El GAFI amplió el plazo para reformas antilavado

Tras varios meses de negociaciones y gestos contra reloj desde la Argentina, el principal foro antilavado del mundo le concedió hasta febrero próximo al Gobierno para que avance con las reformas de su sistema antilavado. Hasta entonces continuará dentro de su llamada "lista gris" de revisión especial.

La decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se definió ayer, durante su reunión plenaria en París, tras la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, quien como jefe de la delegación nacional informó sobre las reformas aplicadas y pendientes desde la anterior reunión, de junio último.

Los dos ejes del debate fueron la nueva ley antilavado que aprobó la Argentina y el proyecto de ley que persigue la financiación del terrorismo, un viejo reclamo internacional al que se resistió el Gobierno, pero al que decidió ceder ante el riesgo concreto de ser expulsado del GAFI.

La delegación de Estados Unidos planteó la discusión sobre la membresía argentina en el plenario celebrado en México, en junio último, como reveló LA NACION, pero no lo repitió en París, donde el consenso se inclinó por concederle más tiempo a la Argentina para reformar su sistema.

"El GAFI valoró nuestro esfuerzo, aunque nos quedan deberes por hacer de acá a febrero, período durante el cual continuaremos bajo seguimiento intensivo", indicó Alak, en diálogo con LA NACION, tras el plenario. Entre esos "deberes", el Gobierno deberá lograr que el proyecto contra la financiación del terrorismo se convierta en ley, en un período en el que el Congreso entrará en receso. Pero, aun así, Alak remarcó que resultó "una reunión positiva".

Posible misión a la Argentina

La nueva ley antilavado también quedó bajo la lupa y se marcaron ciertas "inconsistencias". Más relevante, Estados Unidos y otras delegaciones abogaron por un "plan de implementación" para verificar su ejecución real.

En los últimos plenarios, sin embargo, Estados Unidos distó de ser el único crítico de la situación local. Se sumaron Canadá, España, Austria y México, entre otros, mientras que Gran Bretaña y Alemania emitieron comunicados para alertar a sus sistemas financieros. Esta vez, no obstante, Canadá mostró un perfil más componedor, al igual que China, que apoyó la posición argentina.

Para verificar la ejecución "real" de las reformas, el GAFI evalúa, incluso, enviar una nueva misión a Buenos Aires, según confirmó Alak a LA NACION. "Sería una visita similar a la que hicieron en diciembre" del año pasado, indicó el ministro.

Junto a Alak, la comitiva incluyó al jefe de Gabinete del ministerio, Juan Martín Mena -quien mantuvo una reunión de más de dos horas con la comitiva estadounidense-, y al jefe de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, que arribó a París el fin de semana para participar en las reuniones técnicas del "grupo de revisión especial" o "ICRG".

Desde el GAFI, de todos modos, perciben lo que definen como la "especial sensibilidad del caso argentino", lo que quedó expuesto con la denuncia penal del fiscal Carlos Stornelli en contra de los titulares de la UIF y el pedido -luego denegado- del diputado opositor y miembro del Comité de Finanzas Gerardo Milman para asistir al plenario en París. Sí participaron, en cambio, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el superintendente de Seguros de la Nación, Francisco Durañona, y representantes del Banco Central, del Ministerio de Economía y de la Inspección General de Justicia.