El Gobierno, entre "comprar paz" o ir a fondo contra los sindicatos
Hace algunas semanas que el borrador de un decreto presidencial que beneficiaría a las obras sociales sindicales con más fondos y la creación de una agencia médica para blindarlas de eventuales reclamos judiciales circula con destino errante entre varios despachos oficiales. El expediente quedó apilado en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma de Mauricio Macri, aunque sin visos de que vaya a ser aprobado.
La masiva movilización que encabezó este jueves la CGT, con reclamos en todo el país para forzar un cambio de rumbo económico, dificulta aún más el avance de la norma. Sin embargo, un influyente dirigente gremial con llegada a la Casa Rosada, pronosticó que el decreto sobre los obras sociales "es inminente". Y arriesgó: "Sale mañana [por hoy] o el lunes".
¿Cuál es el interés gremial en ese decreto? Por un lado, una resolución habilitaría a la Superintendencia de Servicios de la Salud a agilizar el reparto de fondos a las prestadoras médicas sindicales, ya que el organismo dispondría en mano de los 8000 millones de pesos que la Obra Social de Ejecutivos ( OSDE) le pagó al Estado por una vieja deuda. En 2016, también como atajo para frenar un paro de la CGT, Macri acordó con los gremios el lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud, cuyo financimiento, en parte, se pactó que sea con el dinero del juicio ganado a OSDE. En la CGT fantasean que esos $8000 millones podrían ingresar al circuito de sus obras sociales antes de fin de mes.
El otro punto de interés de la normativa es la cración de la agencia médica. que tendrá como uno de sus objetivos reducir los amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO). Para los gremios sería un alivio ante la ola de demandas de beneficiarios insatisfechos.
El Gobierno está entonces en una encrucijada. No definió si continuará la negociación con los gremios para "comprar paz" y evitar un paro, que sería el quinto contra la gestión de Macri, o dinamitar el vínculo y ubicarse en la vereda de enfrente de los sindicatos, sabiendo que esa lógica podría darle algún rédito electoral teniendo en cuenta el perfil del votante más fiel de Cambiemos. Ambos caminos se vislumbran riesgosos.
La demostración de fuerza de la CGT, con una movilización masiva pero que evidenció la fractura interna y las dispersiones, no resultó un completo desahogo para algunos sectores que empujan por otra huelga general. El sector disidente, que se referencia con el liderazgo de Hugo Moyano, desafiará la semana que viene a Héctor Daer y Carlos Acuña, los dos jefes que están a cargo de la central obrera, con un llamado a las regionales del interior para avanzar hacia un paro. El moyanismo propondrá el 30 de abril como fecha alternativa. Se sumarán a ese reclamo las tres vertientes de la CTA, los movimientos sociales y hasta la izquierda sindical.
La cúpula de la CGT salió airosa de la movilización, que avanzó sin incidentes ni reproches para los dirigentes, quienes esta vez reforzaron la seguridad con patovicas y hasta barrabravas para evitar algún amedrentamiento de los militantes de izquierda. "Es más fuerte que diez paros juntos", dijo Daer, en una suerte de balance de la jornada de protesta. Y no eludió la presión de los otros espacios sindicales para forzar una escalada: "¿Quién dijo que no vamos a avanzar en un paro?".
El mensaje de Daer esconde una intención: mantener vivas las conversaciones con el Gobierno, aunque también dar señales de que si no prosperan los acuerdos sellados con las obras sociales se avanzaría hacia una huelga.
En el ajedrez sindical no todos están de acuerdo en ir a un paro. José Luis Lingeri, jefe de Obras Sanitarias y el articulador con el Gobierno por los reintegros a las obras sociales, fue uno de los pocos que planteó abiertamente su rechazo. Coinciden con él los referentes de "los Gordos", otro de los bastiones dialoguistas. La incógnita, como siempre, son hoy los gremios del transporte, que envían constantes señales ambiguas.