El futuro de dos camaristas clave que inquieta al poder
Desde sus despachos revisan las decisiones más importantes de los jueces federales de Comodoro Py. Hoy, muchas miradas se enfocan en la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integran la Sala I de la Cámara Federal porteña. "Están en la cuerda floja", dijo una fuente que sigue de cerca las negociaciones en el Consejo de la Magistratura de cara a un eventual gobierno de Alberto Fernández.
Otro personaje del mundo judicial, sin embargo, sostiene que, además de estar respaldados por la validez legal de los traslados, Bruglia y Bertuzzi cuentan con el aval de la Corte para permanecer en sus cargos.
En la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura de hoy se tratará, entre otros temas, un proyecto de modificación del régimen de traslado de jueces. Este régimen se estableció en 2000. Los traslados solo llevan una recomendación del Consejo y la decisión final queda en manos del Ejecutivo, que sella el proceso con un decreto. Si bien es una vía considerada excepcional -la habitual es el concurso- se utilizó la herramienta para cubrir cargos durante el gobierno de Cristina Kirchner así como también durante el de Mauricio Macri.
Los jueces que ocupan la sala I de la Cámara Federal porteña fueron trasladados el año pasado para cubrir las vacantes que dejaron Eduardo Freiler -removido a través de un juicio político- y Jorge Ballestero, que renunció mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba en su contra tras el fallo que causó la excarcelación del empresario Cristóbal López. Sus traslados, que lograron la mayoría oficialista en el Consejo, fueron duramente cuestionados por la oposición y legitimados por el oficialismo.
La cámara tiene dos salas que deben ser integradas por tres jueces cada una. Hoy, la Sala I está integrada por Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens -que fue nombrado por concurso-, y la Sala II por Martín Irurzun. Algunos de los interlocutores del peronismo en el ámbito de la justicia dan por descontado que, en un eventual gobierno de Fernández, no habría dos, si no cuatro vacantes para cubrir en la Cámara. Insisten en que es posible dar "marcha atrás" y revertir los traslados de Bruglia y Bertuzzi.
Hace unas semanas trascendió que Eduardo "Wado" De Pedro, integrante del Consejo de la Magistratura, se reunió con Lorenzetti. Una fuente que dialogó con LA NACION aseguró que el ministro de la Corte, que mantiene también una buena relación con Martín Irurzun, sigue de cerca la situación de la cámara Federal.
En medio de los cuestionamientos por los movimientos que conformaron esta sala, el año pasado el ministro de Justicia Germán Garavano envió una nota a la Corte Suprema para pedir a sus ministros que se pronunciaran sobre la validez de los traslados.
En esa nota se hacía referencia explícita al expediente del traslado Bruglia. En la acordada 7/2018 la Corte sostuvo que si bien la de los traslados es una vía excepcional, es válida. En esa acordada, firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, se apoyan los camaristas para defender hoy la validez de sus traslados. En el macrismo todavía destacan como un hito la conformación de la Sala I. "Se rompió con la sala K y se cubrieron cargos vacantes", subraya seguido una fuente que participó de esa gestión.
Las decisiones de la Cámara
Bruglia y Bertuzzi firmaron fallos que resultaron adversos para el kirchnerismo. Su sala es la que interviene en la causa de los cuadernos de las coimas y, si bien aplicaron criterios disímiles a los del juez Claudio Bonadio, confirmaron la mayoría de sus decisiones a la hora de revisar los fallos que él firmó. Entre ellas estuvieron, por ejemplo, los procesamientos con prisión preventiva de Cristina Kirchner, las prisiones preventivas de Julio De Vido, y, en otros expedientes, las detenciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Ahora está en sus manos, nuevamente, la decisión de otorgar la excarcelación a López y De Sousa. Los dueños del Grupo Indalo pidieron su excarcelación, una vez más, después del fallo que dictó la jueza federal Carolina Capuchetti, que los sobreseyó en una causa donde se investigaba si quisieron vender acciones del Grupo Indalo mientras se encontraban en un proceso preventivo de quiebra.
Al sostener que sin esas imputaciones en curso se rompía la hipótesis de entorpecimiento de la justicia, los abogados de López y De Sousa pidieron al Tribunal Oral Nro 3 -que los juzga por fraude al Estado junto a Ricardo Echegaray- que les concediera la excarcelación. El TOF 3 accedió, y ahora, como ambos tienen otros pedidos de prisión preventiva efectuados por Bonadio, quien se opuso a su liberación, la sala de Bruglia y Bertuzzi analiza si ratifica o anula esas detenciones.
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