El Gobierno debate la forma de continuar con las obras públicas

"Con las mismas leyes del kirchnerismo, actuamos de manera distinta. Si no, habríamos quedado pegados, y no lo estamos".

La reflexión que ayer hacía un miembro del gabinete de Mauricio Macri transparenta el pensamiento de la Casa Rosada: no habrá, a pesar del tsunami provocado por la aparición de los cuadernos de las coimas y sus consecuencias judiciales, cambios en el marco general que regula los contratos de las empresas, que solo caerán en el caso de condenas judiciales firmes contra las empresas.

De todos modos, en el Gobierno hay un debate abierto sobre la "mejor manera" de "fortalecer las buenas prácticas" que, a juicio del oficialismo, se vienen utilizando desde que Cambiemos llegó al poder.

Una nueva ley o un decreto que reglamente la gratuidad de los pliegos de licitaciones de obras, o la obligatoriedad de publicación vía web de las adjudicaciones, por dar solo dos casos, sería la herramienta a utilizar. Como base de estos cambios en el marco normativo se utilizaría un informe sobre la transparencia en el manejo de la obra pública que está elaborando el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, y del que también forman parte la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro. "Estamos viendo la mejor manera de fortalecer todo lo que venimos haciendo sin que la ley nos obligue, y que quede firme de aquí en más", afirmó a LA NACION el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich .

En sintonía con la línea del jefe de Gabinete, Marcos Peña , Dietrich y su par de Energía Javier Iguacel sostienen el mismo discurso que el día después de estallado el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno . "No habrá rescisión de contratos hasta que no haya una condena firme a las empresas", afirmaron cerca del ministro de Transporte, desde donde también elogiaron la "prudencia" de jueces que tuvieron a su cargo investigaciones anteriores contra contratistas de obra pública.

Las causales de las que se vale el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, para rescindir un contrato, vigentes hasta el momento, siguen siendo las mismas: incumplimientos por parte de la empresa, una condena judicial al estilo de la que afrontó el gigante brasileño Odebrecht o la denuncia penal de un ministro o funcionario contra esa empresa, lo que derivaría en la suspensión de una determinada obra.

Por eso, la opinión mayoritaria hoy en el Gobierno es la de enfatizar "todo lo bueno que se viene haciendo" en ese rubro, en clara diferenciación con el sórdido sistema de coimas y favores del kirchnerismo que investiga el juez federal Claudio Bonadio. "No podemos cometer el mismo error que cuando explotó lo de los aportantes truchos. Ahí salimos con la ley de financiamiento, como si no hubiésemos hecho nada hasta ahí", afirmó una alta fuente de la Casa Rosada.

"Desde que asumimos, sancionamos ya a 20 empresas y también suspendimos a algunas. En ciertos casos fueron empresas emblemáticas como por ejemplo Odebrecht o CPC. Hacemos cumplir las normativas pertinentes", afirmó Ricardo Delgado, subsecretario de Obra Pública que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y a cargo del Registro de Constructores de obras públicas nacionales.

Viajes

Como para demostrar que todo sigue igual, y que no habrá freno en las obras que ya están en marcha, Frigerio y en algunos casos también Dietrich sostendrán el ritmo de viajes a las provincias. Esta semana serán tres -Santiago del Estero, Misiones y Corrientes- y además del encuentro protocolar con cada gobernador habrá "recorridas e inauguraciones de obras", según contaron fuentes oficiales.

Nadie niega, de todos modos, la preocupación por los efectos de las pesquisas judiciales en las que manejan empresarios complicados, como Electroingeniería con las represas Kirchner y Cepernic en la Patagonia, o el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, a cargo de la ex-Iecsa, en su momento de Ángelo Calcaterra.

El tema se trató el miércoles en una reunión de la que participaron Peña, Frigerio, Iguacel, Dietrich, la titular de la OA Laura Alonso, y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. "Se va a revisar obra por obra, pero nada se va a parar si todo está en regla", repitieron desde un despacho de Balcarce 50.