Por medio de las facultades delegadas. El Gobierno estudia crear la UIF para combatir el lavado

Por falta de presupuesto, será reducida

6 de noviembre de 2001

LA NACION

El Gobierno estudia un decreto para poner finalmente en funcionamiento la Unidad de Información Financiera (UIF), que estará encargada de detectar las "operaciones sospechosas" de lavar capitales. Pero ya no tendría los once integrantes que establece la ley de lavado de dinero, sino apenas tres o cinco.

Así lo reconoció a LA NACION el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, que defendió la idea: "Estudiamos crear un organismo más reducido, porque el Estado no puede pagar los sueldos de once personas con rango de secretarios de Estado y los gastos de una gran estructura", sostiene.

LA NACION consultó a altos ejecutivos de bancos extranjeros de primera línea -pidieron mantener el anonimato-, que al enterarse de la intención oficial de reducir la composición de la UIF expresaron su acuerdo: "El principal temor no reside en que exista la UIF, pues hay entes parecidos en todos los países desarrollados, sino en que un número muy elevado de integrantes torne imposible mantener la confidencialidad de las operaciones bancarias. Las filtraciones dañarán a clientes inocentes", coincidieron en señalar.

Norberto Peruzzotti, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), estimó: "La UIF, para ser eficiente, debe ser pequeña".

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La ley 25.246 fue sancionada por el Congreso nacional en abril del año último, a instancias del gobierno norteamericano y con el fuerte seguimiento de los países que integra el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional. El riesgo era que la Argentina fuera incluida entre los países que no luchan contra el dinero sucio.

Durante la elaboración de la ley de blanqueo de activos también desplegaron su lobby los bancos. Sus ejecutivos, obviamente, querían tener la seguridad de que no quedarían expuestos a eventuales condenas si, por negligencia, sus empleados no detectaban una operación sospechosa.

Finalmente, los legisladores recibieron esa inquietud y sancionaron una norma con dos partes: por un lado, penaliza el lavado de dinero que proviene de cualquier origen ilícito y, por el otro, incorpora la UIF.

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La ley estableció que la UIF estaría compuesta por cinco representantes del sector privado, elegidos por concurso de oposición, y por seis delegados del sector público, a instancias del Banco Central, los ministerios de Economía y de Justicia, la Secretaría de Lucha contra las Drogas (Sedronar), la AFIP y la Comisión Nacional de Valores (CNV), que deben ser seleccionados por medio de un concurso interno de cada organismo (evaluación de los antecedentes y entrevista personal).

En tanto, en abril último el Gobierno decidió poner en marcha una UIF provisional. Pero como uno de sus integrantes, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tuvo que lidiar con una de las peores crisis, el organismo pudo reunirse en pocas oportunidades. Además, muchos bancos prefirieron no suministrarle información relevante, porque no era ése el ente creado por la ley.

Por eso, el Gobierno decidió impulsar la instalación de la UIF en su versión legal. Y, hace meses, comenzó el proceso de selección: los concursos para el sector privado están en plena sustanciación; el Sedronar, la AFIP y la CNV postularon, respectivamente, a tres de sus funcionarios -Marcelo Sain, Carlos García Lorea y un gerente de la CNV de apellido Rabinstein-; y Justicia, el BCRA y Economía todavía no terminaron de elegir a los suyos.

Pero, en medio de este proceso, el 23 de octubre último el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, remitió a todos los organismos vinculados con la futura UIF una nota, a la que tuvo acceso LA NACION: "A efectos de reducir costos estructurales de organismos del Estado, debe suspenderse el proceso de selección", dice.

Ante la eventualidad de no poder crear el organismo, el presidente Fernando de la Rúa ordenó al ministro de Justicia preparar un decreto que, en uso de atribuciones delegadas por el Congreso nacional, ponga en marcha el cuerpo reducido.

La diputada Elisa Carrió (ARI), se opone: "No estoy de acuerdo. La UIF podría tener dos o tres miembros menos. Pero no muchos menos, porque se podría estar manipulando la creación del organismo para que nadie controle el lavado de dinero". Pero Jorge de la Rúa rechaza esta interpretación.

Néstor Genta, funcionario de Justicia, explica: "Es el Presidente quien designa a los miembros de la UIF y todavía no nombró a ninguno. Nadie tiene un derecho adquirido".

Más allá del número de integrantes o de cuáles puedan ser los candidatos perjudicados por el achicamiento -algo que ya despertó una fuerte puja-, en los grandes bancos la preocupación pasa por otro lado.

"Para que la UIF realmente sea útil, debe ser eficiente y pequeña. Además, hay organismos que necesariamente deben estar representados, como el BCRA, que será una garantía de que la UIF actuará en forma técnica. Pero el Estado también debe garantizar que la información que allí se mueve sea confidencial y que no se va a hacer un show mediático", insisten en los bancos.

Pero el viernes surgió una nueva duda sobre el futuro de la UIF, aun en su versión reducida: el plan económico anunciado por el Gobierno en la noche del jueves prevé que los particulares y las empresas puedan blanquear capitales que tienen en el extranjero o que están ocultos en el país para aplicarlos a capitalizar empresas o comprar títulos públicos.

Alfredo Castañón, secretario legal y técnico de Economía, afirmó: "La creación de la UIF sigue en marcha, incluso en Economía. La propuesta es repatriar capitales que fueron sacados por inversores que no se sentían seguros con las condiciones de nuestra economía, no capitales de la droga".

Además, hay otro incentivo. El GAFI acaba de decidir que en junio próximo evaluará a los países que no cooperan contra el lavado de capitales.

Adrián Ventura

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