El freno de la obra pública: tras dos años de ajuste, no resurge como prioridad

Postulada como el motor de la economía durante la gestión de Mauricio Macri, la obra pública se convirtió en una de las principales víctimas de los fuertes recortes presupuestarios obligados por la crisis y los pagos de la deuda externa. Y el futuro no es promisorio para el sector. Aunque hay pocas certezas del plan económico que Alberto Fernández llevará a la Casa Rosada, las señales de que el kirchnerismo volverá a priorizar el consumo para reactivar la economía son claras y la necesidad de profundizar aún más los recortes en los gastos de capital quedó evidenciada en el proyecto de presupuesto 2020. ¿La obra pública está frente a su ocaso?

El macrismo convirtió la inversión pública en un pilar de la gestión y la enarboló como una bandera contra la corrupción de los años kirchneristas. Pero la esperanza del Gobierno en la obra pública como generador de empleo y como solución de problemas de infraestructura arrastrados por décadas, además de la expectativa de un beneficio electoral consecuente, quedó interrumpida con el estallido de la crisis de 2018: la ejecución del presupuesto para el sector comenzó a frenarse, se suspendió el anuncio de nuevas obras de envergadura y el Gobierno aprovechó en la campaña las inauguraciones de las obras ya iniciadas antes de dejarle a la nueva gestión otras 1400 en ejecución.

A ello se suman las recientes declaraciones de Fernández sobre el cambio de modelo. "Quiero que los bancos trabajen de bancos, dando crédito a la producción y el consumo. Hay que revivir el consumo", dijo el presidente electo, el jueves, en la conferencia de la UIA.

El Gobierno tenía previstos $209.474 millones para gastos de capital durante 2019, una baja real considerable con respecto a los $202.392 millones de 2018, frente a una inflación del 47,6%.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en los primeros nueve meses de 2019 el Estado había invertido $156.433 millones del ítem gastos de capital, apenas por encima de los $129.809 millones en el mismo período de 2018. Fue un 20,5% más en términos nominales, cuando la inflación interanual alcanzó el 53,5%.

En línea con la tendencia adoptada en los meses anteriores, los mayores recortes se dieron en las transferencias de capital a las provincias, previstas para sostener las obras de infraestructura en todo el territorio nacional, que muestran una caída interanual del 16,9%.

En el proyecto de presupuesto 2020, en tanto, el macrismo propuso un nuevo recorte, al estimar para ese ítem una inversión de $251.915 millones, un 17% más que 2019 en términos nominales pese a que el aumento de precios en lo que va del año ya acumuló 42,2%.

Estas previsiones están en duda, pues aún se desconoce en detalle la postura que adoptará el nuevo gobierno frente al proyecto del oficialismo. Una reformulación de lo que propuso el Gobierno o la presentación de un proyecto de ley propio están entre las posibilidades.

Herencia e incertidumbre

En el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, señalan que todavía "no está claro" cómo se va a conformar el área de obra pública e infraestructura en el gobierno de Fernández ni qué prioridad tendrá en la gestión, por lo que evitaron hacer un análisis sobre el futuro del sector en plena transición.

Por lo pronto, Fernández heredará 1406 obras en ejecución, según indicaron a LA NACION. La nueva gestión tendrá que terminar en todo el país 650 obras de vivienda, 56 hídricas, 264 de mejoramiento urbano (agua, saneamiento, pavimento e infraestructura de servicios), 63 construcciones, mejoras o renovaciones de edificios públicos, 61 mejoras del espacio público y 312 obras de iluminación, calles y veredas.

Entre especulaciones, pujas políticas y pocas confirmaciones, el equipo de Fernández dio señales de su plan de diversificar las áreas a cargo de la obra pública, por ejemplo, a través de la creación del Ministerio de Obra Pública o de Infraestructura, que dirigiría el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y de un Ministerio de la Vivienda, que estaría a cargo de María Eugenia Bielsa. Katopodis protagonizó esta semana una puja con Carlos Caserio, que sonó para ocupar un Ministerio de Transporte, dejándole menos poder al intendente, que manifestó su malestar.

De concretarse la creación de esos nuevos ministerios, las carteras quedarían desprendidas de un Ministerio del Interior político, que conduciría Eduardo "Wado" de Pedro.

El presidente electo, por su lado, no dio indicios de que la obra pública sea una prioridad en su gestión y dejó entrever que su aspiración es generar una reactivación del consumo fuerte en el corto plazo.

El descarte de la obra pública como eje de la gestión es un riesgo para el largo plazo, dice Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI. El economista sostiene que de ser necesario un ajuste mayor no se debe hacer en la inversión pública, porque el gasto se deberá hacer igual en el futuro. "La obra pública es el principal rubro donde se cortó el gasto para que los números den, pero la inversión que no hacés ahora la tenés que hacer después, por lo que no es sostenible que el sector público reduzca sustancialmente el gasto en infraestructura y no en otros", señaló a LA NACION.

El país terminará el año con una tasa de inversión -tanto pública como privada, aunque esta última minoritaria-, en torno al 10% del PBI, cuando el promedio de inversión en otros países es cercano al 24% (en Asia llega al 30%). En el principio de la gestión de Macri, el promedio había llegado al 17% del PBI.