El Gobierno busca desactivar en Rosario un conflicto gremial que perjudica la exportación de soja

ROSARIO.- Después de extensas reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se descomprimió la tensión interna que escaló en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), luego de que la justicia autorizara el retorno de Herme Juárez, procesado por administración fraudulenta.

El inicio de las conversaciones con los dos sectores sindicales que encabezó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, provocaron que se abriera una instancia de negociación en un gremio clave para el sector agroexportador del Gran Rosario, donde se exporta el 80 por ciento de la soja y productor derivados que produce el país.

Los empresarios del sector –según pudo saber LA NACION- estaban preocupados por una posible escalada del conflicto que pudiera afectar la carga de los barcos, en momentos en que el precio de la soja está en alza. A su vez, el Gobierno necesita que se liquiden las divisas que genera este sector.

"Parar un puerto es pelearse con el gobierno", fue el mensaje que se llevaron los sindicalistas Herme Juárez y sus oponentes de la lista Celeste y Banca, liderados por su sobrino Marcelo Vergara, quien el jueves de la semana pasada paró los puertos por seis horas en reclamo de que se convoquen a elecciones en el gremio, que estuvo intervenido hasta agosto pasado por decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

"Se abrió una instancia de negociación con el compromiso de paz social. Nosotros seguimos sosteniendo que es necesario llamar a elecciones, pero entendemos que hay que llegar a esta instancia sin alterar la actividad en este momento en los puertos", aseguró Federico Yolly, abogado del sector sindical Celeste y Blanca.

Herme Juárez pidió al Ministerio de Trabajo la confirmación para retornar a sus funciones en el gremio, pero le pidieron que en este momento es necesario abrir una instancia de diálogo, señalaron fuentes de SUPA.

Fuentes del sector agroexportador consultadas por LA NACION mostraron su preocupación por los conflictos que puede desatar la interna sindical en SUPA, donde el posible retorno de Juárez, quien condujo el gremio durante más de 50 años, a la par de manejar la cooperativa de estibadores, disparó un alto nivel de conflictividad.

El regreso de Juárez, un hombre que ni la justicia ni la pandemia pudieron domarlo a los 78 años, a la conducción de un gremio clave en el sector agroexportador comenzó a tomar más fuerza luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejara "sin efecto" la medida cautelar que derivó en la intervención del sindicato, después de que el dirigente fuera detenido el 1º de agosto de 2019 en su mansión en San Lorenzo, acusado y luego procesado como organizador de una asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos por el juez federal de Zárate Campana Adrián González Charvay.

Luego, en setiembre pasado, siete meses después de que Juárez fue excarcelado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del empresario y dirigente sindical por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. En ese fallo retiraron las imputaciones por asociación ilícita y coacción agravada y acotaron los posibles delitos sólo al manejo de la cooperativa.

Este fallo de la Cámara de San Martín motorizó al fiscal general Juan Manuel Domínguez a pedir que se levante la medida cautelar que ordenó la intervención del gremio. "No obran elementos probatorios que permitiesen tener por acreditado que las personas humanas se hayan valido de su condición sindical para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de su estructura para fines ajenos a los meramente gremiales", puntualizó el fiscal en un dictamen el 15 de octubre pasado.

Cinco días después la Sala IV de la Cámara de Apelaciones Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Manuel Selva y Héctor Guisado, le dio la razón al fiscal. Ahora Juárez prepara el desembarco al gremio que conduce desde la década del 70, cuando comenzó a montar un imperio en el rubro al llegar a tener el monopolio de la estiba de los buques y cobrar tarifas en dólares a través de la cooperativa, de la que era presidente, integrada por trabajadores afiliados al SUPA, gremio que también conducía.