El Gobierno dio más poder a la cuestionada unidad antilavado

Por decreto, su estructura será ampliada para que pueda "alcanzar los objetivos de su creación"; su titular, José Sbattella, tendrá ahora rango de secretario de Estado
Hugo Alconada Mon
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7 de mayo de 2013  

En plena tormenta política y judicial por el presunto cajoneo de los reportes de operaciones sospechosas de lavado que recibió durante los últimos años sobre Lázaro Báez , Leonardo Fariña y otros supuestos financistas y banqueros, el Gobierno jerarquizó y potenció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), con cargos más altos y más áreas.

La reforma y ampliación de la UIF se plasmó en el decreto 269/2013, que se publicó en el Boletín Oficial con el fin declamado de otorgarle a la unidad "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación". Es decir, "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

El decreto, que lleva la firma de la Presidenta, elevó además al jefe de la UIF, José Sbattella, al rango de secretario de Estado, aunque en la práctica se mueve con plena autonomía de su superior jerárquico, el ministro de Justicia, Julio Alak. Llegados ambos de La Plata, donde aún residen, Sbattella mantiene una sorda disputa con Alak, al igual que con el titular de la (AFIP), Ricardo Echegaray, con quien puja por el control de las bases de datos bancarias, financieras, patrimoniales y tributarias.

En la práctica, el decreto representa, además, un claro respaldo presidencial a Sbattella, quien arrastra varias denuncias penales y una investigación en manos del fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta politización del organismo, la designación de familiares y amigos, la selección discrecional de las investigaciones para perseguir a "enemigos" del Gobierno y proteger a distintos aliados.

El jefe del bloque de senadores radicales, José Manuel Cano, reiteró ayer su reclamo para que renuncie Sbattella, a quien denunció ante la Justicia por la presunta protección que habría otorgado a Báez. "Acá no se trata de ampliar estructuras, sino de designar a funcionarios idóneos y honestos que cumplan con su deber y no sean meros alcahuetes de la Casa Rosada", reclamó.

Entre las últimas irregularidades que se le adjudican a Sbattella aparece el supuesto cajoneo de un reporte de operación sospechosa (ROS) enviado contra la empresa constructora Gotti SA, vinculada a Báez, por movimientos cercanos a los $ 48 millones, pero que la UIF mantuvo bajo su órbita –de gestión secreta– sin remitir a la Justicia hasta que estalló el escándalo.

La UIF también recibió duras críticas del fiscal federal que debe investigar el "caso Báez", Guillermo Marijuan, quien expresó lo que definió como su "profundo malestar" por las demoras de Sbattella en girar a la Justicia los ROS que recibió desde el sistema local sobre Báez, Fariña y otros protagonistas del escándalo.

Sacudida por las críticas, la UIF emitió el domingo un inusual comunicado para defender su actuación en el "caso Báez" y detallar los procedimientos que adoptó durante los últimos años, antes de enviar cualquier conclusión a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el brazo para delitos económicos de la Procuración.

Información insuficiente

Sbattella explicó que hasta que "tomaron estado público" las denuncias sobre el empresario patagónico y sus supuestos "valijeros", "la información [que tenía la unidad] no resultaba de suficiente entidad para realizar la elevación a la Procelac".

"El procedimiento de búsqueda de información adicional y de análisis por parte de la UIF no debe variar su rutina de investigación o interrumpirse por presión de los medios de comunicación", destacó Sbattella.

La posición oficial que emitió Sbattella contrasta, sin embargo, con las políticas activas que adoptó al frente del organismo. En particular, según reconstruyó LA NACION durante los últimos años, para avanzar contra "enemigos políticos" del Gobierno, como el diputado Francisco De Narváez, el Grupo Clarín y Hugo Moyano.

Con ese marco de sospechas de politización de su labor, ahora la UIF duplicará su tamaño. Mantendrá su Secretaría General Ejecutiva, de la cual dependerán los cuatro departamentos que ya existían (la Dirección de Formación y Comunicación Institucional, la Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Análisis), en tanto que añadirá la Dirección de Administración.

A estas áreas se sumarán ahora la Unidad de Auditoría Interna, el Consejo Asesor, la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, la Dirección de Supervisión, el Departamento de Sumarios y la Dirección de Coordinación y Representación nacional ante Organismos Internacionales, tales como el GAFI, que colocó a la Argentina en su "lista gris" de países bajo la lupa.

Sbattella, con más jerarquía

El polémico funcionario tendrá ahora más poder de fuego

  • Secretario de Estado

    Ése será ahora el rango del titular de la Unidad de Información Financiera, según detalla el decreto firmado ayer por la Presidenta
  • Estructura más amplia

    El organismo mantendrá su Secretaría General Ejecutiva, de la que dependerán los cuatro departamentos existentes, y se sumarán seis áreas nuevas
  • Objetivos del cambio

    Según el decreto, el fin de los cambios es dotar a la UIF de la capacidad para "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo"
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