El Gobierno intentó minimizar el impacto

El Gobierno se alineó ayer con Hugo Moyano y decidió restarle importancia al fallo de la Corte Suprema que estableció la libertad sindical, decisión que constituyó un duro revés para la CGT, aliada estratégica de la Casa Rosada.

La decisión del máximo tribunal causó "sorpresa" en los despachos gubernamentales, según reconstruyó LA NACION con altas fuentes oficiales, que se mostraron atónitas con la medida. La reacción del oficialismo llegó cinco horas después de conocerse el fallo.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fijó la línea oficial al señalar, como la CGT, que la decisión de la Corte se circunscribe al ámbito estatal. "Claramente es para el sector público, que tiene sus propias reglas laborales. Es un caso muy particular", destacó el funcionario en declaraciones al canal C5N .

El mismo argumento usó el diputado Héctor Recalde, abogado de la CGT, al advertir que aún se debe esperar lo que resuelva la Corte para la actividad privada.

El Gobierno minimizó la decisión judicial. "No es novedosa", señaló una alta fuente. La interpretación jurídica que hizo la Casa Rosada es que la resolución de la Corte no tiene implicancia en el sector privado, con lo cual avaló la tesis de la CGT. "El fallo está referido a dos organizaciones gremiales con personería del sector público, que tiene reglas particulares en el tema sindical. No es prudente una extrapolación automática al sector privado", destacó el ministro de Trabajo.

Y añadió: "El tema que da origen al conflicto es particular y nosotros nos hicimos cargo en 2003 al dictar la resolución 255, que resuelve la idea de las restricciones que tenían las representaciones sindicales en un mismo ámbito. Para cuando hay más de un sindicato en organismos del Estado, resolvimos que todos tenían derecho a actuar, a elegir a sus delegados y a negociar colectivamente su salario. Lo que dice el fallo es exactamente eso".

Niegan una reforma

Además, el ministro descartó que la decisión judicial fuera un "mazazo" para Moyano. "No", contestó ante la pregunta. "Acá está clarísimo que es una disputa entre trabajadores y del Estado. Esto [por el fallo] es para un caso muy particular", amplió.

En los despachos oficiales descartaron anoche ante LA NACION que el Gobierno fuera a enviar al Congreso un proyecto para reformar la ley de régimen de asociaciones sindicales, en virtud de que el fallo de la Corte estableció la inconstitucional de uno de los artículos de esa norma.

De esa manera, el Gobierno apelará a la judicialización del caso. "Quien lo quiera hacer tiene que presentarse en la Justicia y hacer el mismo camino", destacó el ministro Tomada.