El Gobierno espera que el debate sobre el aborto no trabe la reforma penal

El gobierno del presidente Mauricio Macri espera que el debate por la despenalización del aborto no trabe la ambiciosa reforma del Código Penal, enviada al Congreso anoche y que la Casa Rosada espera comenzar a debatir el mes próximo.

"Eso es un tema que se discutió y votó el año pasado. No es un tema central, estamos centrados en quienes cometen delitos, con las penas contra los delitos contra la administración pública (…) habrá que esperar la constitución de un nuevo Congreso, porque con el mismo parlamento no se va a llegar a resultados distintos", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en respuesta a una pregunta de LA NACION y durante la conferencia de prensa que siguió a la reunión de gabinete que encabezó el presidente en Casa Rosada.

La reforma presentada anoche, que para Bullrich es "la más importante de la democracia", incluye la relativización de la pena de 1 a 3 años que existe actualmente para la mujer que interrumpa el embarazo de manera voluntaria. El juez podrá dejarla sin efecto o en suspenso si "los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho", así lo justifican.

Desde el Ministerio de Justicia expresaron su esperanza de que la nueva redacción del texto-que durante más de dos años llevó adelante la comisión denominada Justicia 2020 a cargo del juez Mariano Borinsky, no trabe ni opaque la sanción del proyecto. "No sacamos nada revolucionario, ni tampoco es tan conservador", definieron cerca del ministro Germán Garavano, y expresaron su esperanza de que el Senado pueda aprobar el texto. "En Diputados hay posiciones más encarnizadas", afirmó, con el recuerdo vivo del debate sobre la despenalización, que curiosamente fue aprobado en la Cámara baja y rechazado finalmente por el Senado en agosto pasado.

En la Cámara de Diputados, en cambio, son pesimistas. "En el Senado es donde se va a trabar el proyecto porque, a pesar del apoyo de [Miguel] Pichetto, hay muchos senadores celestes que no van a querer aprobar ese artículo", afirmó uno de los impulsores de la despenalización que milita en Cambiemos.

No se trata del único proyecto del Gobierno que se enfrenta a dificultades. La denominada ley antibarras, impulsada por Bullrich luego de los incidentes en la previa del River-Boca, también está frenada por la oposición. "Quieren que Chiqui Tapia revise el proyecto", ironizaban cerca de la ministra de Seguridad con relación al presidente de la AFA.

El cambio central

"El interés del Gobierno es lograr poner en el centro la ley penal para luchar contra el narcotráfico, asociaciones ilícitas, lavado de dinero, robos, hurtos. No vamos a poner en el centro del debate algo que ya se discutió. Discutiremos capítulo por capítulo una reforma inteligente para un Código Penal del siglo XXI", agregó Bullrich.

Destacó que la nueva norma surge como respuesta a una mirada "muy zaffaroniana de la teoría de las penas. Proponemos una visión inclinada hacia la víctima, para defender a la gente, y no la que rigió tantos años y que nos hizo mucho mal", expresó la ministra, en alusión a la política del kirchnerismo en la materia.

"Ya los delincuentes violentos no van a salir antes de tiempo", afirmó, en defensa de sus políticas en la materia. Y destacó que el proyecto enviado al Congreso, uno de los principales caballitos de batalla del Gobierno en tiempos de crisis económica, "pone penas muy importantes al crimen organizado y va hacia un modelo mucho más adecuado a los tiempos que vivimos y a las amenazas que tenemos", entre las que mencionó al terrorismo.

La postura oficial con relación a la despenalización es bien diferente de la asumida el año pasado, cuando Macri habilitó el debate sobre la despenalización del aborto, un debate que se extendió durante meses y que terminó con el rechazo de la ley. Desde sectores contrarios a la despenalización acusaron al Gobierno de impulsar la legalización del aborto, más allá de que el macrismo votó dividido en ambas cámaras y de que en el mismo gabinete se expusieron posiciones enfrentadas.

También en los sectores que apoyan la legalización hay críticas al Gobierno: se califica el proyecto de "retroceso" y las agrupaciones de izquierda planean una campaña nacional por el derecho al aborto que amenaza calentar el debate en las próximas semanas.