Nueva política migratoria: la Casa Rosada estudia los borradores del decreto. El Gobierno blanquearía a 700 mil inmigrantes ilegales

Busca regularizar la situación de los indocumentados de los países del Mercosur

4 de enero de 2004

LA NACION

El gobierno del presidente Néstor Kirchner analiza medidas para regularizar la situación de los extranjeros indocumentados e ilegales procedentes de los países limítrofes que son miembros plenos o asociados del Mercosur. Y así documentar a todo ese universo de inmigrantes irregulares, que rondaría las 700 mil personas.

Los borradores están muy avanzados. Existe un llamativo hermetismo en la Casa Rosada porque todavía falta que Kirchner los analice y apruebe. Si ello ocurre se emitirían los decretos respectivos y se podrían anunciar en las próximas semanas.

El plan consiste, según confiaron altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION, en un avance hacia la simplificación casi total del trámite de obtención del documento por parte de los extranjeros de países del Mercosur.

Esos requisitos resultaban hasta hoy muy rigurosos. Los inmigrantes sólo deberán ahora acreditar su ciudadanía de origen en un país limítrofe, presentar un certificado de salud y otro que demuestre que no tiene antecedentes policiales o penales en la Argentina o en el exterior.

Limitan con la Argentina Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Si se cumplen las condiciones, los aspirantes lograrán una residencia por un año, prorrogable por otro año. Si luego de ese lapso acredita medios de vida lícitos -empleo formal-, obtendrá la residencia permanente, con lo cual, si lo desea, podrá iniciar el trámite de ciudadanía y adquirir todos los derechos ciudadanos, como el de votar.

Hasta tanto se ponga en marcha el nuevo régimen se suspenderían las expulsiones de inmigrantes ilegales, incluso las que están en trámite por falta de documentación, según altas fuentes del Gobierno.

"La idea es documentar a todos los irregulares de países limítrofes, en línea con la legislación del Mercosur", adelantó a LA NACION una alta fuente de la Casa Rosada.

"Hay una fortísima revisión de toda la política migratoria. Se hará un ordenamiento de la situación de los extranjeros. Primero regularizarlos y luego documentarlos", admitió ayer a LA NACION el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Pero no quiso avanzar más allá. "No puedo adelantar los detalles. Primero tiene que analizarlos el Presidente", se disculpó.

Sin embargo, otras fuentes de la Casa Rosada adelantaron algunas propuestas de la Dirección Nacional de Migraciones, que dirige Ricardo Rodríguez. Por ejemplo, si el aspirante vive aún en su país de origen podría acudir al consulado argentino allí e iniciar los trámites, acreditar que cumple con los nuevos requisitos y acceder a una "residencia consular" por un año prorrogable.

Para los extranjeros que viven en la Argentina, en cambio, se podría habilitar una oficina especial en todos los municipios dirigida por un coordinador. La oficina y el coordinador serían del municipio. En cada intendencia se entrenaría a agentes sociales de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que serían los representantes de los inmigrantes que aspiran al beneficio de residencia ante el gobierno nacional.

En esa oficina se concentraría la documentación, se completarían planillas y se las enviaría a Migraciones. Si todo estuviese en orden, Migraciones enviaría a un delegado para controlar la documentación y la extracción de las impresiones digitales y fotografías. El delegado firmaría la radicación y habilitaría un expediente en papel y otro informático.

Con esta simplificación, se daría por tierra con los viejos criterios que se exigían para obtener la residencia según la llamada "ley Videla", impuesta por la última dictadura militar. Se requería por ese mecanismo tener un hijo argentino, ser casado con un ciudadano o ciudadana argentinos, y tener contrato de trabajo, entre otras cosas.

Nueva ley

Las nuevas medidas -que aún debe analizar a fondo Kirchner- tendrían sustento jurídico en el nuevo régimen migratorio aprobado por ley hace dos semanas en el Congreso. Esa ley, de la que se informa en esta misma página, favorece y facilita la radicación de extranjeros en el país, y se hizo sobre la base de un proyecto del diputado socialista Rubén Giustiniani, que fue respaldado por el Gobierno.

El nuevo régimen, además, está en línea con la nueva legislación del Mercosur, que ordena reconocer el ingreso de extranjeros en los países miembros con la sola condición de ser ciudadanos del bloque.

Los objetivos de fondo, según fuentes gubernamentales, son tener una política migratoria activa, alentar la inmigración legal, resolver el problema del trabajo en negro y de la explotación de los extranjeros ilegales, fortalecer los lazos dentro del Mercosur, eliminar las trabas burocráticas y evitar la maraña de corrupción en la tramitación de expedientes.

"Se terminará eso de pedir coimas para destrabar expedientes", dijo un funcionario del Gobierno.

"Hay que ordenar hacia adentro y hacia afuera la situación de los extranjeros", dijo Fernández.

"Esto terminará con el trabajo en negro de los extranjeros y con la explotación de los ilegales, que trabajaban por monedas. Por eso hay un objetivo social", dijo otro funcionario gubernamental.

En Balcarce 50 esperan que la legalización de los inmigrantes irregulares induciría a éstos a blanquear su situación laboral y a los empleadores, a formalizar a sus empleados.

En Migraciones estiman que existe 1.200.000 extranjeros en el país, entre legales e ilegales. De ellos, 700 mil son inmigrantes irregulares de países limítrofes y menos de 100 mil corresponden a países no limítrofes.

Mariano Obarrio

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