El frente judicial, entre la pelea política y la necesidad de buscar impunidad

En sus 12 años, el kirchnerismo nombró a una Corte ejemplar, pero luego trató de diseñar un Poder Judicial a medida
En sus 12 años, el kirchnerismo nombró a una Corte ejemplar, pero luego trató de diseñar un Poder Judicial a medida
Hugo Alconada Mon
Hernán Cappiello
(0)
8 de diciembre de 2015  

Néstor Kirchner miró a la cámara y pidió, por cadena nacional, que el Congreso hiciera su "aporte a la calidad institucional" tras la crisis de 2001. Planteó que la "mayoría automática" de la Corte de Carlos Menem debía marcharse, pero estableció un límite: "No es nuestro deseo contar con una Corte adicta". Fue el 4 de junio de 2003. Era el noveno día del kirchnerismo en el poder. Doce años y medio después, el balance muestra claroscuros, zonas grises, reformas positivas y múltiples intentos de avasallar al Poder Judicial para garantizar impunidad a funcionarios investigados por corrupción.

El kirchnerismo planteó dos visiones contrapuestas sobre el Poder Judicial: muchos jueces se definieron como parte de un contrapoder constitucional y se reconocen como un límite republicano a la Casa Rosada; pero otros y muchos kirchneristas, incluida la Presidenta, entienden que integran una corporación elitista que por momentos actuó como un "partido judicial" y que en otros flirteó con promover un "golpismo judicial".

La discusión política que instaló el Gobierno sobre el rol del Poder Judicial obligó a jueces y fiscales a mostrarse como actores políticos, con intereses propios. Los obligó a dejar el bronce y mezclarse en el barro de la lucha política. Y los mostró capaces de salir a la calle para defenderse u honrar a los suyos, como en las marchas por los fiscales José María Campagnoli y Alberto Nisman.

Ambos, Campagnoli y Nisman, compartieron camino con el primer kirchnerismo. Uno se sumó al equipo de Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero años después casi termina destituido por investigar a Lázaro Báez por lavado de dinero. El otro lideró la Unidad Fiscal AMIA hasta que denunció a Cristina Kirchner y, cuatro días después, apareció muerto.

Durante aquellos primeros días en la Rosada, Kirchner sumó puntos en la opinión pública con la reapertura de las causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. También, porque se autoimpuso límites a la hora de designar jueces, firmó un decreto de acceso a la información pública y buscó licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, a los que intentó fusionar con el fuero ordinario, reforma que dejó de lado.

Impulsó también la renovación de la Corte y asumieron caras nuevas -Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco-, a los que Kirchner ni conocía. Un rasgo de independencia. A su vez, acusó a jueces de la Casación, como Alberto Bisordi, de entorpecer causas de derechos humanos y forzó sus renuncias.

Con el paso de los años, el kirchnerismo mostró otra cara, asociada a escándalos de corrupción y a intentos de garantizar su impunidad. Esta política ya era conocida en los 90. Lo que diferenció al kirchnerismo es que no sólo intentó frenar las causas para defenderse, sino que las inventó para atacar a políticos y empresarios rivales. A los primeros escándalos de corrupción, como el caso Antonini Wilson, el de la "embajada paralela" con Venezuela, la bolsa de Felisa Miceli o el triple crimen (y los aportes de Sebastián Forza a la campaña K) se sumó la ruta del dinero K. Luego vinieron los operativos de limpieza de expedientes incómodos para el Gobierno, como Skanska o los mails donde Ricardo Jaime describía un aparente entramado delictivo. El truco más resonante de magia judicial fue la desaparición de los casos de enriquecimiento contra los Kirchner.

La sociedad presenció los intentos del Gobierno de diseñar una Justicia a medida cuando el agente operativo de la ex SIDE Jaime Stiuso se movió por los sótanos del Poder Judicial. Ejemplos sobran: el procurador Esteban Righi presentó su renuncia tras una acusación de Amado Boudou, golpeado ya por el caso Ciccone, que terminaría por convertirlo en el primer vicepresidente procesado por actos de corrupción durante el ejercicio de su mandato en toda la historia argentina. Renunciado Righi, el Gobierno nominó a Daniel Reposo como procurador, pero no llegó a ningún lado por "errores de tipeo" en su currículum. Y, luego, a la fiscal Alejandra Gils Carbó. La oposición la votó, algo de lo que ahora se arrepiente. Embanderado en la "democratización de la Justicia", el Gobierno impulsó la reforma de todos los códigos y el armado de Justicia Legítima, con funcionarios que le son adeptos. El kirchnerismo colocó además abogados como jueces subrogantes en puestos sensibles y los eligió de un modo que la Corte terminó por declarar inconstitucional.

Lejos ya de aquellos primeros tiempos en que pregonó la "transparencia", el Gobierno acotó la información que los funcionarios deben volcar en las declaraciones juradas que presentan cada año en la Oficina Anticorrupción (OA). Y dejó a la Argentina como uno de los pocos países de América latina sin una ley de acceso a la información pública.

El Consejo de la Magistratura se convirtió en un centro de operaciones judiciales kirchneristas. Lo reformaron para "democratizarlo", pero en la práctica fue para controlarlo. La Corte otra vez puso las cosas en su lugar al declarar inconstitucional su reforma.

Ya sobre el final, el kirchnerismo y sus aliados fueron al choque explícito, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, amenazó con "tomar los tribunales". El mayor contraste entre los discursos iniciales del kirchnerismo a favor de la "institucionalidad" y sus acciones se registró en el Congreso. El mismo día en que archivó los pedidos de juicio político contra el ya procesado vicepresidente Boudou impulsó el juzgamiento del ministro de la Corte Carlos Fayt, que terminó por derrotarlos. Presentó su renuncia, pero efectiva el 11 de diciembre de 2015. Una irónica despedida.

La Corte, actor protagónico

Un tribunal necesario: el kirchnerismo eligió a los jueces de la Corte que iban a acabar con la mayoría automática del menemismo. Asumieron Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Elena Highton. En la etapa inicial, el Gobierno tuvo ese rasgo de independencia. Pero con el correr de los años, la Corte se convirtió en un actor político clave: por un lado, buscó mantener una relación de equilibrio con el Poder Ejecutivo, y por otro fue el freno institucional para los avances sobre la Constitución. Declaró la constitucionalidad de la ley de medios, aunque frenó la adecuación compulsiva; invalidó la reforma del Consejo, las leyes de democratización de la Justicia y de designación de jueces subrogantes con las que el Gobierno quiso diseñar una justicia a medida

Cuatro etapas políticas

Luna de Miel. El kirchnerismo se propuso en un principio dar un mensaje de independencia con el diseño de una nueva Corte Suprema, que acabara con la mayoría automática del menemismo. Néstor Kirchner nombró a jueces probos, a los que ni conocía, al tiempo que presionó para obtener las renuncias de camaristas contrarios a los juicios contra la dictadura

Primeros choques. El equilibrio que buscó la Corte no le alcanzó para quedar al margen de la lucha política: tuvo definiciones que la hicieron enfrentar con el Gobierno: la ley de medios le exigió certezas, decidió reajustes jubilatorios y abrió la puerta para miles de juicios

Intento democratizador. Con la declamada intención de democratizar la Justicia, Cristina Kirchner anunció un paquete de leyes para realizar profundas modificaciones en el Poder Judicial, que le resultaba esquivo y contrariaba sus deseos mediante el dictado de medidas cautelares y declaraciones de inconstitucionalidad. El paquete murió a los seis meses de anunciado, cuando la Corte lo hirió de muerte al opinar que era contrario a la Constitución. Atrás quedó el intento de elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura

Control total. Con la idea de diseñar una Justicia a medida, el Gobierno reformó el Consejo de la Magistratura y aprobó una ley para nombrar abogados kirchneristas como jueces subrogantes. La Corte volteó ambas leyes. Se aprobó el nuevo Código Procesal Penal, que prevé designar nuevos fiscales y miles de empleados, un riesgo latente de colonización del Poder Judicial

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.