El Gobierno había sido advertido un año antes, pero lo negó

Berhongaray: el legislador denunció el contrabando mientras se efectuaban los embarques; los ministros dijeron que no era cierto.

10 de Septiembre de 1998

En marzo de 1994, un año antes de estallar el caso del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, el Gobierno fue advertido con suma precisión de que se estaban embarcando clandestinamente vía marítima hacia Croacia munición y cañones de 155 milímetros de Fabricaciones Militares (FM) y del Ejército, pero Oscar Camilión, entonces titular de la cartera de Defensa, y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores negaron los hechos.

El caso estalló en febrero de 1995, al descubrirse que desde Ezeiza partían vuelos a Ecuador con fusiles FAL, como La Nación adelantó entonces en forma exclusiva.

Sin embargo, el 1º y el 2 de marzo de 1994, el entonces diputado y actual senador radical Antonio Berhongaray presentó dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo, que no fueron respondidos, donde explicó las maniobras en marcha con detalles que en los últimos meses confirmó la investigación del juez federal Jorge Urso y del fiscal Carlos Stornelli.

Pese a las numerosas presentaciones de Berhongaray, al eco que encontraron en la prensa y a las negativas que formulaban en declaraciones periodísticas los funcionarios del Gobierno, los embarques clandestinos continuaron, pues hubo por lo menos cinco más.

En la actualidad, el Gobierno asegura que ignoraba esas maniobras, que se realizaron al amparo de tres decretos secretos firmados por el Presidente y los ministros de Economía, de Defensa y de Relaciones Exteriores entre 1991 y 1995.

El 3 de marzo de 1994, La Nación informó en la página 10 sobre los dos primeros pedidos de Berhongaray, quien integraba la Comisión de Defensa de Diputados y hoy es vicepresidente de la del Senado.

No obstante, nueve días después zarpó de Buenos Aires el buque Ledenice con 112 contenedores de armas y municiones para Croacia, aunque en la documentación figuraba Panamá como destino.

Un año más tarde, el 2 de febrero de 1995, hubo otro envío clandestino por medio del buque Rijeka Express, y entre el 17 y el 22 de ese mes se concretaron tres embarques aéreos hacia Ecuador.

Tercer pedido

El 5 de julio de 1994, Berhongaray efectuó un tercer pedido de informes donde preguntó "si se realizó una exportación de cañones de 155 milímetros producidos por la planta de FM de Río Tercero, Córdoba, algunos de ellos extraídos de unidades del Ejército Argentino, cuyo real destino es la ex Yugoslavia".

"Aunque nunca contestaron los pedidos de informes -explica el senador pampeano a La Nación -, y Camilión y Di Tella negaban los envíos ilegales, no me caben dudas de que había muchos que estaban al tanto de todo. ¿Cómo podían ignorar lo que ocurría si para un embarque de 1994 se emplearon 200 camiones? Había de por medio doscientos camioneros, más los estibadores del puerto, más los funcionarios de Aduana, más los servicios de inteligencia. No admito que hoy digan que no sabían nada sobre un movimiento que equivalía a una manada de elefantes en la Plaza de Mayo."

Entre 1991 y 1995 hubo por los menos siete embarques marítimos.

El primer pedido de Berhongaray también fue firmado por los diputados radicales Carlos Armando Becerra y Jorge Gabriel Dumon. En el del 5 de julio de 1994 lo acompañaron siete diputados.

"Sí -admite-, tuve muy buenos informantes, algunos de FM."

El senador aportó al juzgado de Urso las carpetas con los datos recogidos en más de cuatro años.

Negativas

Pese a que funcionarios y ex funcionarios aseguran que el contrabando los tomó por sorpresa, tuvieron un año para investigar qué ocurría en el puerto de Buenos Aires, a pocas cuadras de sus despachos.

El 4 de marzo de marzo de 1994, Camilión negó a La Prensa los embarques a Croacia, y el 9 de ese mes, el vicecanciller Fernando Petrella efectuó una desmentida similar a La Nación y recordó algo que sí era verdad: la existencia de un embargo internacional de las Naciones Unidas impedía vender armas a la ex Yugoslavia. El embargo fue violado por nuestro país mientras efectivos del Ejército integraban el cuerpo de paz de las Naciones Unidas en Croacia.

En realidad, las inquietudes del legislador radical impidieron que en 1994 se firmara un inminente decreto presidencial donde figuraba Liberia como destino del armamento que se despachaba a Croacia. Sobre Liberia, una nación africana, también pesaba un embargo internacional.

De todos modos, el 24 de enero de 1995, Carlos Menem firmó el último decreto polémico, el 103, con ventas a Venezuela que fueron a Croacia y a Ecuador.

Hubo otro decreto presidencial, destinado supuestamente a Bolivia, que no llegó a ejecutarse.

La explosión de Río Tercero

Vasco al fin, Berhongaray persistió: "Cuando estalló la planta de FM en Río Tercero (el 3 de noviembre de 1995, con once muertos) y cuando se estrelló en Palermo el helicóptero que trasladaba al interventor en FM general Juan Carlos Andreoli (el 8 de octubre de 1996) presenté pedidos de informes sobre eventuales vinculaciones de esos hechos con el tráfico ilegal de armas."

Hoy, la Justicia investiga si ambos siniestros fueron accidentales u obedecieron a atentados.

En la planta de Río Tercero, que dependía de Defensa pero era manejada por militares en actividad, se les borraba el escudo a los cañones del Ejército y se los embalaba en contenedores para despacharlos al puerto.

También hubo envíos que partieron de unidades del Ejército hacia el puerto sin pasar antes por FM.

En el pedido del 5 de julio de 1994, Berhongaray sostuvo que, pese a las desmentidas de Camilión, "el diario La Prensa estableció que uno de los embarques pasó por el puerto de Campana, se almacenó allí y fue presurosamente trasladado a FM de Pilar. No obstante, trascendidos oficiales afirman que la exportación a Croacia se habría realizado hace aproximadamente dos meses, con destino aparente a Panamá, Estado que carece de ejército y en el que no se registra conflicto militar alguno."

Sumario

La Cancillería inició ayer un sumario interno para investigar cómo salió del ministerio el cable confidencial que daba cuenta de la advertencia formulada por funcionarios de inteligencia peruana sobre un posible envío de armas argentinas al Ecuador. El cable del embajador argentino en Perú no estaba incorporado a la causa judicial, pero Camilión le avisó a Urso de su existencia y Clarin lo publicó. El inicio de un sumario -decían ayer en la Cancillería- es un trámite de rutina cada vez que un cable confidencial deja de serlo.

Jorge Urien Berri

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