El Gobierno denunció a los Ciccone por fraude y lavado

Lorenzino, como interventor de la firma, los acusó de dibujar deudas millonarias para perjudicar a los acreedores, antes de la irrupción de The Old Fund
Hugo Alconada Mon
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24 de mayo de 2013  

Ahora sí, la guerra es casi total. Sólo días después de que la familia Ciccone acudiera a la Justicia con un amparo contra la expropiación de la imprenta, llegó la respuesta del Gobierno: radicó una denuncia por el presunto vaciamiento de la compañía cuando ya afrontaba el concurso preventivo de acreedores, como también un supuesto lavado millonario de activos ilícitos.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó la denuncia como interventor de la empresa, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a la que consideró que los Ciccone intentaron vaciar con prácticas propias de una supuesta administración fraudulenta.

La denuncia quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien ya tomó las primeras medidas. Pidió al fuero comercial que le envíe todas las copias disponibles sobre esas cuatro operaciones sospechadas, ya que las firmas involucradas intentaron luego cobrar esas acreencias cuestionadas a través de distintos expedientes. Pero Ercolini dio otro paso más: como lo impone el procedimiento penal, le giró el expediente al fiscal federal Federico Delgado para que evalúe si corresponde imputar a alguna persona en particular y sugiera las primeras medidas de prueba.

Algunos nombres ya quedaron bajo la lupa. En su denuncia, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta -Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los hermanos fundadores, Nicolás Ciccone-, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado ya fallecido que era de extrema confianza de la familia fundadora; Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Schmid.

Amato, Molina y Schmid, según la denuncia, habrían acordado operaciones ilícitas, en pesos y en dólares, con tres firmas interconectadas entre sí -Bates Integrated Communications SA, la Cooperativa Mamakiya de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada y VHS Sports SA-, en las que la figura decisiva sería Horacio Alberto Dannunzio, un empresario muy cercano también a Nicolás Ciccone.

Con la denuncia ya en su poder, el fiscal Delgado estimó que las operaciones sospechadas podrían ser "maniobras destinadas a producir el vaciamiento de Ciccone Calcográfica y/o el ingreso al mercado financiero de dinero de origen ilícito".

Delgado recomendó al juez Ercolini que analice por separado si el fuero federal es el competente para investigar esas operaciones, ya que en principio sólo afectaría al patrimonio de una sociedad anónima y a sus acreedores, aunque sostuvo que dada la "urgencia del caso" también sugirió el primer paso de la investigación penal para evitar demoras.

Cuál es la trama

"Consideramos sumamente oportuno que se conforme un equipo técnico", explicó Delgado, para que con toda la documentación recopilada se "determine la realidad económico-financiera de las operaciones contractuales efectuadas". Es decir, "ponerlos en una trama que permita comprender su finalidad, desentrañar su racionalidad, para luego sí otorgarles significado jurídico", y evaluar si se cometieron uno o más delitos. De este modo, el "caso Ciccone" se complejiza aún más. Abarca el expediente del concurso y quiebra de la empresa, en el fuero comercial, y la causa penal en manos del juez federal Ariel Lijo, en la que el principal imputado es el vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona, y Vandenbroele.

A esos dos expedientes -y otros menores- se sumaron luego el amparo que presentó el ex banquero Raúl Moneta en contra de la expropiación y para proteger los $ 35,5 millones que le habría prestado a The Old Fund -cuyos dueños no identificó- para tomar el control de la ex Ciccone con una prenda sobre sus acciones como garantía.

A esos dos expedientes se sumó un tercero, a mediados de este mes, cuando la familia Ciccone también acudió con un amparo ante el fuero en lo contencioso administrativo federal en rechazo del proceso expropiatorio -al que calificó de "decomiso" e "inconstitucional"- y en defensa del 30% de las acciones que retiene de la empresa.

Con la denuncia penal del Gobierno llegó el último capítulo en los tribunales, aunque fuera de la presentación quedaron Vandenbroele, "nuevo accionista" y luego sólo presidente de The Old Fund, y el supuesto dueño de ese fondo, Guillermo Reinwick, el otro yerno de Nicolás Ciccone. Desde que estalló el escándalo, Reinwick se mantiene en silencio. Sólo apareció en una solicitada, el 29 de febrero de 2012, que él dejó trascender que jamás firmó.

Una batalla judicial que crece

La denuncia del Gobierno es el último paso de una escalada

  • Hernán Lorenzino / Ministro e interventor en Ciccone

  • El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó una denuncia penal como interventor de la compañía en contra de los ex ejecutivos responsables de la gestión previa al desembarco del misterioso fondo The Old Fund
  • La denuncia se centra en una hija y el yerno de Nicolás Ciccone, y en varios ejecutivos, a los que señala por el presunto vaciamiento de la imprenta y un supuesto lavado de activos millonario
  • La causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien junto a las primeras medidas de prueba analizará si es competente, a pedido del fiscal Federico DelgadoHernán lorenzinoministro e interventor en ciccone
  • Ncolás Ciccone / Fundador de la imprenta

  • Junto a las dos hijas de su hermano Héctor, ya fallecido, el fundador y referente histórico de la imprenta, Nicolás Ciccone, acudió a la Justicia para defender el 30% de las acciones que aún retienen en contra de la expropiación
  • La familia presentó un amparo ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, en el que solicitó una medida cautelar para trabar el proceso expropiatorio, al que califica de "confiscación"
  • El amparo recayó en la jueza Cecilia Girardi, quien debe evaluar el planteo de los Ciccone contra la expropiación, en $ 275 millones, pero de la que no cobrarían un centavonicolás cicconefundador de la imprenta
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