El Gobierno busca dar señales a la Corte, preocupado por las tarifas eléctricas

El tribunal debe resolver sobre la suba de la luz y en la Casa Rosada inquieta que pueda seguir el mismo camino que con el gas; adelantó las audiencias para evitar un nuevo revés y para enfrentar los meses de calor con un nuevo cuadro tarifario
Pablo Fernández Blanco
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21 de agosto de 2016  

Preocupado tras el golpe que le asestó el fallo adverso de la Corte Suprema sobre la suba del gas, el Gobierno busca ahora reducir los riesgos de un nuevo traspié judicial con el servicio eléctrico, que también está pendiente de definición en el máximo tribunal. Menos inquietud genera la situación con el servicio de agua, el otro marco tarifario que sufrió importantes incrementos.

Las opiniones están divididas en el Gobierno con respecto de la decisión que adoptará el máximo tribunal sobre la electricidad. Una fuente oficial de trato cotidiano con el Presidente anticipó que el tribunal encabezado por Ricardo Lorenzetti suspenderá los aumentos en los próximos días, una vez que reciba la opinión a la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien ya se pronunció en contra de los intereses del Gobierno en el caso del gas.

Otros sostienen, en cambio, que la Corte puede llegar a suspender las subas en la zona de concesión de Edenor y de Edesur (entre ambas compañías se reparten la atención en la Capital yel Gran Buenos Aires), pero mantener los precios vigentes en el resto de las provincias. Sucede que a diferencia del gas, que está bajo jurisdicción nacional, el Gobierno sólo tiene injerencia en los precios mayoristas de la energía y en la tarifa de transporte, pero no sobre las distribuidoras de cada distrito, bajo la órbita de entes reguladores provinciales.

La intención de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Energía consiste en concretar las audiencias públicas de la luz dos o tres días después que las del gas, el mes próximo. Eso les permitiría comenzar a enviar las facturas con aumentos validados por audiencias públicas en octubre, un mes antes del comienzo de la primavera y en las vísperas de que las temperaturas y el consumo aumenten. Busca así poder disuadir a la Corte de que se aprendió la lección de esta semana y que se actuará en línea con lo dispuesto por el fallo.

El objetivo es que la realización de audiencias públicas deje sin el principal argumento a quienes criticaron los aumentos que se implementaron en la primera parte del año. El Gobierno no descarta, sin embargo, que una nueva oleada de recursos de amparo vuelva a frenar los incrementos, pero estima que en el futuro el máximo tribunal no les dará la razón.

A esta altura del año, el calendario es una variable fundamental para las aspiraciones de la administración de Mauricio Macri con respecto de la reducción de subsidios que tenía prevista. Sucede que el fallo de la Corte obligó a llevar a los valores del 31 de marzo los precios del gas, cuyos futuros aumentos no serán retroactivos. Eso hizo que el Gobierno pudiera reducir las transferencias al sector durante los meses de más bajas temperaturas, cuando el consumo residencial de gas aumenta hasta el doble por necesidades de calefacción.

En materia de electricidad, el verano es lo mismo que para el gas el invierno. En otros términos: cuando las temperaturas suben los hogares, que pagan el precio más bajo de la energía, consumen mucha más electricidad que en el invierno con fines de refrigeración, debido al uso del aire acondicionado.

El caso del agua es en apariencia menos complejo. Las nuevas tarifas del servicio en la zona de concesión de Aysa se incrementaron en más de 375% en algunos casos. Sin embargo, pese a algunos inconvenientes en los últimos meses, los nuevos valores están vigentes en toda la concesión salvo en La Matanza, donde la jefa comunal kirchnerista, Verónica Magario, frenó en la Justicia los aumentos. Aysa apeló el falló, pero por el momento dejó de facturar a menos del 10% de sus clientes.

Algo similar ocurrió en Avellaneda, donde el también kirchnerista intendente Jorge Ferraresi recurrió a los estrados para frenar las subas, pero la Justicia no suspendió las subas hasta que se defina la cuestión de fondo. Luego hubo amparos individuales, pero no demandas colectivas de mayor alcance.

Hasta el año pasado, Aysa recibió subsidios correspondientes al 70% de sus necesidades operativas más los fondos para inversiones, porque su recaudación apenas alcanzaba para cubrir el 30% de sus necesidades cotidianas. De manera que al aumento de la tarifa de agua le permitirá al Estado ahorrar más de $ 10.500 millones en subsidios, según los números que maneja la empresa estatal de agua.

Aysa está bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas que maneja Daniel Chaín, y tiene participación activa el equipo del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio.

A diferencia de la luz y el gas, en cuyos casos la Casa Rosada consideró que no había que hacer audiencias públicas, Interior se presentó antes de los aumentos en la Comisión Asesora de Usuarios que actúa en el Ente Regulador del agua y nuclea a 29 asociaciones de usuarios.

Opositores irán a las audiencias

  • El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anunció que enviará a diputados, técnicos e intendentes a la audiencia del 12 de septiembre por la tarifa del gas. El equipo estará integrado, entre otros, por Marco Lavagna, José Ignacio De Mendiguren, Liliana Schwindt, Aldo Pignanelli, Alejandro Snopek y Mauricio D'Alessandro. El mismo planteo hizo el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.

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