El Gobierno analiza qué parte anular

El mundo financiero rechaza la modificación de la ley de quiebras que ayer sancionó la Cámara de Diputados, y el Gobierno sabe que no es el mejor momento para enemistarse con el sector al que aspira convencer para obtener una ayuda monetaria extraordinaria.

"El veto está decidido; sólo falta decidir si será total o parcial", dijo una alta fuente del Ministerio de Economía.

En la Casa Rosada hablar de la ley de quiebras era tema prohibido ayer. Todas las fuentes de Interior, de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete mostraron un absoluto hermetismo a la hora de referirse al tema.

La ley es uno de los temas que analizaron el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, con el ministro Jorge Remes Lenicov.

Sólo cuando se termine de acordar el programa económico integral con el organismo internacional se decidirá la suerte del proyecto sancionado ayer.

Por ejemplo, la pesificación 1 a 1 de las deudas no bancarias no está decidido que vaya a ser parte del plan que anunciará Remes Lenicov el sábado.

Tampoco es bien visto en el extranjero el artículo que obliga a las entidades financieras a reprogramar créditos en un plazo de 90 días.

Desde Roma, el canciller Carlos Ruckauf puso paños fríos sobre rumores de un posible veto del Poder Ejecutivo.

"Hay intereses contrapuestos muy importantes -reconoció ante una consulta de la enviada especial de LA NACION -. Están, por un lado, los bancos, que tienen derecho a recuperar el dinero que han invertido, pero también están las empresas argentinas con obreros argentinos, que no pueden quebrar en la misma forma que habitualmente en medio de una conmoción económica de esta magnitud."