El Gobierno apuesta al apoyo de EE.UU. y de algunos bonistas

Se jugará a todo o nada con otra apelación a la decisión del juez Griesa; cree que los acreedores que entraron en los canjes jugarán a favor
Martín Kanenguiser
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11 de noviembre de 2012  

Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de los bonistas que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, el Gobierno se jugará a todo o nada en las próximas semanas a apelar el fallo que lo condena a pagarles a los acreedores que siguen en default.

Luego de la audiencia de anteayer en la que el juez Thomas Griesa advirtió que el Gobierno no puede eludir el cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones, el único escenario posible es lograr que la Cámara acepte un planteo del 93% de los bonistas, que sí aceptaron canjear sus bonos impagos.

En cambio, para el Ministerio de Economía la reapertura del canje no es una opción porque no lograría el objetivo deseado (que entren los demandantes) y porque tampoco cuenta con el aval presidencial para hacer una tercera reestructuración.

El diálogo entre Griesa, los abogados de la Argentina, Carmine Bocuzzi, y del fondo Gramercy (que aceptó el canje), Sean O’Shea, en la reunión de anteayer, refleja que el cansancio de la justicia norteamericana hacia el gobierno argentino ya no parece tener punto de retorno. Cuando O’Shea le pidió al magistrado del sur de Nueva York, quien definirá en las próximas dos semanas la forma en que la Argentina les debe pagar a los acreedores, que no deje a los bonistas que aceptaron los canjes como "rehenes" del juicio entre el Gobierno y los holdouts, Griesa se enojo.

"No hay rehenes en la Corte; se trata de cumplir con una sentencia", disparó el magistrado, que ha tenido en sus manos la mayoría de los casos por el default argentino desde 2002.

O’Shea aclaró a LA NACION desde Nueva York que tienen una "preocupación", que tratarán de hacer valer ante los próximos pagos que debe hacer el Gobierno en Nueva York, el 2 y el 15 de diciembre, por US$ 85 millones del Global 2017 y US$ 3300 millones del cupón ligado al PBI, respectivamente. Si Griesa definiera la fórmula de pago antes de esas fechas, como adelantó ayer, afectaría el cobro de los bonos argentinos que Gramercy tiene al otorgarles los mismos derechos a los "fondos buitre" que a los minoristas argentinos que ganaron dos instancias del caso.

"Es la bala de plata que le queda al Gobierno: hacer valer la influencia de los bonistas que entraron al canje sobre la Cámara de Apelaciones, porque Griesa tal vez no los escuche, pero la Cámara sí", opinó un abogado al tanto del caso. En Economía esperan que fondos como Gramercy sumen sus escritos ante Griesa. Hay intereses en común entre el Gobierno y esos bonistas que canjearon sus títulos y podrían habilitar canales informales de diálogo.

El viernes próximo, la Argentina debe presentarle al juez un plan para pagarles a los holdouts, en un contexto muy complicado, porque si el magistrado no está conforme con ese planteo, lo resolverá por sí solo; si el Gobierno quiere eludir ese mal trago, debería blanquear ante Griesa que tiene un plan de pago; de mínima, implicaría anunciarle que pretende reabrir el canje nuevamente, lo que implicaría derogar la "ley cerrojo", sancionada para fomentar el ingreso de los acreedores en los dos canjes mencionados.

De máxima, sería aceptar la pretensión de los demandantes, un escenario imposible de imaginar dadas las palabras de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que rechazaron el pago a los "fondos buitre".

Este rechazo generó un fuerte contrapunto entre Griesa y el abogado de la Argentina Carmine Bocuzzi, ya que el magistrado dijo que "la República está tratando de eludir el pago" y el letrado lo negó. Allí, el juez defendió la "rigurosidad" de los diarios argentinos para reproducir los detalles del caso en la última década.

Fue entonces cuando Griesa advirtió que, si la Argentina no les hace un pago, recibirá fuertes sanciones de la justicia, aunque a la vez mantuvo en suspenso la aplicación de la cuestión de fondo (el criterio sobre el pari passu), pese al pedido de NML-Elliott en el sentido contrario. Este aspecto –destacado ayer por el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino– fue el único elemento positivo para la Argentina de la audiencia de anteayer.

La bala de oro

La otra bala, la "de oro", es la posibilidad de que si Griesa o la Cámara no hacen lugar al planteo argentino, el Gobierno trate de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y allí contaría con un aval clave: el del gobierno norteamericano, que reiterará en un escrito que la justicia no puede darles a los holdouts un trato mejor que a los bonistas que entraron en los dos canjes.

Según pudo saber LA NACION, en Washington el reclamo de los "fondos buitre" provoca una enorme incomodidad. Por un lado, los funcionarios de la administración Obama creen que darles la razón a los fondos especulativos en el caso argentino puede boicotear las reestructuraciones de los países europeos; pero, a la vez, tienen el mandato del Congreso de apoyarlos, tal como se refleja en el voto contrario a la Argentina en el Banco Mundial, el BID y, en diciembre próximo, en el FMI.

A su vez, el argumento de EE.UU. de que un fallo firme en contra del Gobierno pondría al país al borde de una nueva crisis económica por un nuevo default –replicado parcialmente por la defensa argentina ante Griesa– puede tener el peligroso efecto de convertirse en una profecía autocumplida.

Tensión en crecimiento

Se avecinan semanas clave para la situación de la deuda

Adrian cosentino

Secretario de finanzas
  • "Como anticipamos, la situación frente a los bonistas que ingresaron [en los canjes] no cambió; seguirán cobrando en tiempo y forma, tal como se comprometió el Gobierno".
  • Thomas griesa

    Juez en Nueva York

  • "Si hay algún pensamiento de parte de la Argentina de desafiar y evitar el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser reconsiderado y dejado de lado".
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