Las negociaciones por el futuro pacto fiscal. El Gobierno apuesta a una nueva oferta

El Gobierno definió anoche una nueva oferta para tentar a las provincias a firmar un nuevo acuerdo fiscal antes de que la demora en las negociaciones ponga en riesgo el plan económico que anunció el presidente Fernando de la Rúa el jueves último.

El tiempo apremia. Por un lado, varias provincias están al límite de la bancarrota por la falta de fondos (ayer La Rioja se declaró en una virtual cesación de pagos). Por otro, la Nación necesita recibir urgente apoyo político. De la Rúa partirá mañana a los Estados Unidos, donde se entrevistará con el presidente George W. Bush. Tener que pedirle aval al nuevo plan económico sin consenso interno es un escenario temible para el oficialismo.

La propuesta con la que la Nación busca salvar el conflicto consiste en garantizarles a los gobernadores que se pondrá al frente de las negociaciones con la banca privada para bajar "de inmediato" los intereses de las deudas provinciales.

Ese fue uno de los puntos que De la Rúa trató con los principales banqueros del país, a quienes invitó a la Casa Rosada para pedirles apoyo al canje de la deuda pública nacional, punto fundamental del paquete económico. "Se habló en general de eso, pero no en detalle", señaló Manuel Sacerdote, vicepresidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA). De todos modos, fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron anoche que existía buena predisposición de las entidades financieras.

Actualmente, la mayoría de los distritos del país paga intereses de hasta el 24 por ciento. El Gobierno ofrece llevarlos hasta el 7 por ciento desde el momento en que se firme el nuevo pacto fiscal, así como posponer el pago de capital de las deudas provinciales hasta 2004. Hasta los últimos días no existía un compromiso de que ese trámite pudiera ser inmediato.

Según el borrador oficial -que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, envió por fax y por correo electrónico a todas las provincias-, eso bajaría los servicios de las deudas provinciales en noviembre y diciembre en unos 1000 millones de pesos. Pasadas las 20, el ministro del Interior, Ramón Mestre, llamó uno a uno a los gobernadores para buscar reacciones.

La oferta había sido revisada y aprobada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, confirmaron las fuentes.

Escepticismo

De todos modos, hasta última hora de anoche ninguno de los mandatarios se mostraba seguro de que hoy pudiera resolverse la pelea por los fondos de la coparticipación, que ya entró en su tercera semana.

Con estricta reserva, algunos peronistas reconocían que el acuerdo está más cerca. Otros, como Carlos Ruckauf (Buenos Aires), reiteraban que no firmará nada si el Gobierno no envía parte de lo que adeuda en dinero efectivo.

De lo que nadie tiene duda es de que hoy será un día clave. Los gobernadores del PJ y de la Alianza retomarán la rutina de los últimos 20 días y se reunirán en Buenos Aires a la espera de una solución. Los justicialistas se encontrarán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los aliancistas, en la Casa de Chubut.

Paralelamente, el Congreso se podría transformar en escenario de una disputa que no le hace ninguna gracia al Gobierno, sobre todo en la víspera de un viaje presidencial a los Estados Unidos. La mayoría de los gobernadores anunció que cumplirá su promesa de impulsar en la sesión del día leyes urticantes para la administración De la Rúa, como la coparticipación del impuesto al cheque.

Doble riesgo

Por eso, si no se alcanzara un acuerdo hoy, el Gobierno se arriesga no sólo a quedar debilitado por la falta de consenso interno, sino a que por medio del Parlamento quede comprometido el dinero que ofrecería de garantía para el canje de la deuda.

"Yo no firmo ningún acuerdo que no me asegure que me van a pagar por lo menos la mitad de la deuda en efectivo", ratificó ayer Ruckauf (sobre lo que se informa en la página 10), mientras el jefe del bloque justicialista en Diputados, Humberto Roggero, aseguraba que su partido avanzará en la embestida legislativa.

Uno de los principales escollos que impiden el éxito de las negociaciones es que el Gobierno ofrece pagar los fondos que adeuda a las provincias (cerca de 1300 millones de pesos, entre coparticipación y planes sociales atrasados) con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Los gobernadores reclaman que por lo menos la mitad de ese monto sea girada en efectivo. Alegan que sólo con dinero pueden cumplir con sus obligaciones más apremiantes.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete indicaron que el Gobierno sigue firme en su posición respecto de ese punto, aunque la rebaja de intereses permitiría a los gobernadores contar con el dinero que ahorrarían.

Sólo cederían en dejar que los distritos con menos déficit (Santa Cruz, San Luis, La Pampa y la Capital Federal) cancelen impuestos nacionales con los bonos.

En previsión de que la oferta no seduzca a todos, el Gobierno promoverá acuerdos bilaterales con las provincias a las que les convenga firmar.

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