El Gobierno manifestó su preocupación por el poder casi total que la justicia de Venezuela le dio a Nicolás Maduro

El Gobierno argentino manifestó su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular. La decisión le otorga un poder casi total al presidente Nicolás Maduro.

"La Argentina reivindica la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas", manifestó la Cancillería en un comunicado.

"Reafirmando lo manifestado en la Declaración del 23 de marzo que Argentina suscribiera junto a otros estados de la región, reitera que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta el hermano pueblo venezolano e insta a su Gobierno a retomar dicho diálogo con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", agrega.

"El Gobierno argentino reitera su disposición a colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en el camino al restablecimiento de la paz social en ese país, en el marco del pleno respeto a las instituciones democráticas".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano culminó ayer 15 meses de asedio contra el Parlamento con una sentencia que abre, de par en par, las puertas de la cárcel a todos los diputados opositores. El golpe jurídico les quitó la inmunidad a los parlamentarios y permite al gobierno de Nicolás Maduro avanzar con su enjuiciamiento penal como castigo por su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que se discutía anoche en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

Como si no fuera suficiente el impacto del veredicto, el alto tribunal instó a Maduro a tomar las decisiones civiles, políticas, económicas y militares que considere necesarias "para evitar un estado de conmoción" en el país.

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