes denuncias de corrupción contra funcionarios kirchneristas, renunció ayer como fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y atribuyó la decisión al "recorte de facultades" dispuesto en noviembre por el procurador general de la Nación, Esteban Righi.

En un texto de 21 páginas dirigido al jefe de los fiscales, Garrido criticó en duros términos la resolución que acotó la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas judiciales, expuso las limitaciones que sufre el organismo, se quejó por el escaso avance de los expedientes sobre corrupción y llamó a discutir el papel de los organismos de control en el sistema democrático.

"El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar –dijo en referencia a la resolución de Righi– deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes."

En la Procuración, la renuncia provocó conmoción y disparó críticas. Altas fuentes del organismo descalificaron en duros términos al fiscal y negaron que la FIA haya sido limitada. Otras fuentes vinculadas con la Justicia creen ver en la decisión de Garrido un objetivo político. "Se quiere posicionar y esto le viene muy bien", dijeron.

Tras haber dirigido la Oficina Anticorrupción (OA), Garrido asumió la jefatura de la FIA en diciembre de 2003 y logró reactivar un organismo que había permanecido congelado durante más de una década. Lo designó Néstor Kirchner después de que superara un concurso y lograra la aprobación del Senado. El mismo proceso deberá atravesar su reemplazante. Fue tan fuerte el impacto que causaron la resolución de noviembre pasado y el posterior enfrentamiento público de Garrido con el procurador que, aunque tiene fecha de ayer, puede decirse que la renuncia comenzó a firmarse hace cinco meses.

Por medio de la resolución 147/08, Righi hizo una interpretación estricta del concepto de "intervención necesaria" que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA. Como consecuencia de ello, Garrido sólo quedó habilitado para participar de causas que se hubieran iniciado por una denuncia de él, siempre y cuando el fiscal del caso hubiera decidido no seguir adelante con la investigación.

El procurador negó que se le hubieran recortado facultades a Garrido y sostuvo que sólo se había puesto fin "a una situación inadmisible", ocasionada por "una interpretación antojadiza" de la ley, que establece que el rol principal de la fiscalía es la "investigación administrativa" de los funcionarios y no la intervención en las causas judiciales. "La costumbre de siempre de Garrido fue ir a los medios antes que a la institución. Seguirá usando esto como una campaña de publicidad personal", dijo anoche una fuente de la Procuración.

En los hechos, la resolución impidió que Garrido continuara interviniendo en causas en las que había tenido un papel importante, como el expediente sobre irregularidades en la elaboración de las estadísticas del Indec y el pago de sobornos de la empresa sueca Skanska.

"La resolución 147/08 implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que encaré hace cinco años: el impulso de investigaciones preliminares, pero su seguimiento activo y en cierta manera agresivo para que los casos judiciales no se diluyeran con el paso del tiempo", dice el texto de renuncia, firmado cerca de las 17, en una oficina del 5° piso del edificio de la FIA, en la zona de Once. El clima era de resignación y de bronca.

Las trabas

A la limitación para participar de causas judiciales hay que agregar las dificultades que sufría Garrido para llevar adelante investigaciones prejudiciales. En los últimos años, la AFIP había limitado el acceso de los fiscales a los datos impositivos de los contribuyentes y la OA había dispuesto que sólo entregaría los anexos reservados de las declaraciones juradas de los funcionarios ante el pedido de un juez. A fines del años pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) le negó documentación sobre una investigación contra el Gobierno.

En su renuncia, Garrido explicó que había retrasado la decisión para evaluar las consecuencias de la resolución de Righi, para finalizar su tarea como presidente de un jurado en un concurso del Ministerio Público y para cerrar algunas investigaciones que estaban en su etapa final y que llegaron a la Justicia en los últimos meses. En ese grupo figuran una denuncia por posibles sobreprecios en un tendido eléctrico en la Patagonia, otra por presuntos pagos de sobornos por parte de empresas contratistas del Estado, otra sobre un pago irregular del Ministerio de Economía y otra contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

La decisión generó gestos de solidaridad de dirigentes de la oposición, como Juan Carlos Morán, Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Ernesto Sanz (UCR), y de organizaciones civiles, como Poder Ciudadano.

En contra de los rumores que le auguraban un futuro como candidato opositor, Garrido tiene otros planes: viajará al exterior para terminar su tesis de doctorado acerca de la "corrupción judicial". Dice que lo esperan años lejos de la mirada pública.

Sus denuncias

• El Indec. Garrido presentó una denuncia detallada sobre la manipulación de estadísticas oficiales. Pidió que fuera indagado Guillermo Moreno.

• El patrimonio de Kirchner. Presentó una apelación al cierre de la causa en la que se investiga el incremento de los bienes del matrimonio presidencial.

• Aeropuertos. La Fiscalía se opuso a la renovación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, alegando irregularidades en la concesión. Su opinión no fue tenida en cuenta y causó malestar en el Gobierno. Por ese caso se decide el primer recorte de sus facultades.

• Skanska. Se opuso al descarte de las grabaciones como prueba de las coimas.

• Publicidad oficial. Denunció al secretario de Medios, Enrique Albistur, por el reparto discrecional de la pauta estatal.

• Obras en Santa Cruz. Participó de la investigación de supuestos sobreprecios en la ampliación del tendido eléctrico en el Sur, a cargo de la empresa Electroingeniería. En esa causa, le impidieron acceder a datos de la Auditoría General de la Nación.

El Gobierno, sorprendido por la decisión

• El gobierno de Cristina Kirchner reaccionó con sorpresa ante la decisión del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, de renunciar a su cargo impulsado por sus diferencias con la Procuración General. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se enteró de la salida de Garrido por medio de los portales de noticias, según supo La Nacion de fuentes oficiales. Lo mismo le sucedió al jefe de Gabinete, Sergio Massa. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, no hizo comentarios públicos y sus voceros dijeron desconocer su interpretación de la salida de Garrido.