El Gobierno legalizaría la revelación de datos fiscales de sus críticos

La atribución está contemplada en el Plan Antievasión III; busca legitimar presiones como las sufridas por Eliseo Subiela y un agente inmobiliario
Hugo Alconada Mon
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2 de diciembre de 2012  

El Gobierno prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) levantar el secreto fiscal y utilizarlo en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo Nacional, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

La reforma tributaria, que lleva más de dos años de redacción y debate dentro del Gobierno, legitimará en la práctica que los funcionarios –incluida la presidenta Cristina Kirchner– puedan exponer incluso por cadena nacional los detalles de la situación tributaria de la persona o empresa que se queje ante la prensa, algo que ya ocurrió durante los últimos meses con el cineasta Eliseo Subiela y con uno de los socios de una conocida inmobiliaria.

El proyecto que circula por la AFIP, el Ministerio de Economía y algunos despachos de la Casa Rosada también habilita otra opción para levantar el secreto fiscal.

Será cuando algún área del Ejecutivo desarrolle un programa de "subsidios o beneficios" y necesite o quiera hurgar en los ingresos y gastos declarados por el contribuyente.

El llamado Plan Antievasión III es impulsado por un equipo de colaboradores del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, que comenzó a darle forma hace un par de años, pero al que pronto se sumaron propuestas desde la Secretaría de Hacienda y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El objetivo es actualizar el sistema tributario y mejorar sus alcances, por ejemplo, sobre los paraísos fiscales y los fideicomisos.

De aprobarlo el Congreso, el proyecto reemplazaría al Plan Antievasión II, que rige desde mediados de 2005. Pero arrastra fuertes resistencias dentro y fuera del Gobierno, según reveló el diario Tiempo Argentino el 12 de noviembre. En particular, por el deseo de extender el impuesto a las ganancias a la renta financiera.

De salir tal como aparece redactado el proyecto, sin embargo, el nuevo encuadre del "secreto fiscal", hoy regulado por los artículos 101 y 102 de la ley 11.683, podría resultar aún más polémico y ya cosechó objeciones dentro del Palacio de Hacienda.

LA NACION procuró consultar ayer a voceros de la AFIP, pero no respondieron las llamadas, en tanto que desde el Ministerio de Economía indicaron que "no tenían nada aún" para comunicar oficialmente y dieron a entender que era una iniciativa del organismo tributario.

Según consta en la copia del articulado que obtuvo LA NACION, el plan establece que el secreto fiscal "no regirá" en dos nuevas situaciones, que se sumarían a las cuatro ya existentes, que fijan excepciones acotadísimas sobre lo que define como "el más absoluto secreto".

La primera de las nuevas excepciones sería cuando "un contribuyente, responsable o titular de los datos cuestione públicamente –por cualquier medio de difusión– acciones de control o actos administrativos del organismo"; la segunda, "cuando ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional tengan que ejecutar o implementar programas de subsidios o beneficios".

"La idea de fondo es poder darle más margen de acción a la AFIP cuando otro organismo público pide información", argumentó un alto funcionario al tanto de las deliberaciones ante la consulta específica.

Antecedentes polémicos

En julio pasado, la Presidenta expuso, durante una cadena nacional, que uno de los socios de la inmobiliaria Jorge Toselli, Rodrigo Saldaña, no había presentado una "declaración jurada de Ganancias ni de ningún tipo desde 2007". Lo hizo, apenas 24 horas después de que Saldaña se quejara en el diario Clarín sobre el impacto del cepo al dólar en la compraventa de propiedades.

Al día siguiente del discurso de la Presidenta, además, la AFIP inhabilitó a la firma Toselli, lo que generó una dura queja de la Cámara Inmobiliaria Argentina y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que calificó de "escrache".

El comentario presidencial, sin embargo, sí está amparado por la ley 11.683. Su artículo 101 fija que el secreto no alcanza a "los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas". A tal punto, explicó una fuente de la AFIP, que "aun si se considera que la Presidenta cometió una falta ética, la AFIP podría publicar una lista todos los meses de quienes no presentan su declaración".

Más complicado es el caso de Ricardo Echegaray. Apenas horas después de que el cineasta Eliseo Subiela se quejara porque no pudo comprar dólares para viajar a un festival en Lima, a fines de agosto, el titular de la AFIP afirmó que el director de cine figuraba inscripto como astrólogo o lustrabotas. Detalló también sus ingresos y consumos declarados y su vinculación con dos sociedades, una de las cuales categorizó como "fantasma", además de afirmar que su situación fiscal no era "regular ni transparente".

Poco después, dos empleados de la AFIP se presentaron en la escuela de cine de Subiela con una lista de requerimientos y se radicó una denuncia penal en su contra por presunta evasión fiscal. Pero dos meses después, en octubre, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart desestimó esa denuncia tras concluir que no había delito alguno.

Ahora, según indicó "una alta fuente oficial" a Tiempo Argentino a mediados de noviembre, "el proyecto está listo y en las últimas semanas comenzó a moverse" para su envío al Congreso.

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