El Gobierno advierte al fiscal Pollicita que imputar a Cristina sería "una maniobra de desestabilización democrática"

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, advirtió esta mañana al fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación de la denuncia que Alberto Nisman hizo antes de su muerte, que imputar a la presidenta Cristina Kirchner sería "una clara maniobra de desestabilización democrática".

Pese a manifestar que la eventual imputación a la primera mandataria "no tiene valor jurídico ni importancia", el funcionario que habla antes de Jorge Capitanich en Casa Rosada lanzó una fuerte embestida contra el fiscal, debido a que consideró que una medida de ese tipo generaría una fuerte conmoción política, a la que evocó con la voz latina "estrepito fori" (sic).

"No tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia", afirmó Fernández, aunque reconoció que el "strepitus fori que se genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que cuestiono del fiscal, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática".

El secretario general de la Presidencia -antes de remitir al rechazo de la Procuración del Tesoro a la denuncia de Nisman- puso como ejemplo para esa opinión: "Lo que le llega a mi mamá que no conoce de derecho, seguramente dice «Uy, mirá, la presidenta en una causa»... cuando en realidad está mencionada en una causa rídicula, bochornosa, insultante".

Pollicita está a cargo de la denuncia que Nisman había presentado cuatro días antes de morir. En su escrito, denunció a Cristina Kirchner, el canciller, Héctor Timerman; el diputado Andrés Larroque, y el dirigente Luis D'Elía, entre otros, por la "decisión deliberada de encubrir" a los imputados iraníes en la causa AMIA.

Nisman fue hallado muerto el domingo 18 de enero, apenas horas antes de ampliar su denuncia y explicar sus fundamentos ante el Congreso.

En su denuncia, Nisman escribió que Cristina negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales", de modo de fabricar la inocencia de Irán. Incluso se habló de que Irán comprara armas. En la denuncia, se señala que "la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman".

El fiscal sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el ex jefe de la fuerza Al Quds y ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari. "El plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Timerman viajó a la ciudad siria de Aleppo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados."

El acuerdo se plasmó en el memorándum, pero se interrumpió ante la negativa de dar de baja las circulares rojas. Decayó entonces el interés de Irán en el pacto.