El fiscal despega a las Madres del financiamiento electoral

Afirma que Schoklender no dio pruebas de que hubieran pagado gastos de campañas kirchneristas
Hernán Cappiello
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17 de septiembre de 2011  

No hay evidencia de que con el dinero de las Madres de Plaza de Mayo se hayan pagado campañas electorales. Esta es la conclusión a la que llegó el fiscal federal Jorge Di Lello después de analizar la documentación que Sergio Schoklender entregó al juez Norberto Oyarbide cuando denunció que la agrupación de derechos humanos había financiado afiches para la presidenta Cristina Kirchner; el candidato a vicepresidente, Amado Boudou, y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, por 1.500.000 pesos.

Di Lello tiene listo un dictamen en el que desestima investigar la pista de un delito electoral. Sostiene que no hay indicios de que se hubieran hecho en la imprenta de las Madres trabajos para campañas electorales, entendidos de manera estricta según la ley electoral. En cambio, el fiscal requerirá al juez medidas de prueba para determinar si algunas impresiones de carácter político que allí se hicieron se pagaron con fondos públicos, provenientes del plan de viviendas sociales.

En la Justicia hay constancias de que en la imprenta de la fundación se hicieron afiches para Fatala con la promoción de un libro y de acciones políticas, como charlas, debates y actos de homenaje a la memoria de Néstor Kirchner. Uno de los papeles extraídos de la caja fuerte de Schoklender contiene el detalle de los trabajos efectuados para Fatala durante 2009, 2010 y 2011, que suman 401.734 pesos. Se desconoce si los pagó o si fueron de regalo. Schoklender había asegurado ante los periodistas y los legisladores que las Madres financiaron campañas políticas con la caja de la fundación, que -según él- tenía un descubierto para campañas. Afirmó que había una "caja negra" de donde salía dinero para pagar afiches, "sobresueldos" a funcionarios y actividades políticas, como por ejemplo de la agrupación Las Cristinas, impulsada por Hebe de Bonafini .

Di Lello, en su doble rol de fiscal electoral y fiscal del caso Schoklender, entendió que no entregó en la Justicia evidencias sólidas de financiamiento ilegal de campañas.

En cambio, si se determinara que el Estado solventó esos gastos -cuestión harto dificultosa de probar-, se estaría frente a un fraude cometido por la fundación.

Di Lello tiene un su poder dos carpetas de la empresa Pasart SRL, que funciona en la imprenta de las Madres, sobre la calle Virrey Ceballos 269. La firma, que cuenta con cuatro empleados, edita folletos y libros. Se la vincula con Pablo Schoklender, pero anteayer el Boletín Oficial publicó que anteayer había cambiado de dueños. Alina Laura Molina renunció como gerente y fue designado en su lugar Marcelo Moreira Martínez. Además, Molina cedió sus acciones a Moreira Martínez. Pero en el mismo acto Moreira Martínez renunció y entregó su parte de la empresas, junto con la de Pablo María Moratorio Vela, a Horacio Esteban Fretes y a su hijo Horacio Fretes de Avellaneda. Con lo que la imprenta de las Madres ya fue vendida.

Una de las dos carpetas de Pasart SRL, a las que accedió LA NACION, contiene fotocopias en color en páginas tamaño A4 de bocetos de afiches de Fatala, con la leyenda "¡Aires Buenos! Fatala", o tapas de su libro Buenos Aires, capital del Sur, pruebas de etiquetas para CD con la misma foto de tapa del libro, anuncios de charlas debate sobre ecología, por ejemplo. También de otras actividades de Fatala con Boudou, con Lino Barañao (ministro de Ciencia), con el actor Lito Cruz o con el diputado Edgardo Depetri; de afiches de la ex vicepresidenta del Inadi María Rachid y carteles de charlas en memoria de Néstor Kirchner. Debajo de cada fotocopia hay una fecha escrita en bolígrafo, que no coincide con el lapso de la campaña electoral, determinado por ley.

La otra carpeta contiene un centenar de fotocopias de remitos fechados entre 2010 y 2011. En todos se mencionan entrega de afiches, entre 1000 y 2000 cada uno, y como cliente figura "Fundación-Fatala". Ostentan la firma de quien hizo la entrega, pero no hay ninguna cifra ni factura.

También Schoklender adjuntó una planilla con todos los trabajos realizados para Fatala entre 2009, 2010 y 2011, en su mayoría afiches e impresiones, que totalizan 401.729 pesos. Dice la planilla titulada "Venta a Abel Fatala" que en 2009 se hicieron trabajos por 71.488 pesos, en 2010 por 222.599 pesos y en 2011 por 107.667 pesos.

También hay un formulario preimpreso -en original y copias- titulado "órdenes de trabajo", que enumera impresiones realizadas con afiches descriptos como "Homenaje Néstor". El cliente en todos los casos se identifica como "Hebe-Pablo", por Bonafini y Pablo Schoklender.

El fiscal entendió que estos papeles, la mayoría fotocopias, no prueban los gastos de campaña por 1,5 millones de pesos que dijo Schoklender que hicieron las Madres para Cristina Kirchner, Fatala y Boudou.

No obstante, se investiga a quién perteneció realmente la imprenta Pasart SRL y si tuvo vínculos con Pablo Schoklender para establecer si es que la firma se facturaba a sí misma como una manera de justificar gastos que permitieran blanquear dinero obtenido de otros modos.

En esta causa Pablo Schoklender es investigado junto con su hermano Sergio y otras 13 personas. Pero adoptó una estrategia diferente. De bajo perfil, apuesta a una defensa jurídica sin escándalos políticos, desaprueba las denuncias públicas de su hermano y en privado duda de su equilibrio emocional para llevar adelante su propia defensa, dijeron allegados al menor de los Schoklender.

ACUSACIONES

  • Fraude y lavado de dinero. Son los cargos que enfrenta Schoklender ante el juez Norberto Oyarbide. El fiscal Jorge Di Lello prepara un pedido para que sea indagado junto con su hermano Pablo y otras 13 personas.
  • Contraataque. En declaraciones públicas y ante los diputados de la oposición, en el Congreso , Schoklender denunció a Hebe de Bonafini y a funcionarios del Gobierno. Además de advertir sobre el pago de coimas, dijo que las Madres pagaron campañas políticas.
  • Desestimación. El fiscal electoral entendió que los documentos que aportó Schoklender no prueban delitos electorales.
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