El Gobierno defendió el recorte de atribuciones al fiscal Garrido

Por primera vez desde que se conoció la controvertida medida, el Gobierno defendió con fuera la decisión del procurador general de la Nación de recortar facultades a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de Manuel Garrido.

Lo hizo a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que afirmó que la resolución del jefe de los fiscales, Esteban Righi, "no sólo es acertada, sino que es necesaria, por no decir indispensable".

En esta línea, apeló a la misma justificación que Righi para explicar la medida. "El fiscal administrativo no puede sustituir los criterios con los cuales los fiscales naturales persiguen la acción penal", dijo a radio Mitre.

Límite. También en sintonía con los argumentos del procurador, recordó que, pese a la modificación, Garrido "podrá seguir investigando los casos de corrupción". Y ahondó: "El doctor Righi ha sido sumamente prudente, porque le permitió al fiscal Garrido intervenir como querellante en las denuncias que él formula, entonces va a poder seguir investigando las causas de corrupción que él vea que tengan esas características".

Lo que no aclaró Fernández fue que a partir de la resolución de Righi, Garrido ya no podrá pedir medidas en expedientes que no se hayan iniciado por su denuncia. Y en las causas que sí hubieran comenzado por iniciativa de la FIA, su participación también está acotada: sólo podrá intervenir cuando el fiscal del caso decida no hacerlo.

Sobre estas limitaciones, Fernández evaluó: "Lo que no puede hacer [Garrido] es convertirse en una cosa nueva, porque debería subrogar al fiscal natural en las denuncias que él ha formulado. Eso no existe, la Constitución dice que no existe. Por eso Righi lo puede corregir, porque la Constitución dice que eso no existe. Entonces yo ruego que presten atención: la decisión que tomó Righi no afecta para nada la independencia de la fiscalía".

Las declaraciones de Fernández se conocieron después de que el propio Righi defendiera su resolución y acusara a Garrido de difundir información "inexacta".

En un comunicado publicado en la página de Internet de la Procuración, Righi aseguró que su decisión no había limitado ni acortado atribuciones de la FIA, sino puesto fin a una "interpretación antojadiza" de la ley. Además, desmintió que pudiera paralizar las causas de corrupción.

En una entrevista con LA NACION, Garrido, por su parte, advirtió que se estaba "vaciando de contenido" a la FIA y que se estaba beneficiando a los "funcionarios poderosos" investigados.

A los cuestionamientos también se sumaron las ONGs especializadas en temas jurídicos, que advirtieron que la resolución de Righi alentará la impunidad en las causas contra funcionarios públicos.

Causas delicadas. Ocurre que, desde que está a cargo de Garrido, la FIA impulsó el avance de muchos de los expedientes por presuntos casos de corrupción de la era kirchnerista. Las presuntas coimas de Skanska, el escándalo de la bolsa con dinero encontrada en el despacho de Felisa Miceli, la manipulación de los índices del Indec y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner son algunos de esos casos.