Ley de barras: Bullrich dio luz verde para prohibir que funcionarios sean dirigentes de fútbol

Es el camino que encontró el Gobierno para destrabar las críticas internas y de la oposición al proyecto
Es el camino que encontró el Gobierno para destrabar las críticas internas y de la oposición al proyecto Crédito: Presidencia
Es el camino que encontró el Gobierno para destrabar las críticas internas y de la oposición al proyecto
Maia Jastreblansky
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18 de enero de 2019  

El Gobierno confirmó ayer que quiere, lo antes posible, la sanción de la ley que agrava las penas contra los barrabravas y otros delitos vinculados al fútbol. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se volverá a pedir su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero.

Para este debate, Bullrich -encargada de trabajar los acuerdos- dio luz verde para introducir un articulado que podría generar un cimbronazo en los despachos públicos: la prohibición para que los funcionarios sean directivos de clubes de primera y segunda división.

La propuesta es de la Coalición Cívica. Los socios de Cambiemos quieren introducir modificaciones a la ley para que, además de la cuestión penal, se aborden los aspectos éticos del "matrimonio" entre la política y el fútbol. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que Bullrich les dio el visto bueno a los legisladores que responden a Elisa Carrió para que intenten introducir ese artículo, ahora que el proyecto volvió a comisión en Diputados.

"Bullrich ya lo habló con Burgos [Gabriela, presidenta de la Comisión de Legislación Penal] y les dio el visto bueno a las diputadas de la CC para que intenten introducir el tema en el debate de febrero", dijeron cerca de la ministra.

En la Casa Rosada el asunto llegó a los oídos de los funcionarios más cercanos a Mauricio Macri a fin del año pasado. Pero aún no analizaron los alcances que podría tener la medida ni tomaron posición. "Hay que ver si es viable desde lo legal y qué alcances tiene", señalaron, con reparos, en Balcarce 50.

Las diputadas de la CC Marcela Campagnoli y Paula Oliveto habían mencionado la propuesta a principios de diciembre, durante la sesión en la que se intentó tratar el proyecto por primera vez. El tratamiento se postergó hasta el 18 de ese mes, cuando el proyecto se aprobó en general. Pero hubo desacuerdos para su aprobación en particular y la iniciativa volvió a comisión.

Tras varias semanas de receso legislativo, el planteo de la incompatibilidad entre la función pública y los cargos directivos en el fútbol vuelve a estar sobre la mesa. La CC quiere ir por la alternativa de máxima: proponer que ningún funcionario, de ninguno de los tres poderes, pueda participar de comisiones directivas en los clubes de fútbol de primera y segunda división o en asociaciones profesionales de fútbol.

En problemas

De aprobarse algo así, algunos fiscales y jueces que tienen una participación activa en la vida de los clubes de fútbol deberían abstenerse. Por caso, el presidente de Boca y hombre cercano al Presidente, Daniel Angelici, no podría tener un cargo en el Estado en el futuro.

Fuentes oficiales no descartan plantear una opción más acotada, en la que el conflicto de intereses alcance solo a los funcionarios que tienen competencia en materias vinculadas al deporte. "Si quieren, que lo planteen para toda la administración pública", fue, sin embargo, la frase de Bullrich cuando le llevaron la propuesta. Así, dio luz verde, aunque dejó la intentona en manos del sector que responde a Lilita.

Otro de los artículos que generan polémica es el que establece penas de prisión para la tenencia de entradas no oficiales a los partidos de fútbol. En la oposición pidieron revisarlo porque consideran que las sanciones que planteó el oficialismo son excesivas. Pero desde el Poder Ejecutivo ya pidieron no flexibilizar este punto.

En la conferencia de prensa, ofrecida tras la primera reunión de gabinete del año, Bullrich también anticipó que buscarán que en extraordinarias se trate el proyecto que prevé la articulación entre la Justicia Federal y los tribunales provinciales, para prevenir problemas de competencia en los casos de narcomenudeo y narcotráfico. En el Gobierno creen tener consenso para lograr la aprobación de la iniciativa.

Durante las sesiones extraordinarias -que tendrían lugar la segunda o tercera semana de febrero- también se buscará la aprobación de los pliegos de jueces enviados por el Poder Ejecutivo. El Código Penal, el régimen penal juvenil y el proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los que cometan delitos violentos quedarían para marzo. Otro tema que podría ingresar es el financiamiento de las campañas, que quedó trunco el año pasado.

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