El Gobierno apelará ante la Corte Suprema el fallo de la jueza Servini de Cubría que declara inconstitucional la reforma del Consejo

El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que el Ejecutivo acudirá a la Corte a través de un per saltum; "No queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución", dijo
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12 de junio de 2013  • 10:22

El Gobierno apelará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de la jueza María Servini de Cubría que declara inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por Cristina Kirchner. El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró esta mañana que el Poder Ejecutivo acudirá al máximo tribunal "entre hoy y mañana" a través de un per saltum .

"No queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución", dijo el funcionario, en diálogo con Radio Continental.

De esta forma, el Gobierno no apelará la sentencia ante la Cámara Electoral y acudirá directamente a la Corte a través de un per saltum. "El estado nacional va a apelar este fallo. Creemos que debe ir por la vía del per saltum porque hay gravedad institucional", afirmó Alak.

El presidenta de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ya anunció públicamente que una vez que reciba el caso, el máximo tribunal lo resolverá lo más rápido posible.

Luego de que Servini de Cubría se pronunciara en contra de los cambios en el Consejo impulsados por la Casa Rosada, varios representantes del kirchnerismo rechazaron la sentencia y cuestionaron al poder judicial.

La inconstitucionalidad de la reforma

Servini de Cubría dictó anoche la primera sentencia definitiva contra la reforma del Consejo de la Magistratura: declaró inconstitucional tanto la nueva composición que la ley establece para el organismo como la forma "popular y partidaria" de elegir a sus miembros.

Su fallo de ayer tuvo tres ejes centrales: "el equilibrio" del Consejo -según ella, roto por la reforma-, "la elección popular y partidaria" y "la independencia" judicial.

"El solo hecho de pensar en jueces cuyos nombres figuren en boletas electorales encabezadas con el nombre de un partido político, le quita a esos magistrados todo atisbo de independencia o imparcialidad, permitiendo abrigar fundadas sospechas en relación a su futura actuación en los posibles casos en que esa entidad política o sus integrantes pudieran tener intereses", afirmó Servini.

Además, sostuvo que la reforma vulnera el "equilibrio" que exige la Constitución entre los diferentes estamentos porque incrementa en forma desproporcionada el número de académicos, de uno a seis.

"Si sumamos a ello la circunstancia de que los integrantes de dicho estamento pasarán a ser elegidos mediante el voto popular, en listas de candidatos propuestas por los partidos políticos, la desnaturalización del cuerpo se acentúa no sólo por la variación del número de miembros (...), sino por el origen político partidario de los mismos", sostuvo. De convalidarse esa desproporción -añadió- "el Consejo podría sufrir influencias indeseables".

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