El gobierno abierto y la Justicia

Hace algunas décadas, pensar en la efectiva participación ciudadana en la gestión de gobierno generaba no sólo suspicacia por parte de los funcionarios públicos, acostumbrados a "entregar" la información estrictamente necesaria y a requerimiento expreso de la ciudadanía, sino que presentaba inconvenientes prácticos para su efectiva concreción, tales como la burocratización y demora en la gestión pública. Esta realidad implicaba una aparente dicotomía entre eficacia y transparencia.

El Gobierno Abierto entraña una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado, posibilitada por la disponibilidad y aplicación de Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) que facilitan múltiples interacciones entre actores sociales y estatales, y se traducen en vínculos más transparentes, participativos y colaborativos. Implica un cambio de dinámica en las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, vinculando a la ciudadanía con las políticas públicas y los servicios públicos desde un rol activo, como co-gestor de ellas y no como un mero receptor pasivo de las gestiones desarrolladas por el Estado.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion ha sido pionero en la implementación del Gobierno Abierto, a través de la aprobación del Programa Justicia 2020 y la inmediata aplicación de medidas tendientes a agilizar y simplificar los servicios auxiliares de justicia hacia el ciudadano.

Para eso, en primer lugar fue necesario desburocratizar, agilizar y transparentar la administración y en paralelo implementar herramientas mediante las cuales se instrumente la participación de la sociedad civil en el marco del Programa Justicia 2020, las que no descansan únicamente sobre las TIC, sino en una doble modalidad, a través de la plataforma web y mediante la participación en reuniones presenciales, lo que posibilitó construir propuestas legislativas relativas al fortalecimiento del poder judicial, a la lucha contra la corrupción, al fortalecimiento de la investigación criminal, la organización de la justicia penal, actualización de la legislación nacional en derecho privado, cultura legal, genero, trata y discapacidad. Gracias a los consensos logrados gracias a esta herramienta el ministerio es una de las carteras que logró que más leyes se voten en el Congreso.

Si bien Oscar Oszlak (2013) resalta que la ciudadanía, en general, suele implicarse en las políticas públicas y la gestión de gobierno cuando se encuentra directamente afectada, en Justicia 2020 participan más de 50.000 personas.

Al unísono, fue necesaria la implementación de políticas de mejora de la gestión y transparencia en la Cartera Estatal en cuestión. Para ello, la jurisdicción que conduce Germán Garavano hizo visible y traspasó al presupuesto nacional los fondos de los servicios registrales de justicia, haciendo autosustentable al Ministerio, el cual actualmente no insume fondos del tesoro nacional. A través de la quita de subsidios, se redujo en un 40% promedio el costo al ciudadano lo que fue posible gracias a la reducción de tasas y la digitalización de los servicios registrales.

La reingeniería de procedimientos internos, la implementación de sistema bancarios en convenio con la AFIP, así como la aplicación total del expediente electrónico, el sistema abierto y digital de compras y otros sistemas de gestión interna que democratizan la información, fueron claves en esta nueva relación con el ciudadano. Esto permitió también la eliminación de los conocidos "legítimos abonos" que se refieren a la continuación de los contratos sin licitación pública en el sector público, así como en la disponibilidad de información a través de los portales (transparencia activa).

Un Gobierno Abierto es aquél que pone a disposición del público los datos que obran en su poder o que se encuentra en condiciones de generar por resultar útiles para la ciudadanía. En este sentido, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto decreto N° 434/2016, el cual expresamente se refiere al Gobierno Abierto como uno de los ejes en los que se sustenta el proceso modernizador del Estado Nacional, en general, y del Ministerio de Justicia, en particular. Con importantes aciertos y cuestiones a corregir, se ha iniciado un proceso que no permite retrocesos en materia de Gobierno Abierto en la gestión pública.

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Adrián Havas es director general de Administración del Ministerio de Justicia y DDHH

Adrián Havas