El Gobierno envió al Congreso la reforma laboral

El Gobierno envió anoche al Congreso tres capítulos de su proyecto de reforma laboral, cuyo tratamiento se había empantanado en diciembre del año pasado en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano.

El plan del Gobierno será aprobar antes del primer semestre los puntos en los que domina un consenso con los bloques legislativos y con los gremios aliados. En esta primera tanda se avanzará con el blanqueo de trabajadores informales, las pasantías como capacitación laboral y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.

El plan de blanqueo laboral prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad. En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.

"Es una irresponsabilidad haber tirado un tema como este [blanqueo laboral] y no resolverlo. Esto va a salir sí o sí", pronosticó un sindicalista que conserva buen diálogo con la Casa Rosada.

La segunda iniciativa de esta primera etapa será la denominada capacitación laboral continua, que no únicamente abriría paso a las pasantías como modalidad de capacitación y no como un vínculo laboral, sino que apuntaría a reconvertir oficios que están desapareciendo. Esta iniciativa tiene 56 artículos y tendría el aval de un sector de la CGT, pero no es unánime como lo es el blanqueo.

El tercer proyecto es el de la agencia de tecnología médica, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales. Es una propuesta elaborada codo a codo con los equipos médicos de los gremios y que Macri se las prometió a los dirigentes sindicales durante su primer año de gestión, cuando acordaron el plan de Cobertura Universal de Salud, cuyo financiamiento, en parte, proviene de la caja de las prestadoras sindicales.

En el paquete de proyectos que presentó Pinedo no figuran las modificaciones laborales que generan más resistencia entre los sindicatos, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017. En el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, estiman que ese debate podría darse más adelante, y que ahora es necesario dinamizar al menos estos primeros puntos.

No se descarta, además, incorporar una iniciativa más que está vinculada a la prevención de riesgos del trabajo. El cambio más importante es que permitirá incluir en los convenios colectivos el mejoramiento de las condiciones laborales en función de la actividad, más allá de la normativa general (ley de higiene y seguridad). Es decir que en las próximas paritarias, se podrán incluir en la pulseada salarial beneficios sectoriales vinculados a la prevención. El borrador ya cuenta con el aval de la CGT y de otros gremios que están hoy alejados de la central obrera.

Tras la presentación de ayer de Pinedo en el Senado no se descarta que los cambios en la legislación laboral se traten en el recinto en junio, durante el Mundial de Fútbol, un punto en el calendario que nada tiene que ver con los gremios, pero que se vislumbra ya como una suerte de bisagra en la trastienda política.