El Gobierno creará un fondo para evitar el impacto ambiental

Busca proteger a las comunidades vecinas a las mineras; podrían volver a las retenciones
Marcelo Veneranda
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23 de febrero de 2016  

Luego de las críticas que recibió, incluso de sus aliados, por eliminar las retenciones del 5% a las exportaciones mineras, el Gobierno anunció que impulsará la creación de un Fondo de Responsabilidad Social Empresaria para desarrollar a las comunidades donde impactan los yacimientos. Si se concreta, la medida implicará volver a crear una retención sobre las exportaciones de las empresas, esta vez de l 1%, para alimentar el fondo.

No es la única medida que prepara la Casa Rosada, según anticiparon a LA NACIÓN el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Además de crear el fondo, Meilán pretende reformar el Acuerdo Federal Minero (la norma madre del sector), redefinir regalías, reactivar las unidades de gestión ambiental provinciales (subsisten en pocas provincias) y centralizar la información de la actividad, para abrirla al público.

Bergman, por su parte, señaló que estudia "aumentar los controles y penalidades en los casos de contaminación" y una nueva ley para regular los seguros ambientales obligatorios de las mineras (una caución que muchas compañías y provincias mantienen en secreto). Pero su cartera no aportó detalles.

La dificultad para avanzar en una normativa o cualquier cambio que lleve a controles más eficientes -y con un grado mayor de credibilidad social- parte del hecho de que los recursos mineros corresponden por mandato constitucional a las provincias. Por ende, también su control y el cuidado ambiental. En otras palabras, los controles están a cargo estados provinciales que entrarían en quiebra si los yacimientos dejaran de funcionar.

Por ejemplo, la mina La Alumbrera, de la suiza Glencore, en 17 años aportó 4820 millones de pesos al fisco de Catamarca y los 663 millones de pesos que aportó en 2014 solventaron los presupuestos de dos ministerios y dos secretarías de Estado. Ese mismo año, la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, hizo compras a proveedores de San Juan por 1505 millones de pesos y esas compras sostuvieron las arcas provinciales a través del impuesto de ingresos brutos. El año pasado, Veladero declaró haber vertido 1 millón de litros de solución cianurada al Río Potrerillos. A diferencia de la cartera de Bergman, Meilán maneja detalles y precisiones de proyectos que espera poder desarrollar y de 21 programas específicos que espera articular con las provincias, más allá del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria. "El fondo se aplicará a los proyectos prefactibilizados y se administrará de acuerdo a los parámetros del programa EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés) para controlar que el dinero sea destinado al desarrollo de las comunidades y de proveedores locales. La idea es preparar a esas comunidades para que estén listas para aprovechar las oportunidades que genera la mina", le dijo a LA NACIÓN.

El problema, nuevamente, es que para implementar el fondo deberá lograr que las legislaturas provinciales lo aprueben. Para eso, necesitará primero que el Consejo Federal de Minería (lo integran los funcionarios provinciales del área), la Ofemi (que integran los gobernadores mineros) y el Consejo Federal de Medio Ambiente consensuen un proyecto de ley, para ser aprobado por el Congreso nacional y, luego, por las legislaturas provinciales y municipales. Meilán espera lograrlo en seis meses, pero la tarea bien podría durar años. Una reforma del Acuerdo Federal Minero, de las regalías o la creación de cualquier organismo de control deberán seguir el mismo periplo. Mientras tanto, las mineras ya cuentan con la eliminación de retenciones.

"La Nación no puede imponer controles, puede proponer. La constitución no deja otra alternativa", remarca Meilán, que cuenta a su favor con el respeto de empresas y gobernadores mineros, que lo consideran el padre del régimen de estabilidad creado durante el menemismo, del que fue subsecretario de Minería.

Eso sí: el paradigma de ese régimen es La Alumbrera, que está próxima a su cierre y en 18 años generó ganancias por miles de millones de dólares. Pero en la ciudad de Andalgalá, vecina a 40 kilómetros de la mina, los baños del hospital no tienen agua potable, 80 por ciento de los casas no tienen cloacas y la mitad de sus pobladores están desempleados. Hoy, es la minera quien construye caminos, hospitales y canales de riego en la zona, pero por una política de relaciones públicas. No porque el Estado le exija algo.

¿Por qué no habrían de repetirse los andalgalás en el futuro? "Porque en estos 20 años el mundo cambió y también las reglas de juego internacionales de la minería, que exigen el cuidado del ambiente y el desarrollo local", dice Meilán.

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