El Gobierno intima a los grupos de medios para que desinviertan

Afirma que apuntará a todas las empresas y que convocará a Clarín a negociar la cesión de señales
Mariano Obarrio
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24 de mayo de 2012  

En las últimas semanas, el gobierno de Cristina Kirchner intimó a algunos grupos de medios de comunicación a que se ajusten al límite de licencias de televisión, radio y cable que permite la ley de medios de 2009. Con otros grupos conversa sobre propuestas que presentaron ellos mismos. Además, decidió convocar al Grupo Clarín para que acelere su adecuación a esa norma .

Así se resolvió en Olivos luego de que la Corte Suprema le puso anteayer a Clarín un plazo hasta el 7 de diciembre próximo para que se desprenda de las señales y frecuencias necesarias si los jueces no le conceden antes su reclamo de inconstitucionalidad de la ley.

"Puede ser que Clarín quiera conversar. O que se cumplan los plazos que dispuso la Corte", confió a LA NACION una fuente cercana a la Presidenta. La invitación será formulada por Santiago Aragón, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

"Si Clarín no quiere sentarse a charlar los términos de la adecuación a la ley, se los notificará de que tienen que presentar una propuesta de adecuación", agregó el funcionario.

En rigor, la Afsca comenzó a negociar con varios grupos de medios sobre propuestas que éstos presentaron para desinvertir en señales audiovisuales, plan al que los obligó la ley de medios. "Estamos trabajando con esos grupos. A los que no las hicieron los hemos intimado para que las presenten", agregó.

¿Cuáles son unos y otros? En la Casa de Gobierno señalaron que esa información es reservada por la naturaleza de la negociación.

En esa situación, además de Clarín y otros medios, están los grupos Telefónica, Pierri, Prisa, Vila-Manzano, Moneta-Garfunkel, Cadena Tres y Cristóbal López. Todos ellos -muchos son afines al Gobierno- tienen más señales que las permitidas o vulneran alguna restricción de la ley de medios y deberían ajustarse a ella.

La Corte Suprema acortó anteayer a diciembre el plazo de la medida cautelar que permitía a Clarín no desprenderse de sus medios mientras se tramita en la Justicia su reclamo por inconstitucionalidad de la ley.

El gerente de Relaciones Externas de Clarín, Martín Etchevers, señaló ayer que el fallo de la Corte "hizo un llamamiento a que el juicio de fondo se defina, y eso es lo que le interesa al Grupo Clarín: que se avance lo antes posible en el planteo de inconstitucionalidad de esos artículos de la ley".

La Afsca se propone negociar con Clarín bajo dos informes: uno sobre la cantidad de licencias operativas y otro sobre la cantidad de abonados, que superan el tope permitido de 35% de la población del país.

Una especulación en el mercado indica que los grupos que deben desinvertir buscarían transferir sus medios a empresas vinculadas. En el Gobierno aseguran que la ley dispuso controles cruzados para evitarlo, aunque no descartan que ocurra y admiten las dificultades que habrá para encontrar compradores genuinos. Eso puede llevar a que éstos busquen financiamiento de la publicidad oficial para asegurar la rentabilidad. Y el Gobierno no pasa por su mejor momento económico para solventarlos.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) le reclamó ayer al Gobierno "garantizar la plena independencia del Poder Judicial" y condenó el "hostigamiento" hacia medios de comunicación "que se propone destruir". Todo eso, dijo, representa "un grave deterioro de la libertad de expresión y el Estado de Derecho en la Argentina".

Otra falencia se detectó en la ley. Tras asignar frecuencias a municipios y universidades, las licitaciones y concursos para el sector privado y la sociedad civil, especialmente en señales de TV digital, fueron un fracaso, según admiten en Balcarce 50.

La ley fragmenta el espectro en tercios: sector privado, sector público y sociedad civil. Esto colapsó. "Los concursos se prorrogaron tres veces y no sabemos si se volverán a prorrogar o si se modificarán los pliegos", dijeron en el Gobierno.

Además de peleas internas sobre el rumbo a seguir, los pliegos imponían costos siderales en inversión y producción propia y ello se sumaba a la competencia publicitaria con la TV por cable. "No conviene el negocio a menos que tengas atada la pauta publicitaria nacional -dijo un funcionario-. Todo eso está parado."

Vila negó que el Gobierno lo beneficie

El empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno, celebró el fallo de la Corte, que aceleró el proceso para que el Grupo Clarín se desprenda de varios medios, y negó que sus empresas hayan sido beneficiadas por el Gobierno, a través de la publicidad oficial. "El poder que capitalizó Clarín en estos años fue excesivo", dijo Vila, en una entrevista con el periodista Jorge Lanata, por Radio Mitre, y señaló que su grupo recibe menos del 4 % de la facturación total de la publicidad oficial. Agregó que "la ley debe aplicarse a todo el mundo", al sostener que su grupo está "adecuándose voluntariamente a la cláusula de desinversión".

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