El Gobierno aceptará cambios en el Código Procesal Penal

En medio de una creciente ola de críticas a varios puntos conflictivos del proyecto, el ministro de Justicia, Julio Alak , aseguró ayer en el Senado que el texto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que impulsa el gobierno de Cristina Kirchner está sujeto a modificaciones y no será aprobado "a libro cerrado".

Como contrapartida al gesto de apertura del Poder Ejecutivo manifestado por Alak, el oficialismo confirmó que reducirá en una semana el tratamiento en la Cámara alta de la voluminosa iniciativa de 349 artículos. Según anunció Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto recibiría dictamen el 12 de noviembre y llegaría al recinto una semana después.

Si bien no es la primera vez que el Gobierno sale al cruce de las denuncias de la oposición sobre la inamovilidad de sus propuestas parlamentarias y después no cumple con su palabra, en este caso Alak no hizo más que anticipar que el kirchnerismo realizará cambios en el proyecto para tratar de cerrar la brecha que algunas de sus disposiciones abrieron en el interior del conglomerado oficialista.

Una de ellas es la polémica expulsión de extranjeros atrapados durante la comisión de un delito, medida que destacó la Presidenta al anunciar el envío de la propuesta al Congreso y que impulsó el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con una escalada de declaraciones durante la última semana, pero que generó el rechazo de sectores del oficialismo, entre ellos varios miembros de la bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados, que repudiaron la postura del funcionario.

"Lo que se está abriendo es un gran debate nacional y una mecánica de participación ciudadana más amplia", afirmó ayer Alak ante las comisiones de la Cámara alta que analizan el proyecto del nuevo código de rito en materia penal.

Aparición imprevista

La presencia del ministro no estaba prevista, razón por la cual cobraron más relevancia su aparición ante los legisladores y su anuncio de que el proyecto de CPPN está sujeto a mejoras.

Pero es que, además de las quejas de los sectores más garantistas del kirchnerismo por medidas que podrían violentar derechos civiles, varios de los procuradores y jueces invitados a exponer ayer en el Senado plantearon serios cuestionamientos a varios de los procedimientos establecidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Siempre en un contexto de aval al cambio de procedimiento que impulsa el Gobierno -se pasará del sistema inquisitivo al acusatorio, que garantiza mayor participación a las víctimas y da más poder a los fiscales-, los funcionarios judiciales del interior pusieron objeciones a institutos como la prisión preventiva y a algunos de los plazos establecidos en el proyecto.

Así, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, alertó sobre la necesidad de que la reforma vaya acompañada de la capacitación del personal y de una necesaria adecuación de la infraestructura y de los recursos.

"El mejor código puede ser la peor instrumentación si no hay un compromiso, una capacitación y un cambio cultural profundo en aquellos que van a operar el sistema", aseguró la procuradora.

Sobre la prisión preventiva, Falbo calificó de "imposible" cumplir con el plazo máximo de cinco meses para celebración del juicio, dado la cuantía de causas.

También consideró escaso el plazo de 72 horas con el que contará el fiscal para justificar ante el juez la prisión preventiva. "No todos los delitos son iguales", afirmó la procuradora bonaerense, quien destacó que no es lo mismo reunir las pruebas en un caso de un hurto que en uno con toma de rehenes. Pidió una prórroga por otras 72 horas, aunque también destacó que en la provincia de Buenos Aires, que tiene el sistema acusatorio, se justifica hasta 15 días de detención.

El fiscal Eduardo Quattropani, de la provincia de San Juan, también reclamó mejoras de recursos e infraestructura para garantizar el funcionamiento del nuevo sistema procesal.

Por último, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, alertó sobre algunas carencias del proyecto en cuanto al rol de la víctima en el proceso, en particular en causas relacionadas con hechos corrupción. En ese sentido, destacó que el texto no incluye al fiscal de Estado, la Procuración del Tesoro ni a otras oficinas anticorrupción cuando la víctima del delito es el Estado, organismos que, dijo, "pueden aportar mucho a la investigación".

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