El Gobierno busca aprovechar el caso López para apurar leyes

El gobierno de Mauricio Macri buscará aprovechar el oxígeno que le dio la detención del ex funcionario kirchnerista José López cuando intentaba ocultar 9 millones de dólares. El propósito más imediato es fortalecer la relación con los gobernadores del PJ para licuar el poder del kirchnerismo en el Congreso, negociar en forma bilateral con los sub-bloques peronistas, e impulsar las reformas judiciales orientadas a combatir y evitar la impunidad en los casos de corrupción.

Según confiaron ayer a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada, la prioridad será comenzar a debatir en la Cámara de Diputados la reforma del Ministerio Público Fiscal. El plan es quitarle margen de acción a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, identificada con el kirchnerismo.

El Presidente considera también que se abrió un escenario político favorable para aprobar en la Cámara baja su proyecto de ley del arrepentido y otro de extinción de dominio del Frente Renovador, de Sergio Massa , para recuperar los activos obtenidos en forma ilícita por funcionarios corruptos.

"Hay un clima de excelente diálogo con el massismo", dijo a LA NACION una fuente cercana al ministro del Interior, Rogelio Frigerio .

También el Gobierno impulsará el pedido para que Diputados autorice el allanamiento a las propiedades del diputado y ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido , que la semana última fue bloqueado por el Frente para la Victoria (FPV). El escándalo de José López le dejaría poco margen al kirchnerismo para volver a oponerse.

"Será clave la relación con los gobernadores y los sub-bloques vinculados a ellos que se están abriendo en el FPV, como el de Misiones y hay que ver qué hace el presidente del partido, José Luis Gioja ", dijo otro funcionario a LA NACION.

Esa estrategia política la diseñan en Balcarce 50 el jefe del Gabinete, Marcos Peña, Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, y el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca.

"Hay que privilegiar a los gobernadores para negociar según el criterio de ellos y no de Cristina Kirchner o de La Cámpora", dijo uno de ellos. De ese modo, la Casa Rosada alentará otras escisiones en el PJ: hoy existen el FPV que preside Héctor Recalde; el Bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio; el de Massa; el de Darío Giustozzi; el de Gerardo Zamora y la semana última se separaron los diputados de Misiones. El Gobierno cree que también se pueden separar los de Formosa, Tucumán, San Juan, Entre Ríos y algunos bonaerenses como Dulce Granados o Cristina Alvarez Rodríguez.

"Gioja recibe presiones de gobernadores y diputados provinciales para romper con Cristina antes de quedar asociados a su caída, pero él quiere mantener todo unido", dicen en Balcarce 50. Por ello Gioja busca armar un interbloque del PJ, como informó ayer LA NACION.

"Está bien debilitar al kirchnerismo, pero tampoco queremos que Cristina desaparezca porque nos mantiene la división del PJ en varios bloques", dicen cerca de Macri.

Con cada uno de esos subbloques, Frigerio y Monzó interactúan según una lógica de negociación entre la Nación y las provincias. De ese modo podrían acordar leyes mejor que con el kirchnerismo, que las rechaza de plano por su plan de resistencia. Desde la Casa Rosada vislumbran una mayoría permanente de 150 diputados con los 90 de Cambiemos, los 37 de Massa, los 17 de Bossio, los 7 del socialismo y los 7 de Giustozzi, más otros aliados. Una buena prueba fue la ley de blanqueo de capitales aprobada y girada al Senado la semana última.

Para doblegar la mayoría kirchnerista en el Senado, en cambio, la Casa Rosada mejoró el diálogo con el jefe del bloque del FPV, Miguel Pichetto. Allí el macrismo logró la aprobación de los dos jueces para la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Sumaron a varios senadores kirchneristas que ahora responden más a Pichetto que al kirchnerismo duro. "La premisa es negociar con quienes garantizan gobernabilidad", dijo un funcionario macrista. "Hay una sensación de alivio y justicia", agregó a LA NACION un asesor directo de Macri.

En la reforma del Ministerio Público en Diputados, el proyecto oficial es dividirla en cuatro subprocuraciones -penal, delito organizado, derecho público y derecho privado- para debilitar a Gils Carbó y llevar los mandatos a cuatro años. El massismo prefiere llevarla a juicio político. Está abierta la negociación y hay consenso para avanzar.

En cambio, en el Senado el ministro de Justicia, Germán Garavano, impulsa el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, el aumento de 6 tribunales orales federales a 13 (7 provienen de la justicia criminal) y la unificación del fuero correccional y el de instrucción.

El Consejo audita a jueces

• En el gobierno de Mauricio Macri están pendientes de una auditoría que comenzaría esta semana en el Consejo de la Magistratura, que preside Miguel Piedecasas, sobre todas las causas judiciales del fuero federal, vinculadas con corrupción.
• El pedido original fue hecho por el Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, y busca poner en la lupa a los jueces que demoraron causas o favorecieron a funcionarios corruptos.