Recomienda el FMI medidas contra los fondos buitre

WASHINGTON.- Cuando se incorpore a la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya delibera en esta ciudad, el ministro Axel Kicillof podrá sentirse, de alguna manera, entre amigos.

El organismo que preside Christine Lagarde emitió ayer un documento crítico hacia los efectos nocivos que las decisiones del juez Thomas Griesa pueden tener en los procesos de deuda. "Hay que limitar la incertidumbre" derivada de litigios de esa naturaleza, advierte.

Por eso, el texto recomienda medidas para limitar el poder que hoy tienen los llamados fondos buitre, de modo que la fórmula que el juez aplicó contra la Argentina "no se repita" con otros países en el futuro.

Se trata de sugerencias para incorporar en los nuevos contratos de deuda, que chocan con las interpretaciones que hizo Griesa y que, en cierto modo, toman distancia también del camino elegido por el gobierno de Cristina Kirchner al apelar a las Naciones Unidas (ONU).

Los fallos como el de Nueva York pueden "exacerbar" los problemas de renegociación de deuda soberana, diagnostica el Fondo. Propone para eso modificaciones de contrato que permitan corregir "las carencias que hoy tiene el sistema" y que fueron evidentes en el caso argentino, por el que se muestra "muy preocupado".

El documento reseña que "acontecimientos recientes, incluyendo el litigio argentino, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del marco jurídico actual", que "no es lo suficientemente robusto" como para resistir el embate de fondos como el de Paul Singer, capaces de poner en riesgo todo un proceso de renegociación de deuda.

El texto apunta directamente a los efectos del fallo del juez Thomas Griesa. Su resolución "puede exacerbar los problemas de acción colectiva", advierte, en una explícita referencia a las demandas judiciales que abren los llamados fondos buitre.

Esa caracterización de los demandantes como aves de rapiña, sin embargo, no aparece ni una sola vez en el documento de 48 páginas.

Titulado "Fortalecimiento del marco contractual para abordar los problemas de acción colectiva en la reestructuración de la deuda soberana", el trabajo toma los efectos del caso argentino como una advertencia para el futuro.

"Estamos muy preocupados por el caso argentino" y lo seguimos de cerca, dijo Sean Hagan, director legal y consejero del organismo, al ser consultado por LA NACION en la rueda de prensa con la que presentó el texto. Sin embargo, el experto no pudo precisar cuál es el impacto real del caso en la actualidad. "Sabemos que tenemos que preocuparnos. Lo que no sabemos aún es qué tipo de preocupación será", dijo, al reconocer que aún no se ha visto un efecto de repetición.

El enfoque que hace el FMI del problema dista, sin embargo, del que promovió el gobierno de Cristina Kirchner con su apelación a las Naciones Unidas (ONU) para procurar allí la redacción de un nuevo marco legal para la renegociación de deuda soberana.

"Es un paso histórico", dijo el canciller Héctor Timerman, el pasado 9 de septiembre, cuando se aprobó la idea. Hagel, sin embargo, reconoció que no miraron allí para su propuesta correctora. "Nos hemos guiado más pensando en algo que puede ser valorado y aceptado por el mercado. Y el mercado no piensa tanto en convenciones", explicó el experto.

Por eso el documento apuntó su mirada en posibles modificaciones en la redacción de los contratos de deuda. "Es una idea que ya se está aceptando", comentó, en referencia a que algunos gobiernos asiáticos ya incorporaron esos conceptos en la redacción de bonos soberanos.

Yendo al detalle, las reformas que propone se basan en dos cláusulas fundamentales en esos procesos. La de acción colectiva y la de pari passu (tratamiento igualitario), que -con su particular interpretación de sentido- fue la que utilizó Griesa para condenar a la Argentina a favor de los fondos buitre.

En ese punto, el Fondo sale al choque de la interpretación que hizo el magistrado neoyorquino.

La reforma que propone el organismo de Christine Lagarde afirma que, a diferencia de lo que entiende Griesa, la cláusula de pari passu no significa la obligación de hacer pagos prorrateados a todos los acreedores. Eso fue lo que llevó al magistrado a fallar que "si no cobran" los holdouts, "no cobra nadie".

A diferencia de eso, el Fondo entiende que la cláusula de tratamiento igualitario debe interpretarse como que todos los acreedores tienen "el mismo tratamiento legal".

De lo que se infiere que, lejos de darles más poder a los holdouts, lo que se busca es "prohibir" que ejecuten acciones legales como las que, en este momento, ponen en peligro el derecho al cobro de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración de deuda.

La otra cláusula que se busca modificar es la de acción colectiva. Lo que busca el Fondo es la creación de una "mayoría calificada" de acreedores capaz de imponer criterio al conjunto.

Dicho de otro modo: permitir que si el 75 por ciento de los acreedores acepta condiciones de renegociación de deuda, ese criterio se haga extensivo a la totalidad y limite los derechos a posteriores demandas de quienes hoy quedan afuera para litigar.

"Apoyamos estas reformas para hacer frente a las debilidades" que hoy tiene el sistema y que han quedado patentes en el caso argentino, sostuvo el FMI en su diagnóstico.

La asamblea del organismo entrará hoy en plena actividad, con la difusión de su informe económico (WEO, por su sigla en inglés). En él se advertirá, una vez más, sobre las estadísticas que le valieron una advertencia a la Argentina, aún vigente. Pero en materia de deuda y puja con los buitres, pocas veces se habrá encontrado aquí tanto apoyo como en esta ocasión.

Un documento que fija posición

La titular del FMI, Christine Lagarde, suscribió el texto del FMI

Advertencia

El directorio del FMI admitió que las recientes decisiones de los tribunales de Nueva York respecto de la Argentina podrían exacerbar los problemas derivados de las acciones colectivas. Sin embargo, la mayoría del FMI sostuvo que "aún se desconoce el grado de ese impacto".

Apoyo

El directorio celebró las modificaciones que se hicieron en algunos contratos de renegociación de deuda para excluir la obligación de pagos prorrateados (como los que el juez Griesa impuso a la Argentina).

Complicaciones

Para el FMI, el fallo (del juez Griesa) que obliga a la Argentina a hacer pagos prorrateados e impedir que cobren quienes renegociaron su deuda hasta que cobren los holdouts podría exacerbar los problemas de acción colectiva, complicando los procesos de reestructuración de deuda.

Eventual solución

Para limitar el impacto de esas decisiones, existe creciente consenso entre el sector oficial y el mercado para modificar la cláusula de pari passu en los contratos soberanos, dijo el FMI.

Cancillería elogió el giro del Fondo

El Gobierno expresó ayer que tomó nota del informe del FMI vinculado a las deudas soberanas y remarcó que "es importante" que esa entidad "haya dado un paso adelante en el reconocimiento y búsqueda de una solución adecuada". Por medio de un comunicado, la Cancillería recordó al FMI que "el gobierno argentino ha dicho en reiteradas oportunidades que hay fallas sistémicas y decisiones judiciales de imposible cumplimiento que permiten a pequeños grupos de financistas denominados fondos buitre impedir que los Estados determinen libremente la resolución de su deuda soberana". A su vez, la Cancillería destacó el documento del FMI en línea con el voto de la Asamblea General de la ONU que instó a establecer un marco legal para las reestructuraciones de deudas.